Salarios mínimos
Magdalena Galindo
Nuevamente, como parte de la ofensiva de la burguesía contra los trabajadores, se ha fijado un aumento al salario mínimo que ahonda la situación de pobreza y desesperación en que vive la mayoría de los mexicanos. Con cinismo, pues no puede calificarse de otro modo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, formada por representantes del gobierno, de los patrones y del charrismo sindical, estableció que para 2014, el salario mínimo tendrá un aumento de 3.9 por ciento, lo que significa que en la zona A, que incluye al Distrito Federal y su zona conurbada, el aumento fue de 2.53 pesos, por lo que recibirán 67 pesos con 29 centavos y en la zona B, el aumento fue de 2.39 pesos y percibirán 63.77 pesos.
Según el INEGI, en el país hay 6 millones 728 mil 516 trabajadores que reciben un salario mínimo y 11 millones 884 mil 814 que cobran entre uno y dos salarios mínimos y otros 10 millones 63 mil 738 que se sitúan entre más de dos salarios mínimos hasta 3 salarios mínimos.
El ínfimo aumento de alrededor de 2 pesos y medio afecta pues de manera directa a casi siete millones de trabajadores, que tendrán que arreglárselas otro año con 2 mil 18 pesos mensuales o con mil 913, dependiendo de la zona donde vivan. Ese ingreso significa que los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos los condenan a padecer hambre durante el año que está por comenzar, pues hay gastos que no pueden evitarse, como son los de vivienda, de transporte, de ropa y calzado, aunque sean escasos, de modo que inevitablemente lo que resulta cada vez más castigado es el gasto en alimentación.
Pero además la fijación del aumento del 3.9 por ciento no sólo afecta a quienes perciben el salario mínimo, sino a todos los trabajadores del país, pues desde hace décadas, las negociaciones contractuales se rigen por el aumento otorgado al mínimo, y sólo en casos excepcionales, se logra un aumento salarial que sobrepase al establecido cada año para el mínimo. De modo que la decisión de la Comisión significa que continúa la política de topes salariales que consiste en que los aumentos salariales se coloquen siempre por debajo de la inflación (aunque se diga lo contrario), de modo que cada año, los empresarios reducen sus costos salariales y aumentan su margen de ganancia en perjuicio de los trabajadores.
Baste mencionar que la Comisión Económica para América Latina, que no es ninguna organización izquierdista, sino una dependencia de la ONU, califico a la política salarial de México como un caso aparte porque incluso en los momentos de crisis ha mantenido una política restrictiva y porque el salario mínimo es uno de los más bajos de América Latina: la mitad del que se paga en Uruguay, menos de la mitad del chileno y sólo una tercera parte del que se paga en Argentina.
El resultado de esa política, la de los topes salariales, decidida por los sucesivos gobiernos y los patrones, a los que se suman los representantes del charrismo sindical, es que desde 1977 hasta hoy -y el año próximo- los salarios reales en el país han disminuido todos los años, es decir, que independientemente de que aumenten nominalmente, lo que el trabajador puede comprar con su salario es cada vez menos. La caída es impresionante. De 1976, último año del sexenio de Luis Echeverría hasta 2013, según informaciones recientes de la Secretaría del Trabajo, el salario mínimo ha perdido un 72.8 por ciento de su poder adquisitivo, o sea que hoy apenas puede comprar una cuarte parte de lo que compraba hace 36 años, por lo cual no es exagerado afirmar, como decíamos antes, que esos seis millones 700 mil trabajadores carecen de alimentos básicos. En realidad, lo que ha habido con la política de topes salariales es una cruzada para el hambre de casi siete millones de trabajadores. Y si se recuerda que otros 21 millones se colocan muy cerca de esa situación, pues apenas llegan en el mejor de los casos a tres salarios mínimos, puede concluirse que los empresarios han protagonizado una guerra exitosa en contra de los trabajadores del país.