Luis Mesa Delmonte

La reciente firma de un acuerdo entre el gobierno británico y la monarquía de Bahréin para construir una base naval en el pequeño país del Golfo, es una prueba más de que los intereses estratégicos predominan sobre los deseos de cambios y reformas de las sociedades civiles en el Medio Oriente.

Desde febrero del 2011, Bahréin ha sido uno de los casos principales dentro de la llamada “primavera árabe”. La protesta popular, motivada tanto por reclamos de índole política, económica y social, como por diferencias existentes de naturaleza sectaria, ha sido controlada mediante una estrategia que ha combinado represión policial e intervención militar foránea, junto a una propuesta oficialista de diálogo político nacional.

El poder monárquico de predominio sunnita encabezado por la familia Al Khalifa, recibió un apoyo inmediato de fuerzas militares de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, para disuadir la explosividad de una población mayoritariamente chiita con menores niveles de acceso e ingreso en general. Con ello, se perseguía evitar que las poblaciones también predominantemente chiitas de la región petrolera del Este saudí, se “contagiaran” del movimiento de protesta bahreiní, e impedir a toda costa que cualquier cambio popular en la isla pudiera convertirse en una ventaja para la proyección regional de Irán.

La estabilidad del poder en la isla también es clave para los Estados Unidos, pues allí radica la sede central de su 5ta flota, pieza clave para la supervisión de las rutas comerciales y petroleras a través del Golfo, del Mar de Arabia y zonas del océano Índico, así como para las acciones militares de su Comando Central en las contiendas bélicas en Afganistán, Iraq, y otras operaciones de presión militar frente a Irán.

Si bien es cierto que inicialmente Washington generó algunas posiciones críticas hacia la monarquía bahreiní, y de reconocimiento al movimiento de protestas social, los fuertes reproches emanados desde Manama y de otras capitales del Golfo, han favorecido que los Estados Unidos vuelvan a poner en un primer plano su interés estratégico, evitando provocar nuevos roces en el plano político.

Ahora, curiosamente, Gran Bretaña se suma a esta misma línea de razonamiento, a lo que se une una cierta cuota de fervor protagónico renovado, luego de que el viejo imperio británico se viera obligado a retirase de las zonas “al este del Canal de Suez” en el año 1971.

La nueva base naval permanente que se construirá en el puerto Mina Salman, posibilitará que la Royal Navy cuente con un acceso para garantizar sus reabastecimientos, almacenar armas y albergar a su personal. Además, podrá enviar a la zona buques de mayor calado y poder de fuego, tipo destroyer y portaviones. Hasta ahora, las fuerzas navales británicas en el área empleaban como punto de apoyo a las instalaciones estadounidenses de la 5ta flota, aunque desde comienzos del 2014 se había comenzado la ampliación del complejo de comando marítimo británico (UKMCC) dentro de la misma.

La nueva base, que se inaugurará en el año 2016 y que será financiada en su mayor parte por el gobierno bahreiní, también será clave en la redistribución de fuerzas británicas y estadounidenses a escala global, pues la marina inglesa podrá cubrir los espacios que dejan los Estados Unidos en el Golfo, al desplazar parte de sus fuerzas hacia la región de Asia Pacífico.

Esta base naval, unida al acceso que tienen los británicos en la base aérea de al-Minhad en Dubai, a la presencia del grupo expedicionario aéreo asentado en la base de al-Udaid en Qatar, y a las nuevas gestiones que realizan para lograr nuevos acuerdos con Omán, permitirá que Londres cuente con una  mayor capacidad de maniobra y opciones estratégicas en la zona.

Mientras que para la monarquía bahreiní la nueva decisión fortalece su cooperación con países occidentales para enfrentar los múltiples retos de seguridad presentes en la zona, para la oposición política de la isla este acuerdo se convierte en un claro apoyo de Londres a los poderes establecidos en la zona y en una “cachetada” a las legítimas aspiraciones democráticas populares.