Estado padrastro/XX-XXI
Javier Esteinou Madrid
La aprobación de los Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales para las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos, impuestos por la Secretaría de Gobernación desde el 4 de noviembre de 2015, y aplicados durante más de un año en el país; han causado graves daños a la sociedad mexicana, particularmente para el futuro desarrollo virtuoso de las nuevas generaciones en México.
Por ello, la Secretaría de Gobernación está obligada a responder las siguientes preguntas:
¿Cómo es posible que en nombre del servicio público de interés general el Estado mexicano impusiera lineamientos en materia de regulación de contenidos que son totalmente contrarios a la salud psíco-emocional de la infancia que es el sector más desvalido de la población? ¿Cómo justificar que la Secretaría de Gobernación, que es el organismo responsable de crear y vigilar la existencia de condiciones para la sana convivencia colectiva, apruebe directrices comunicativas que son contrarias a la salud física, psíquica y emocional de las audiencias y a las garantías comunicativas fundamentales de los ciudadanos, particularmente de la infancia? ¿Por qué la Subsecretaría de Normatividad no consideró el importante estudio sobre audiencias infantiles realizado por el IFT en 2014 y las muy valiosas recomendaciones del Consejo Consultivo Ciudadano del IFT efectuadas en 2015 sobre la relación existente entre televisión e infancia en México? ¿Cómo comprender que en nombre de la libertad de expresión el gobierno permita que los niños reciban más telebasura en los horarios infantiles, en lugar de reforzar los valores humanistas en los mismos tiempos que son los que urgen para avanzar en la nación?
Más preguntas a la Secretaría de Gobernación:
¿Qué sentido tiene que el Estado ejecute por las mañanas una reforma educativa con los profesores del país si por las tardes permite que la programación de los medios audiovisuales borren los contenidos edificantes que el trabajo docente de los normalistas inculcaron matutinamente en la escuela? ¿Por qué el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ante la recaptura en el 2016 del el Chapo Guzmán Loera, capo del cartel de Sinaloa, sí se pronunció públicamente contra el mito de considerarlo por diversos sectores de la población como el nuevo Robin Hood de la posmodernidad nacional y no se pronunció contra la programación basura de los monopolios audiovisuales en la nación que debilitan los valores de la reforma educativa? ¿Por qué el SNTE no demandó que se anulara este negativo proyecto comunicativo de masas que afecta indirectamente la labor pedagógica que realizan los maestros de la república?
¿Para qué realiza el Estado una reforma a la salud que combata el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y el alcoholismo en la población si posteriormente permite que la televisión promueva a través de su programación para niños y jóvenes el consumo irrestricto de alimentos chatarra, refrescos, golosinas, pastelillos, alcohol, tabaco, que acentuarán todos estos padecimientos y otros más desde la etapa de la infancia?
¿Cómo evitar la quiebra del sistema nacional de salud en los próximos años, si en hoy la sola atención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes absorbe la mayor parte de los ingresos de este sector y en el futuro la asimilación infantil de los currículos simbólicos de los medios electrónicos multiplicarán estos serios padecimientos?
¿Cómo se vulnerarán los cimientos de identidad de nuestra sociedad con la existencia progresiva de una masas poblacional con tales características físico-psíco-emocionales si lo que ahora se requiere urgentemente es la presencia de una población más educada, preparada y con mejor autoestima para sobrevivir ante la dinámica de competitividad, cada vez más, exigente que fija la dinámica de la globalización e integración? ¿Cómo reforzar la identidad nacional que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 si los modelos estéticos que inculcan a los infantes y los adolescentes los mensajes radiodifundidos en esos horarios niegan las características básicas del patrón de rasgos autóctonos del México profundo al cual pertenecen la mayoría de los públicos?
¿Cómo explicar que ni la Secretaría de Educación Pública, ni la Secretaría de Salud, ni la Presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (sólo se manifestó su Consejo Ciudadano), ni la Comisión Nacional Contra las Adicciones, ni la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ni la Comisión de Derechos Humanos, ni el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no expresaron ningún comentario, ni desacuerdo, ni corrección, ni alerta, sobre tales directrices, cuando estos lineamientos culturales afectan sustancialmente las funciones y proyectos que les corresponden realizar cotidianamente como órganos de gobernabilidad del Estado republicano?
¿Para qué realizó el Estado mexicano un proceso tan costoso de digitalización de la infraestructura televisiva del país con el apagón analógico si en lugar de que la infancia cuente con mejores contenidos audiovisuales que permitan su desarrollo más equilibrado, ahora tendremos una programación más mediocre, enana, decadente, toxica y perjudicial que dañará su crecimiento, pero eso sí, en plataformas digitales posmodernas?
¿De qué sirvió el reconocimiento de los derechos de las audiencias, especialmente de la infancia, que reconoció la reforma constitucional de las telecomunicaciones de 2013, si en el 2015 con tales lineamientos de clasificación audiovisual se negaron su existencia? ¿Dónde quedó la aplicación de los códigos de ética de los concesionarios y del Estado ante la implantación de tales reglas mercantilistas a costa del bienestar psíco-emocional de la niñez?
En suma, ¿para qué nos sirve a los ciudadanos la existencia de este tipo de Estado desdibujado si éste no cumple con sus funciones básicas que le asignó la Carta Magna para proteger a la población, particularmente a la infancia?
Frente al conjunto de todos estos cuestionamientos fundamentales el Estado y cada uno de los organismos de gobernabilidad involucrados en dicho retroceso ético-moral-cultural, le deben a la sociedad mexicana claras respuestas contundentes sobre por qué se actuó como Estado padrastro y no como Estado nación republicano para proteger a las nuevas generaciones.
