No hay conciencia de las autoridades

 

 

Magdalena Galindo

El panorama económico y social del país es de una gran incertidumbre, en el sentido de que no puede preverse qué es lo que va a suceder en el futuro inmediato. Sin embargo, de lo que no hay duda es de que atravesamos la mayor crisis que ha vivido México desde los años treinta del siglo XX hasta ahora. Por supuesto que el acontecimiento más notable es el de los normalistas víctimas de desaparición forzada que ha tenido una enorme repercusión nacional e internacional, pero también es un hecho que esa repercusión no sólo obedece a la propia gravedad del crimen, sino también a que fue precedido de una verdadera devastación de las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de la población, a lo que se suma lo que podríamos calificar como una invasión del capital extranjero que se va apoderando del territorio y de los recursos naturales del país.

Desde años antes de Ayotzinapa, la multiplicación de las manifestaciones y acciones de todo tipo, que protagonizan muy diversos grupos sociales que se rebelan ante la situación, han sido una realidad cotidiana. Desde luego no es un fenómeno privativo de México, basta mencionar los Ocupa Wall Street o los Indignados de España, o las movilizaciones en Grecia y una larga lista que abarca casi el mundo entero, para comprender que se trata de la respuesta de los oprimidos y explotados por la gran ofensiva del gran capital internacional que ante la crisis económica provocada por el descenso de su tasa de ganancia emprendió, entre otras estrategias, la de acumulación por despojo, esto es, acumular capital a través de disminuir drásticamente los niveles de vida de los trabajadores.

Si la devastación de las clases trabajadoras es una realidad internacional, hay que decir que en México esa situación se ubica entre las más graves del mundo. En estos días, por ejemplo, los medios han informado de la condición de esclavitud de tarahumaras o de indígenas de Colima. Y también en estos días se ha conocido que, según un estudio del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, alrededor de un 33 por ciento de los trabajadores que solicitan un crédito al Infonacot no lo utilizan para compras de muebles o electrodomésticos, sino para financiar alimentos y vestido, esto es para la supervivencia diaria.

También en estos días 80 mil jornaleros agrícolas han desarrollado una extensa huelga en el Valle de San Quintín en Baja California que ha sido acompañada de la paralización, por medio de retenes y barricadas, de 120 kilómetros de la carretera Transpeninsular. Las demandas incluyen afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, jornada de ocho horas, un día de descanso a la semana, pago de horas extra y días festivos conforme a la ley, aumento de salario y cese de los malos tratos.

Y lo peor es que no hay conciencia en las autoridades ni en la burguesía mexicana de la gravedad de la situación por la que atraviesan los trabajadores en nuestro país, y en eso también se parecen a sus homólogos del Porfiriato, que ante las huelgas de Cananea y Río Blanco no aquilataron la gravedad de la situación ni fueron capaces de imaginar que el pueblo mexicano diría ya basta. Ciertamente el clima social no parece enfilarse hacia una revolución como la de 1910, pero también es verdad que hay desesperación y mucha ira, de modo que el futuro es incierto y más valdría que burguesía y gobierno detengan su ofensiva y ofrezcan alternativas de recuperación para los trabajadores.