Emma Islas
Una década de la llamada “lucha contra el narcotráfico” ha pasado frente a nuestros ojos. El saldo es brutal. Con la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, como si fuera la solución, lo único que logramos fue exponerlas y desgastarlas. Las últimas estimaciones revelan que van cien mil muertos y alrededor de treinta mil desaparecidos, la cifra exacta nunca la podremos conocer.
Ante los hechos, desde hace tiempo —de manera abierta— las Fuerzas Armadas han mostrado su inconformidad. El 20 de noviembre lo planteó el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. La semana pasada fue una exigencia del titular de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, al hacer un llamado al Congreso a fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia, para que el Ejército pueda regresar a los cuarteles.
Sin embargo, pese a la urgencia del tema, una vez más la negociación para sacar adelante la Ley de Seguridad Interior sigue estancada. Se habla de foros de consulta en los que participarán la sociedad civil, especialistas, académicos y militares.
Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Pablo Escudero y Javier Bolaños, respectivamente, indicaron que se busca un periodo extraordinario que se lleve a cabo en la segunda quincena de enero para que —tanto senadores como diputados— resuelvan dicha legislación.
Uno de los principales propulsores de esta ley es el senador Roberto Gil Zuarth quien ha lamentado que tras diez años de lucha contra el narcotráfico se siga postergando y dando no sólo la espalda a las Fuerzas Armadas, sino también a la pacificación del país. Por ello, en el mes de septiembre presentó una iniciativa a fin de eliminar el incentivo de la inacción policial en los estados e impulsar el regreso de las tropas a los cuarteles.
“Hace cuatro meses presenté la iniciativa en seguridad interior; sin embargo, no hubo interés, por desidia, por cierta displicencia en las cuestiones importantes del país, pero también es cierto que los partidos están en otra cosa, andan viendo cómo ganan elecciones y no se centran en lo verdaderamente relevante”.
El senador es claro y hace un llamado a que los partidos trabajen en cuatro puntos específicos que ayuden a poner en paz el país. “Se deben desarrollar mejores policías y que los gobiernos de los estados se pongan a formar buenas policías. Hacer un viraje en la política de drogas. Regular las Fuerzas Armadas y, por último, restablecer la capacidad del Estado de resolver los microconflictos que se presentan entre vecinos porque esos conflictos escalan y se vuelven de carácter penal”.
En específico —dice— Acción Nacional, luego de haber sido gobierno y aspirar a serlo otra vez, está doblemente obligado a presentar con claridad sus posiciones, “no necesitamos esperar a regresar a la presidencia para ponernos a trabajar y resolver los problemas. No podemos apostar al fracaso de este gobierno para que los electores nos den la confianza en la próxima elección de 2018. Tenemos que trabajar en la generación de instituciones. Gobernamos muchos estados que no tienen policías, que están heredando problemas de seguridad y vacíos institucionales. En la medida en que demos resultados la gente nos identificará como una alternativa clara de gobierno”.
Mando mixto, la otra cara de la moneda
Gil Zuarth explica que la única manera de prescindir de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad cotidiana es que contemos con policías responsables que estén haciendo esa tarea. “Si queremos que las Fuerzas Armadas regresen a su misión constitucional estamos ante la necesidad de crear policías. Son dos caras de una misma moneda”.
Precisa que la reforma constitucional, conocida como el mando mixto tiene como propósito generar el nuevo modelo de desarrollo institucional y policial. Define el tipo de corporaciones y el perfil de policías que queremos en el país. También genera incentivos para el desarrollo, evaluación, control, auditoría al desempeño de esos cuerpos policiacos, pero sobre todo ofrece mejores mandos de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.
En torno a la situación en que se encuentra la aprobación del mando mixto, afirma que es difícil saber en qué momento va a salir, “la Cámara de Senadores envió a la Cámara de Diputados la reforma constitucional; —se dice— que hay algunas dudas al respecto. La realidad es que no ha avanzado prácticamente en estos últimos meses. En efecto, no vamos a poder resolver de fondo el problema de la seguridad si no contamos con capacidades institucionales”.
El senador asevera que lo que debe hacerse es estandarizar la calidad y las cualidades de las policías en todo el país, pues así como existen buenos ejemplos también hay otros muy malos, “ahí está la policía de Nuevo León, en la que se hizo una inversión notable en cuanto a recursos públicos; y también se encuentra una policía estatal que es una tragedia, que es la policía de Guerrero; hay de todo tipo”.
Al tomar como ejemplo el caso de inversión en las policías de Nuevo León, Gil Zuarth señala que para contar con buenas policías se debe hacer una inversión muy importante pues para suplir por completo a las Fuerzas Armadas necesitamos aproximadamente cien mil policías, al ser una ecuación uno a uno, y si por cada policía necesitamos invertir 500 mil pesos al año —entre salarios y prestaciones— quiere decir que tenemos que multiplicar 500 mil por 100 mil, lo que dará como resultado un valor muy significativo”.
Fuerzas Armadas, recurso excepcional
Aunque acepta que es un tema muy complejo, el cual debe ser analizado —escuchar la opinión de las Fuerzas Armadas, atender las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil—; también es cierto que se ha estado postergando ante la falta de policías, esa es la gran debilidad.
“El país ha sido omiso en construir capacidades institucionales policiacas, por eso se ha utilizado y se ha recurrido a las Fuerzas Armadas. Siempre es más fácil, rápido y barato recurrir a ellas que crear las capacidades institucionales y eso es en buena medida lo que explica por qué hemos pospuesto por tanto tiempo esta discusión”.
Señala que los cuatro elementos que hay que definir dentro de la Ley de Seguridad Interior son, en primer lugar, en qué circunstancias y bajo qué supuestos el presidente de la república pueda ordenar a las Fuerzas Armadas que realicen tareas de seguridad interior. Cuáles son las atribuciones que van a tener las Fuerzas Armadas, si van a tener que sustituir de manera plena a las policías o son coadyuvantes únicamente.
Los tramos de responsabilidad y evaluación sobre lo que van hacer las Fuerzas Armadas, para qué se va a intervenir en un estado, con qué objetivo y cómo se van a garantizar esos objetivos. Y la temporalidad: cuánto tiempo van a estar las Fuerzas Armadas haciendo este tipo de tareas, en qué condiciones deben de hacerlas y, sobre todo, bajo qué supuestos o mecanismos regresan a su misión constitucional.
Las Fuerzas Armadas —indica— son hoy un recurso excepcional que tenemos, pero no lo pueden ser a largo plazo ya que por cada policía que falta en nuestra comunidad, en las ciudades, en las plazas, tenemos a un militar menos distrayéndose de una función que sí le corresponde.
La iniciativa del Senador Roberto Gil Zuarth sobre Ley de Seguridad Interior plantea:
1.- Que el estado de fuerza que se despliegue para atender una situación de seguridad interior esté compuesta por elementos profesionales, especializados en proximidad social y debidamente capacitados en la protección y defensa de los derechos humanos.
2.- Crear el comité de seguridad interior encabezado por el secretario de Gobernación como instancia de coordinación en la materia.
3.- En la vertiente de inteligencia, se crea un subcomité encabezado por el Cisen para coordinar los esfuerzos de recolección, análisis y explotación de información sobre amenazas a la seguridad interior.
4.- Establecer las bases para la regulación del despliegue de Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior: asistencia al ministerio público y policías civiles, puestos de control y revisión en vías de comunicación.
5.- Regular el procedimiento para la declaración de afectaciones a la seguridad interior a petición de los poderes Ejecutivo y Legislativo federal y de los estados de la república.
6.- Ampliar las facultades de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para supervisar las actividades del Estado mexicano en materia de seguridad interior y de control parlamentario sobre los méritos y vigencia de declaratorias de afectación.