Sistema público de radiodifusión del Estado mexicano/5-12
Javier Esteinou Madrid
El proceso de cimentación de la sociedad mexicana como proyecto de desarrollo histórico, no sólo demanda la existencia de un sistema económico que distribuya la riqueza nacional, un marco jurídico que establezca el orden del derecho formal, un conjunto de fuerzas armadas que respalden la legitimidad del Estado, instituciones que permitan la implantación de la gobernabilidad cotidiana, un sistema de policía que garantice la seguridad ciudadana, un lenguaje o código común que permita el entendimiento comunitario, una memoria histórica compartida colectivamente que posibilite la creación del “nosotros nacional”, una identidad nacional que cree arraigo al modelo de sociedad, etc; sino también exige la presencia activa de medios de comunicación de servicio público que creen las subjetividades, mentalidades y afectividades que permitan la sobrevivencia de la sociedad.
Por ello, es necesario considerar que el beneficio social que aportan los verdaderos medios de servicio público para la comunidad nacional puede ser tan significativo que de lo contrario el Estado tendría que gastar sumas mayores, vía otros organismos gubernamentales, para obtener la rentabilidad social que estos generan.
Ante ello, debemos preguntarnos, por ejemplo, cuánta inversión pública representa alcanzar la formación de una conciencia ciudadana para respaldar la democracia. ¿Cuánto cuesta cubrir con política pública la demanda ciudadana del derecho de libertad de expresión y derecho a la información? ¿Cuándo debería gastar el erario del Estado para construir una cultura de la sobrevivencia social, sin el apoyo de los canales de servicio público?
¿Cuánto gana la sociedad mexicana al tener instrumentos de difusión para que las organizaciones civiles se puedan comunicar pacífica y no violentamente en las calles, evitando que estalle la ingobernabilidad? ¿Cuánto saltos de avance puede dar la sociedad mexicana si los medios públicos fortalecen los mínimos civilizatorios para convivir armónicamente en el territorio nacional, con futuro para todos?.
Así como ha sido una razón de Estado financiar la existencia y operación del Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Comisión de Enfrentamiento de los Desastres Naturales, el Programa Nacional Alimentario, por las aportaciones sustantivas que proporcionan para la construcción de la democracia, los procesos civilizatorios básicos de convivencia colectiva, la sobrevivencia de la población y la estabilidad social en México; así también es una razón de Estado financiar ampliamente los medios de comunicación de servicio público.
Financiar los auténticos medios de servicio público por el Estado no es producir un daño patrimonial a la nación como se argumenta por los sectores comerciales de la comunicación monopólica en algunos momentos cuando se reflexiona sobre la existencia de estos; sino todo lo contrario, es aportar un gran ahorro para el Estado y para la sociedad, desde el momento en que estas son instituciones que pueden colaboran a crear una conciencia para la resolución de los grandes problemas locales, regionales y nacionales.
No es un gasto, sino una inversión para mantener la paz, intensificar la participación comunitaria, reforzar la formación de la ciudadanía, fortalecer la pluriculturalidad, respetar las libertades de información, crear equilibrios para la expresión colectiva, rescatar la multiculturalidad, respaldar la gobernabilidad, etc. En una idea, es aportar a la dinámica de edificación de condiciones civilizatorias elementales para la coexistencia armónica en comunidades plurales del país.
En consecuencia, por la gran rentabilidad social que producen los medios de servicio públicos es una razón de Estado financiar ampliamente la existencia de éstos, pues con ello se respaldan las bases para el surgimiento de la nueva sociedad equilibrada que exige el convulsionado México del siglo XXI.
No financiarlos desde el Estado sería comprobar que éste abandona su función rectora de la comunidad nacional, para convertirse en un simple gestor o administrador de los intereses de las grandes empresas monopólicas privadas de la comunicación mexicana que se oponen a la evolución de los medios de servicio público, pues los consideran competidores potenciales para su proyecto de comunicación-mercado.
En este sentido, no contar con la intervención de auténticos medios de comunicación de servicio público en la dinámica de funcionamiento de la sociedad mexicana, es equivalente a no contar con medicina pública, electricidad pública, calles públicas, alumbrado público, agua pública, jardines públicos, caminos públicos, petróleo público, educación pública, espacio aéreo público, atmósfera pública, para entregar toda la operación básica del funcionamiento de la estructura comunitaria a la dinámica de la autorregulación social, que no es otra realidad, que la autorización oficial del reinado de la ley darvinista salvaje de la existencia del más fuerte sobre el más débil.
En otros términos, podemos decir que con la presencia de los medios de información comerciales la sociedad puede construir el mercado, los negocios y la globalización; pero sin la presencia de verdaderos medios de comunicación de Estado de servicio público difícilmente el Estado mexicano puede construir la nación, la república, la memoria nacional, la democracia, el ejercicio de las garantías constitucionales comunicativas y los procesos de sobrevivencia civilizada en el país.
Ante ello, debemos preguntarnos cuánto tiempo más podría existir pacífica y equilibradamente la sociedad mexicana, sin la presencia sólida de medios de servicio públicos que construyan una cultura orgánica para la sobreviviencia colectiva.
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