Sistema público de radiodifusión del Estado mexicano/9-12

 

 

Javier Esteinou Madrid

Contrariamente a las sistemáticas demandas históricas de la sociedad mexicana durante más de cinco décadas para fortalecer a los medios públicos y sociales en el país y a los avances logrados en el año 2013 en dicha materia con la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica; paradójicamente en el año 2014 a través de la aprobación de las leyes secundarias de dicha reforma estructural el Congreso de la Unión marginó sustantivamente el apoyo a las concesiones de uso público y social en México.

En este sentido, las normatividades secundarias no crearon una nueva ley o apartados jurídicos específicos que apoyaran los avances ya reconocidos anteriormente por la Constitución para impulsar a los medios públicos y sociales; y limitaron radicalmente su desarrollo al evadir o constreñir sus funciones de comunicación de servicio público.

De esta manera, paradójicamente la clase política actuante en el Congreso de la Unión, se arrepintió de los progresos que se comprometió a realizar a través del Pacto Por México en el 2013 y abortó los avances logrados anteriormente.

Así, vergonzosa y preocupantemente se creó intencionalmente un “limbo jurídico” que permitió que los medios del Estado en la realidad no evolucionaran de su fase histórica anterior para continuar existiendo como instrumentos de información subordinandos a las ambiciones y caprichos del poder en turno y no como canales de comunicación independientes y transparentes comprometidos con la realización de la comunicación de servicio público para el avance de las comunidades nacionales.

Así, a través de la implementación de las leyes secundarias las actuales emisoras de radio y televisión que opera el Estado mexicano, la transformación del tradicional modelo de comunicación permaneció sin cambio alguno, debido a las siguientes tres razones:

1.- En la realidad concreta los medios de Estado continuarán siendo canales de gobierno y no medios de Estado de comunicación de servicio público. Así, los medios públicos de carácter federal y los sistemas de las entidades federativas, mantendrán su estilo de comunicación apegado a los intereses de las instancias gubernamentales de las cuales dependen, y permanecerán mayoritariamente vinculados con los fines de los poderes ejecutivos, tanto federales como locales y no en base a las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Es decir, permanecerán sin posibilidades de contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

2.- Al paralizarse la concretización jurídica operativa de los medios de difusión públicos y conservarlos en su realidad jurídico-política anterior, se condenó a la inopia y a la persecución judicial a los medios comunitarios y a las radios indígenas.

3.- Mediante esto se permitió que el espacio público mediático de la sociedad mexicana continuara siendo dirigido predominantemente por los intereses fenicios sin límites del modelo comercial-privado salvaje de los monopolios informativos que desde hace muchas décadas reina en el país con consecuencias muy perjudiciales para el desarrollo de la república.

Así, nuevamente reforzó que el principal eje cultural de nuestra nación continuara siendo construido por la dinámica de la comunicación-mercado (business comunicativo) con tendencias salvajes y no por el proceso del ejercicio del servicio público informativo que tanto requiere urgentemente el equilibrio nacional.

Dentro de dicho contexto, no fue casual que cuando se discutía en el Congreso y en parte fuera de él, la reforma en telecomunicaciones, a fines del 2013, los medios gubernamentales de los estados, organizados en una asociación nacional, no dijeran ni media palabra pública, el menor pronunciamiento sobre el destino que se les deparaba en la nueva legislación: otra vez el abandono y casi el desprecio total. Salvo las únicas excepciones de TV UNAM y el Canal 44 de Guadalajara, ningún otro medio de servicio público hizo la menor protesta, no se dijo nada.

Todavía más asombroso fue que la izquierda (al menos la izquierda organizada) no comprende o hace como que no comprende que la columna vertebral del poder oligárquico que impide construir una verdadera democracia en México son los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos: la escuela hace mucho que ya no lo hace; son ellos quienes moldean, forman, modelan, reproducen el tipo de personas que requiere el sistema de producción del trabajo miserabilizado y la inconsciencia política. La izquierda no ha planteado nunca el problema ni siquiera en sus documentos programáticos o sus declaraciones de principios.

De igual forma, fue enormemente sorprendente que salvo algunos analistas críticos (contados con una sola mano) en su momento criticaron dicha simulación mediante declaraciones de prensa o reflexiones críticas en revistas especializadas de comunicación; el resto de la sociedad civil y de los ciudadanos no protestaron por dicho engaño histórico del Estado por los medios de comunicación de servicio público.

En este sentido, debido a las presiones ejercidas por los poderes fácticos mediáticos y a los intereses corrompidos de la vieja y nueva clase política para continuar manteniendo sus privilegios de poder por mucho tiempo más; el Estado mexicano renuncio a su responsabilidad de atender las principales necesidades comunicativas de la sociedad mexicana y permitió que en la realidad concreta los medios de comunicación públicos no avanzaran como lo consignó la Constitución en el 2013, manteniendo su comportamiento como instituciones subordinadas a los fines del poder burocrático en turno.

Con ello, el Estado consintió que se vulneraran las bases culturales fundamentales que requiere la comunidad nacional para contar con la indispensable comunicación de servicio público para gobernar para todos como poder republicano democrático en el país, y no sólo para proteger a un pequeño grupo de intereses empresariales y políticos dominantes.

En síntesis, los partidos políticos renunciaron a cumplir con su responsabilidad de impulsar la creación de un modelo de comunicación de servicio público que propicie el desarrollo del país y aprender de las lecciones de los boicots comunicativos practicados por los grandes grupos de poder durante el siglo XX en México; y paradójicamente, en el siglo XXI, en plena etapa de la “modernidad”, la historia del retroceso comunicativo, una vez más, se volvió a repetir.

 

 

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