Hacia un modelo de comunicación ciudadano/III-V
Javier Esteinou Madrid
Después de 70 años de gobiernos autoritarios, clientelistas, plutocráticos, aciudanos abusivos y antidemocráticos que experimentó la sociedad mexicana con la presencia del PRI durante las últimas décadas del siglo XX en México, este modelo unilateral de gobernabilidad llegó a su agotamiento político en el año 2000 y fue substituido a lo largo de 12 años por la alternancia del PAN. En su gestión nacional el nuevo régimen panista prometió demagógicamente durante dos sexenios de su administración que el país evolucionaría hacia la transición pacífica a la democracia y que establecería un cambio radical en la dinámica de gobernabilidad en todos los órdenes sociales para producir mayor justicia, igualdad, seguridad y oportunidades para toda la población del país.
Para ello, el PAN realizó, primero, a lo largo de la presidencia del mandatario Vicente Fox Quezada, y segundo, del presidente Felipe Calderón Hinojosa, diversas iniciativas de cambio para introducir las nuevas bases de la dirección participativa de los ciudadanos que cambiarían el destino de la república. Así, en el terreno de la comunicación colectiva la Secretaría de Gobernación inauguró el 5 de marzo de 2001 la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos, cuyo objetivo, según el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, fue lograr en el ámbito de un absoluto respeto a las libertades —y particularmente a la libertad de expresión— una relación sana, transparente y responsable entre el gobierno, los medios y la sociedad, para que a través de esta vinculación democrática se pudiera garantizar la certidumbre y la seguridad jurídica a gobernantes y gobernados.
Para elaborar el nuevo marco normativo avanzado sobre la radiodifusión, además de considerar los fundamentos constitucionales básicos y los acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano en materia de comunicación, se retomaron los análisis y las demandas, que desde 1970 se habían formulado por múltiples sectores de la sociedad civil mexicana con el fin de transformar el sistema de comunicación de la república y que sistemáticamente fueron desconocidas o postergadas durante 5 décadas por el Estado: La sociedad silenciada, ahora debía hablar y participar para innovar el modelo colectivo de comunicación del país.
Sin embargo, paradójicamente después de haber trabajado durante más de 18 meses los tres sectores sociales fundamentales para rediseñar el patrón de comunicación nacional (Estado, concesionarios y sociedad civil) en la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de los Medios de Comunicación Electrónicos, y pese al avance de los importantes consensos que se habían alcanzado entre todos los grupos participantes; en plena fase del proceso de trabajo y de discusión de las propuestas plurales para la transformación de la radiodifusión nacional, debido a las presiones ejercidas por el poder mediático y a la debilidad gubernamental del Poder Ejecutivo que prefirió contar con el apoyo de los radiodifusores para gobernar seis años más, decidió abortar tal dinámica plural de reorientación del sistema de comunicación nacional.
Así, el 10 de octubre de 2002, en la comida anual de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, el presidente Vicente Fox renunció tajantemente a su promesa fundamental de cambio democrático y anunció autoritariamente la expedición de un nuevo Acuerdo Presidencial sobre el Manejo del 12.5 % de los Tiempos de Estado y un Nuevo Reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión. Dicha propuesta jurídica derogó drásticamente la anterior iniciativa plural de reforma integral de los medios electrónicos y reformó unilateralmente el marco jurídico de la radiodifusión nacional beneficiando privilegiadamente la expansión de los intereses monopólicos y oligopólicos de la comunicación electrónica en México. Con ello, se cancelaron los derechos comunicativos elementales de los ciudadanos que habían sido demandados durante muchas décadas en México.
Esta situación regresiva, ocasionó, entre otras, las siguientes 6 repercusiones para la transición pacífica a la democracia en México:
1.- Se regresó al viejo esquema de negociación bilateral viciado entre gobierno y concesionarios para resolver la agenda de los problemas de la comunicación nacional y se desconocieron los acuerdos trilaterales aceptados, ética y moralmente, entre el Poder Ejecutivo, sociedad y los propietarios de los medios, que el gobierno del presidente Fox junto con otros actores sociales se comprometieron a impulsar y a respetar trilateralmente desde principios de su gestión.
2.- Se reglamentó de forma obscura, excluyente, autoritaria, discrecional, vertical, unilateral, hermética, amañada y mentirosa una parte medular de la libertad de expresión y del derecho a la información que son garantías ciudadanas elementales, para construir una sociedad moderna, avanzada y civilizada de México en el siglo XXI.
3.- Se desconocieron las decenas de propuestas específicas que profesionalmente la academia, la sociedad civil, los partidos y varias secretarías de Estado, propusieron durante más de un año y medio de trabajo, reflexión y discusión en las siete mesas de diálogo para la reforma integral de los medios electrónicos. Con ello, se canceló todo el esfuerzo y los acuerdos políticos que por consenso ya se habían alcanzado entre los participantes y se despreciaron las vías del diálogo entre los diversos actores sociales para reformar al Estado, premiándose al viejo autoritarismo comunicativo del siglo XX.
4.- El gobierno de la “transición pacífica a la democracia” reveló que no tuvo calidad ética y moral para sostener sus compromisos públicos con la sociedad, y valor y virilidad para defender los derechos comunicativos elementales de la ciudadanía ante los voraces intereses de mercado de los grandes concesionarios de los medios electrónicos. El gobierno se burló y humilló a la sociedad que buscó medios de información para comunicarse y evitar las rupturas de la institucionalidad nacional.
5.- Finalmente, con todo ello se demostró, una vez más, que no existió voluntad política de cambio en la cúpula del poder en esta materia, pues se regresó al antiguo esquema de comunicación excluyente, en el que la sociedad no quedó representada para crear otro modelo de comunicación colectivo que nos permitiera sobrevivir; y se continuó privilegiando el modelo de comunicación de mercado, generador de la bárbara mentalidad salvaje, con su correspondiente triunfo de la cultura idiota en el país.
6.- El derecho de réplica que fue demandado reiteradamente por muchos años por diversos sectores de la sociedad se reglamentó en base a los intereses de los concesionarios monopólicos de la radiodifusión para que no fuera un obstáculo en su estructura programática y no a partir de las necesidades básicas de los ciudadanos. En ese sentido, la sociedad continuó quedando huérfana de esta garantía básica que conforman los derechos humanos contemporáneos.
A través de este proceso el Poder Ejecutivo (Secretaría de Gobernación) y el Poder Legislativo fueron substituidos por la acción de Cámara de la Industria de Radio y Televisión para elaborar dichos marcos normativos y reformar al Estado mexicano en materia comunicativa favoreciendo a los tradicionales monopolios informativos y marginando a la sociedad civil que esperó con buena fe y paciencia civilizada durante más de 4 décadas esa oportunidad histórica para modificar democráticamente la estructura de comunicación electrónica de la República.
jesteinou@gmail.com