Entrevista con Humberto Lozano | Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo

Por Emma Islas

“Estimado cliente le informamos que el día lunes 8 de agosto no abriremos exigiendo al gobierno federal y estatal el libre tránsito, la reactivación económica y la paz social”, rezaban mantas colgadas de hoteles y comercios oaxaqueños. Ante la falta de respuesta gubernamental, la sociedad y la IP realizaron un paro de actividades económicas al no encontrar salida a los bloqueos de la disidencia magisterial. Una problemática que ha dejado pérdidas hasta ahora incuantificables. Diversas voces aseguran que la única solución es el uso de la fuerza pública.

La situación económica, política y social de la entidad es crítica. Tan sólo en el centro histórico, se estima que por cada día de plantón se generan pérdidas de alrededor de un millón y medio de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, los quebrantos han acumulado casi dos mil 500 millones de pesos en todo el estado.

A mediados de mayo pasado, la Secretaría de Desarrollo Económico oaxaqueña ya calculaba pérdidas por 2 mil millones de pesos. El Consejo Coordinador Empresarial estimaba que van 4 mil millones de pesos, mientras que la Concanaco hacía cálculos de 1700 millones de pesos, lo que suma 7700 millones de pesos.

En un acto desesperado, de manera histórica 10 mil 500 personas se unieron al paro. Más de 3 mil comercios bajaron sus cortinas, 2 mil 500 camiones de transporte público quedaron varados y alrededor de 5 mil ciudadanos decidieron, ante los oídos sordos tanto del gobierno como de la disidencia magisterial, gritar un “Ya basta”.

La respuesta del gobierno fue una reunión con miembros del sector empresarial y la IP; sin embargo, no se llegó a acuerdos definitivos. Se encuentran en espera de que antes del 22 de agosto se logre una definición clara. La pelota está en la cancha del gobierno.

“La decisión de hacer uso de la fuerza es decisión del gobierno. No queremos que la sociedad sienta que si el gobierno toma alguna acción o determinación es porque los empresarios lo estemos obligando. Podemos respaldarlo, pero será una decisión exclusiva del gobierno, en ningún momento es una exigencia de los empresarios”, aseguró Humberto Lozano Avilés, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo.

“Los empresarios no están dando una carta en blanco para respaldar al gobierno en lo que haga. Todo dependerá de la manera en que lo ejecuten. Por supuesto tendrán que explicar sus decisiones, no sólo a los empresarios, sino a la sociedad. Las acciones que tome deberán de ser de cara a la sociedad, no de cara a los empresarios” .

“Esperamos que esta misma semana se pueda dar una respuesta definitiva, que se logren acuerdos y compromisos y que se cumplan. Si la Coordinadora estipula que el 22 de agosto los niños van a regresar sin problema a clases, la sociedad deberá exigirle que cumpla su palabra, pues hemos visto que no cumplen. Buscamos que haya avances en las negociaciones, pero también queremos ver que la reforma educativa continúe. Que se negocien las maneras en cuanto aplicar la evaluación, todo lo que se pueda negociar, más no abrogar la reforma educativa”.

Hay que trabajar no dialogar: Benjamín Hernández

“Oaxaca requiere despertar y escribir una nueva historia y no se puede empezar a escribir si no tenemos un Estado de derecho, si la ley no se aplica para aquéllos que la violan; si no hay respeto a las instituciones y que la impartición de justicia sea pareja para todos”, así afirma Benjamín Hernández Gutiérrez, presidente de la Coparmex Oaxaca.

Recalca que en la entidad la sociedad tiene que participar de manera responsable, “mucho de lo que sucede es por una falta de participación responsable de la sociedad, hemos dejado que los gobiernos tomen decisiones por nosotros, no hemos tomado de manera responsable nuestra obligación de caminar de la mano con el gobierno”.

“Si lo dejamos caminar solo, ellos van a tomar decisiones sin consultarnos y eso es lo que ha pasado por muchos años. Los gobiernos toman decisiones y nadie les dice nada, hay una total impunidad no solamente en Oaxaca sino en el país”, asevera.

Al referirse al paro que se realizó en la entidad el 8 de agosto expuso que “es histórico, es la primera vez que la gente sale de una manera pacifica y ordenada a manifestarse en contra de los tres niveles de gobierno, sobre todo encabezados por el sector empresarial que se acompañó de colaboradores de las empresas y de ciudadanos que salieron de sus casas para exigir que pongan orden y nos den la oportunidad de trabajar generando condiciones económicas, políticas y sociales para Oaxaca”.

Al hablar sobre las declaraciones de la Coordinadora Nacional de Trabajares de la Educación sobre que las acciones de los empresarios son un chantaje para que puedan acceder a recursos millonarios, Hernández Gutiérrez señala que la CNTE sólo busca satanizarlos, “en ese sentido hay que ubicar muy bien a la sociedad, porque es un discurso que puede permear, ya que Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los estados más pobres del país”.

“Oaxaca ocupa el primer lugar de pobreza extrema, también está en el segundo lugar con menor nivel de educación en la república mexicana —después de Chiapas—, los niveles de competitividad y de productividad están en los últimos lugares, lo que genera pobreza, desigualdad. Oaxaca es un estado complejo y esa complejidad hace que la riqueza no se pueda distribuir de manera equitativa, por eso el discurso de la CNTE sí logra permear”.

Explica que según datos del INEGI, en la entidad hay más de 251 mil unidades de negocios —formales e informales— de los cuales el 95% son microempresas, de 1 a 10 trabajadores, por lo que las mayores afectaciones por los bloqueos se dan en este tipo de negocios, “las primeras afectadas son a las microempresas, pequeñas y después a las medianas empresas. Los dueños de los “changarritos”, no de manera despectiva, tienen todo su capital metido en el negocio, en productos para vender. Con esta crisis las ventas caen —sin exagerar— por arriba del 50%; el ingreso que tienen lo utilizan para su gasto corriente: renta, luz, teléfono, empleados y para su subsistencia, por lo que ya no le queda dinero para reponer inventarios”.

“Las micro y medianas empresas se están descapitalizando, eso no lo dice el magisterio. Lo que están haciendo las tienditas es vender lo que tienen y comprar un poquito de lo que hace falta, pero cuando este conflicto termine y quieran comprar, no van a tener dinero. Ahí es cuando va a venir una tronadera de negocios impresionante”.

El presidente de la Coparmex señala que en un inicio del conflicto se hicieron algunos pactos con la Secretaría de Gobernación, sin embargo, no han sido cumplidos, “quedamos en que no habría diálogo hasta que no se generaran condiciones para Oaxaca, ha habido diálogo pero no condiciones. También se acordó decretar a Oaxaca como zona de desastre económico, cosa que no se ha dado”.

Su intención es “exigir a nuestros gobiernos que generen condiciones no sólo en Oaxaca, sino también en Guerrero, Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, que se establezca el Estado de derecho y que se aplique la ley. Que en la reforma educativa se pueda dialogar para entender las particularidades de cada uno de los estados. Oaxaca es un estado complejo, no son lo mismo las condiciones que tienen un maestro en el estado que un docente en Monterrey. Que no se tome la reforma educativa como un pretexto para negociar cosas para unos cuantos, y me refiero al círculo que maneja al magisterio”.

Por otro lado, dice, es forzoso certificar la permanencia de las empresas, y tienen dos propuestas: “se requiere asegurar la permanencia de los empleos, el tema fiscal, seguro social, fondos para la contingencia de las empresas, becas para los trabajadores que perdieron sus empleos. Por otro, se necesita caminar para lograr una reactivación económica del estado de manera integral”.

No se mide a todos con la misma vara

Indica que es necesario que el gobierno actúe de la misma manera con todos, “no se está midiendo a todos con las misma vara, cuando decimos que tenemos problemas económicos y que las declaraciones se podrían presentar en ceros, sale el gobierno a decirnos que vamos a cometer un delito y que es motivo de sanción y hasta que nos metan a la cárcel. En contraste, la otra parte toma carreteras, quema camiones, edificios, secuestran a gente y ahí no dicen nada, es la parte que nos tiene molestos”.

Hernández Gutiérrez señala que desafortunadamente aún no hay números oficiales de las pérdidas. “Hasta hoy ningún nivel de gobierno puede decir con claridad cuáles han sido las afectaciones. Para evitar que la información esté sesgada, hemos pedido al Centro de Estudios Económico del Sector Privado que lo realice. Si en estos días se resuelve el problema, el centro podrá entregarlo en tres o cuatro semanas”.

El líder afirma que existe el riesgo de que el ejercicio realizado por los empresarios se puede ver reflejado en otros estados, “en caso de no resolverse el conflicto magisterial, Chiapas ya anunció un paro de actividades económicas para el 17 de agosto. Esperemos que no se llegue a eso”.

“No criticamos el derecho a la manifestación sino los problemas que genera, por eso hemos sido muy cuidadosos en la manera de hacerlo. Si con esta medida logramos que los gobiernos nos escuchen, los demás estados no tienen por que manifestarse; al contrario, lo que buscamos es sentarnos en una mesa no a dialogar, sino a trabajar, es la gran diferencia con el magisterio. Ellos hablan de mesas de diálogo, nosotros de mesas de trabajo para ver qué podemos hacer para sacar adelante a Oaxaca”.