Acapulco.- El poder en armamento y la alianza que los cuerpos de los cuerpos de policías comunitarias han logrado con algunos sectores de la sociedad, limitan la capacidad de acción de las autoridades para efectuar el desarme y la aplicación de la ley por lo que la prudencia sugiere entablar un dialogo con esos dirigentes… y ellos no se muestran dispuestos a hacerlo.
El pasado 27 de junio, Germán Javier Jiménez Mendoza, comandante de la Novena Región Militar, precisó que “quienes quisieran que hubiera una acción más contundente, pienso que no están inmersos en la realidad que vive el estado de Guerrero y los conflictos que se desatarían”.
Aseveró que el ejército tiene órdenes de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego en contra de los grupos de autodefensa o policías ciudadanas y es que el problema de inseguridad y la violencia que se extiende por Guerrero, es resultado de la ineficiencia, ineficacia e indolencia de las autoridades gubernamentales. El hartazgo social es una de las reacciones a dicha situación y por ello justifican la organización en grupos de policías comunitarios o autodefensas, se les aplicará la ley a autodefensas, pero sin confrontación.
Héctor Astudillo Flores dijo que no tiene interés de confrontarse con nadie en los medios y que no se resuelve nada respondiendo a “provocaciones”; los grupos de autodefensa han incurrido en acciones que son reprobadas, no sólo por el gobierno del estado sino por la sociedad, insistió.
Así lo señaló en referencia al pronunciamiento de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) luego de los hechos en la comunidad de Cacahuatepec donde integrantes de esa agrupación asesinaron a siete personas, incluido un bebé de meses.
Bruno Plácido Valerio dirigente de la UPOEG, reiteró que que las autoridades “se enfoquen en quienes se tienen que desarmar con elementos jurídicos y con elementos que tengan un peso, no nada más porque no me dejan hacer cosas o porque voy a perder el poder”.
“Que nos digan quiénes están vinculados con la delincuencia, que lo prueben Hay que coordinarse en respeto para seguir adelante, de una holladera en que estamos, del proyecto de la muerte, día a día somos víctimas todos”, comentó.
Propuso el desfile de todos los elementos en los municipios y que derechos humanos, la Fiscalía del estado, Gobernación y el Ejército vean quiénes portan un arma para garantizar la seguridad a la población.
Enfatizó que la población tomó las armas ante un escenario de “crisis social en el país, el estado y municipios”, donde “todos nos critican pero no nos dicen qué hay que hacer”, al tiempo que rechazó dirigir con “anarquía o con un grupo fuera de control”.
Proliferación de autodefensas
En Guerrero, en lo que va del año, han surgido nuevos grupos, siendo los casos de Zitlala y San Miguel Totolapan los más conocidos. El 8 mayo, el Grupo de Coordinación Guerrero confirmó el surgimiento de un nuevo movimiento de autodefensas armado en Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, considerado no sólo como centro político de la sierra sino como la zona de mayor producción de amapola de todo el país.
En mayo, 210 poblaciones de Guerrero tomaron las armas en Mezcala, donde se ubica el cinturón del oro, una zona minera. Recibieron el respaldo del grupo de autodefensas de Tlacotepec.
En julio, ganaderos y campesinos de la sierra de Zihuatanejo, conformaron otro grupo de autodefensas, que fuera desmentido más tarde por el gobierno del estado. Los límites de las regiones Costa Grande y Tierra Caliente, es donde los narcotraficantes se disputan la producción de heroína y cristal.
El 30 de julio, habitantes de Chichihualco, municipio colindante con Chilpancingo, retuvieron a 100 elementos de la policía federal al parecer en respuesta a los abusos cometidos desde que los elementos policiacos ingresaron al municipio el 25 de julio, luego de haberse registrado enfrentamiento entre uniformados y un grupo del Cartel del Sur..
El último día de julio, un grupo de 500 personas manifestaron su apoyo a la incursión de la UPOEG y demandaron la salida de la policía federal.
Para Juan Guillermo Fierro Rocha, comandante de la octava región naval, el estado no ha sido rebasado por el crimen organizado ya que “el Estado Jamás podrá tener menor fuerza que la delincuencia.”
Recomponer el tejido social no será tarea fácil, pero combatir a la delincuencia organizada que se volvió una con las policías municipales y las expresiones comunitarias, requerirá muchos años de negociaciones y determinaciones.