Cultura y comunicación 20 años después del TLCAN/IV-X
Javier Esteinou Madrid
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aplicó durante los últimos 20 años en el país sin analizar por el Estado las consecuencias culturales que produjo sobre la estructura cultural y comunicativa de la sociedad mexicana.
Es por ello, que ante la reciente renovación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá por muchos años más y la firma de nuevos tratados comerciales con otras naciones del mundo, ahora es indispensable examinar las consecuencias mentales y afectivas que produjo sobre la población de la República. Entre las principales repercusiones que generó, figura entre otras, la siguiente:
10.- La desregulación y autorregulación creciente de las comunicaciones
Al convertirse los procesos de comunicación en elementos estratégicos para la realización y reproducción del sistema económico, con la aplicación del TLCAN el gobierno y los concesionarios de los medios de información plantearon insistentemente que en un mundo sistémico, sin fronteras, competitivo y globalizado, para que la dinámica del mercado se pudiera realizar se requería libertad de información. Por ello, no deberían ponerse más regulaciones que las necesarias a la libertad de expresión en México, so pena de caer en burocratismos extremos o lo que es peor, en la inoperancia de la ley. La sobre reglamentación se opone al avance económico.
En consecuencia, se formuló que lo que se debía fomentar en las sociedades modernas crecientemente competitivas era el libre flujo de la información y no su restricción. Por lo tanto, el funcionamiento de los procesos de comunicación no debían reglamentarse con normatividades rígidas, sino sólo tendrían que crearse mecanismos muy flexibles que permitirían la autorregulación de los medios de difusión, como son los “códigos de ética”, los “tribunales de honor” y los “reglamentos de buen comportamiento profesional”, la “Autocensura”, etc., y evitar la existencia de complicadas ordenamientos que inhibieran la inversión.
Con la propuesta de la desregulación del funcionamiento de los medios de información en México y su substitución por los procesos de “autorregulación absoluta” por parte del gobierno y de los propietarios de los medios, progresivamente se cayó en la concepción liberal extrema de introducir la fórmula del Estado cero en el terreno cultural y comunicativo para crear mayor “eficiencia” y “competencia”.
Esta concepción planteó que la acción del Estado, cada vez, es menos necesaria como instancia rectora para dirigir a la sociedad, ya que la dinámica del mercado es tan perfecta que se puede auto conducir a si misma por las leyes de la mano invisible de las lógicas del mercado. Así, se justificó que en materia informativa el Estado debe reducirse a su mínima expresión, es decir, a su “fórmula cero”, para dejar que la sociedad, especialmente los procesos culturales y comunicativos, fueran conducidos por otros mecanismos “naturales” de autorregulación del poder y no por intervenciones jurídicas regulatorias del poder republicano central.
Es por ello que la autorregulación de los medios de comunicación vía los códigos de ética y otros recursos morales o voluntaristas, son mecanismos colegiados muy útiles que pueden ayudar a garantizar complementariamente el funcionamiento de los medios masivos de difusión y de las iniciativas culturales, pero nunca deben operar como elementos únicos o independientes para normar y conducir socialmente dicha acción colectiva estratégica. Una tarea tan central para construir una sociedad democrática, equilibrada y participativa no puede quedar expuesta a los altibajos subjetivos, caprichosos o discrecionales de los intereses políticos del poder o sujeta a la dinámica voraz de la “mano invisible del mercado”; sino que debe ser reglamentada con toda exactitud por el interés colectivo y la concepción del servicio público, como cualquier otro derecho social básico, para garantizar su existencia y sana aplicación jurídica.
De lo contrario, siguiendo el razonamiento de la lógica autónoma del mercado por sobre el orden social regulado colectivamente en base a un orden civilizatorio, también podemos demandar que no existan reglamentos para organizar a los cuerpos de policía, pues las comunidades pueden auto regular espontáneamente sus delitos. No se requieren leyes para normar el servicio de recolección de basura, porque la sociedad por sí misma puede autorregular como tirar sus desperdicios orgánicos.
No se requiere una legislación de comportamiento bancario, pues los banqueros se pueden auto regular a sí mismos en beneficio de la sociedad. No son necesarios los semáforos en los cruces viales de las ciudades, pues todos los conductores pueden respetar con cortesía el paso de los otros conductores. No es indispensable una legislación sobre la educación básica, pues cada ciudadano puede asegurar por si mismo su formación educativa. No es necesario un reglamento fiscal, pues todos los ciudadanos pueden auto regular voluntariamente el pago de sus impuestos. No es necesario un protocolo urbano de recolección de la basura, pues todos los habitantes depositaran civilizadamente sus desechos en la modalidad y días indicados, etc. En suma, el Estado sale sobrando como órgano rector de regulación colectiva, pues la sociedad se puede auto regular espontáneamente a sí misma en todos los órdenes de la vida.
Es necesario recordar históricamente que todos los códigos de ética, los tribunales de honor, los reglamentos de buen comportamiento profesional que han existido en el Estado y las agrupaciones de los informadores en México han sido recursos éticos o morales totalmente insuficientes para abrir los archivos políticos y militares sobre la mascare estudiantil de 1968 y 1971; los archivos de los sacadólares que generaron una fuertísima devaluación del peso en el sexenio de López Portillo; los motivos por los cuales se cayó el sistema electrónico de cómputo en las elecciones presidenciales del sexenio del presidente Salinas de Gortari en 1988; los sectores beneficiados ilegítimamente con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo; los archivos especiales del Pemexgate y de los Amigos de Fox vinculados con apoyos irregulares en las elecciones presidenciales del año 2000; el evitar la difusión de publicidad mentirosa, especialmente, a través de los infocomerciales; el impedir la manipulación de la información en las industrias culturales electrónicas, particularmente en las fases electorales; la supresión de series televisivas, cada vez más, violentas y sangrientas para obtener un rating crecientemente más exitoso en la fase intensiva de apertura y competencia de mercados globales.
Debemos considerar que la ética no puede sustituir o suprimir al derecho, sino sólo enriquecerlo y complementarlo.