Sistema público de radiodifusión del Estado mexicano/10-12

 

Javier Esteinou Madrid

Dentro del contexto de cambio del modelo de comunicación nacional que se realizó mediante la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica durante 2013 y 2014 en México, el Poder Legislativo no introdujo bases jurídico políticas para crear un modelo de medios de comunicación de servicio público a través de los tradicionales medios de gobierno.

En lo único que sí se avanzó fue en la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, cuyo fin es constituir otro modelo de radiodifusión de servicio público que permita que la sociedad mexicana cuente con un instrumento colectivo que le permita expresarse a través de la pantalla y los diales.

Así, el 11 de junio de 2014 se constituyó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión. Su objetivo será proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades federativas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, independencia editorial y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

Dicho sistema adoptó los siguientes principios rectores:

1.- Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusión de los valores cívicos.

2. El compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y cultural del país.
3. Facilitar el debate político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales.
4. Promover la participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios públicos de radiodifusión.
5. Promover la pluralidad de contenidos en la programación y los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público.
6. Promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales nacionales, particularmente las cinematográficas.
7. Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades específicas.
8. Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y hombres, evitando toda discriminación entre ellos.
9. Promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura.
10. Velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales que disponga.
11. Procurar la más amplia audiencia y la máxima continuidad y cobertura geográfica y social.
12. Promover el conocimiento científico y cultural, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección del medio ambiente.
13. Preservar los derechos de los menores.
14. Los demás principios que establece la Constitución.

Por otra parte, de forma complementaria el sistema deberá dar espacio a las obras de producción independiente que contribuyan a promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, para lo cual destinará por lo menos un treinta por ciento de su programación semanal.

El sistema contará con un consejo ciudadano constituido por nueve consejeros cuyo fin será asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva en su gestión. Tal consejo ciudadano se integrará por nueve consejeros que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo de manera honorífica.

Son funciones del consejo ciudadano:

1. Proponer los criterios que la Junta de Gobierno deberá seguir para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva del sistema.
2. Elaborar proyectos que contribuyan a fortalecer los fines del sistema.
3. Evaluar los proyectos de programas y propuestas que cubran los objetivos de creación del sistema.
4. Participar en las reuniones y eventos que convoque el sistema, para realizar intercambios de experiencias e información, tanto de carácter nacional como internacional, sobre temas relacionados con el objeto del sistema.
5. Opinar y asesorar respecto de las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle el sistema.
6. Presentar ante la Junta de Gobierno un informe anual de sus actividades.
7. Proponer a la Junta de Gobierno las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.
8. Elaborar mecanismos de participación ciudadana a fin de atender las inquietudes y propuestas de los radioescuchas y televidentes.
9. Vigilar y emitir informes públicos sobre el cumplimiento de la Junta de Gobierno a los criterios establecidos para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva del sistema.
10. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

Por consiguiente, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano se definió jurídicamente como lo señala el artículo 6 de la Constitución, incisos II y III, como un servicio público de interés general contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3 de la Carta Magna.

Con dicha normatividad, la sociedad mexicana cuenta con elementos jurídicos relevantes para formar un nuevo sistema de comunicación de servicio público que supere los viejos prototipos de difusión de gobierno que lo que principalmente demostraron a lo largo de muchas décadas en el país fue que funcionaron para legitimar con propaganda y publicidad las acciones de la clase política en el poder en turno y no brindarle ventanas de expresión a los múltiples grupos civiles de la nación para que plantearan comunicativamente en el espacio público mediático sus problemáticas de existencia y de posibles soluciones alcanzables.

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