Antecedentes
Con el inicio de la nueva presidencia de Donald Trump el 20 de enero de 2017 la continuidad del Tratado de Libre Comercio (TLC) fue radicalmente cuestionada por el gobierno norteamericano argumentando que después de dos décadas la sociedad americana había sido la gran perdedora de dicho acuerdo trilateral, amenazando con cancelarlo unilateralmente por Washington a menos de que se repactara con nuevas ventajas para Estados Unidos. Dentro de este contexto, Trump subrayó con gran énfasis en la reunión del Grupo de los 20, que “el TLC se debía renegociar todo o nos vamos para siempre”.
Así, su objetivo fue aplicar a todos los niveles la política de America First para lograr las condiciones estructurales que permitan regresar al sueño norteamericano de Make America Great Again. Con este fin, obligó a encarar autoritariamente a sus socios comerciales una nueva etapa de renegociación del mismo, donde Estados Unidos quedó altamente favorecido, y el 16 de agosto de 2017 se iniciaron las renegociaciones formales para establecer un nuevo NAFTA.
Frente a dicho panorama, es preocupante que se repita, por parte del Estado mexicano, la herencia trunca y negativa del proceso de negociación de 1994 donde predominó solo la concepción tecnocrática del business empresarial sobre los aspectos sociales y culturales de la nación. Así, reiteradamente en 2017 el equipo negociador nacional quedó compuesto solo por economistas, abogados y administradores que le imprimieron una relevancia fundamental a los temas económicos y comerciales, dejando nuevamente fuera el estratégico papel de la cultura y las comunicaciones como cemento ideológico-simbólico-imaginario de integración social nacional, más allá de la incorporación sectorial de estas actividades como negocios lucrativos, desconociendo las severas repercusiones que, una vez más, provocarían sobre el corazón mental y emocional de las comunidades originarias.
En este sentido, el gobierno mexicano priorizó que las áreas fundamentales que formarían el esqueleto de la negociación serían las siguientes: Acceso a bienes y servicios sin restricciones a los mercados de la región TLCAN. Establecimiento y uso de reglas de origen para garantizar los beneficios regionales del TLCAN. Modernización de procedimientos aduaneros y facilitación de comercio. Congruencia de las normas fitosanitarias y zoosanitarias y su aplicación con el reconocimiento de su naturaleza regional. Promover una mayor integración de los mercados laborales de América del Norte. Protección de la propiedad intelectual de creadores nacionales. Consolidación de la apertura en servicios e inversión. Impulso a la participación de pequeñas y medianas empresas. Apuntalamiento de los sistemas de solución de controversias del TLCAN. Disciplinas de transparencia y anticorrupción. Economía digital. Capitalización, ampliación sectorial y ampliación regional del Banco de Desarrollo de América del Norte. Incorporar disposiciones que reflejen la transformación del sector energético y fortalezcan la seguridad energética de la región.
De esta forma, aunque se realizaron previas consultas públicas con los empresarios y funcionarios de los subsectores de cultura y comunicaciones, tales núcleos quedaron marginados dentro de las principales directrices finales de renegociación trilateral del Estado mexicano, dejándolas reiteradamente abandonadas a la libre dinámica de las fuerzas del mercado para ser negociadas como simples mercancías rentables y no como elementos civilizatorios nodales para la existencia equilibrada de la sociedad mexicana. Con ello, se repitió el mismo fenómeno de ceguera gubernamental realizado en 1994 donde se consideró que la cultura y las comunicaciones eran realidades tan sólidas y ricas que por sí mismas, sin ninguna protección estatal, podían defenderse ante los fuertes embates simbólico-imaginarios comerciales del proceso de globalización de los grandes monopolios privados, ocasionando repercusiones muy graves para el bienestar psico-emocional-social de la población del país. Dichas políticas marcadamente tecnoneoliberales sembrarán las bases para que en las próximas décadas México vuelva a ser el gran perdedor en la esfera cultural y comunicativa de la globalización contemporánea, y no una nación más fortalecida en su identidad, su orgullo, su salud psíquica y su proyecto histórico de crecimiento.
Debido a esto, después dos décadas y media de implementación del TLC en nuestro país, los cuestionamientos que debemos colocar en la reflexión estratégica contemporánea de la acelerada globalización mundial son los siguientes: ¿cuáles fueron las ventajas y desventajas culturales que experimentó la sociedad mexicana con la anexión al proceso globalizador del NAFTA? ¿Cómo renegociar el TLC con Estados Unidos y Canadá para que México no vuelva a ser el gran perdedor cultural de la globalización trilateral?
Todo ello es especialmente relevante cuando la dirección cultural de la sociedad mexicana, particularmente de las clases medias y populares metropolitanas, ya no se realiza a través de los aparatos culturales educativos tradicionales como la escuela, las casas de cultura, los ateneos, las bibliotecas, el libro de texto, los museos, etc.; sino que ahora se efectúa progresivamente desde las industrias culturales audiovisuales, en especial electrónicas, fuertemente globalizadas o de carácter transnacional.
