El proyecto de las Zonas Económicas Especiales tiene buenas intenciones, pero sus alcances podrían ser muy limitados e implica varios riesgos. Y es que el éxito del proyecto no depende de una decisión u opinión gubernamental sino de las condiciones concretas en que se pondrá en marcha y que implica serios riesgos.
Las extensiones territoriales de Guerrero que se integrarán al polígono que encabezará Lázaro Cárdenas son de alta conflictividad y donde existe organizaciones sociales acostumbradas a ofrecer resistencia a los corporativos. Hoy, además domina la actividad agrupaciones delincuenciales.
En el contexto de una crisis sociopolítica que vivió Guerrero en 2014 como consecuencia una creciente inseguridad y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 27 de noviembre Enrique Peña Nieto anunció 10 acciones para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en el país, entre ellas, anunció la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo integral para reducir la pobreza, la marginación y la desigualdad en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Tres años después, luego del terremoto del 19 de septiembre, se firmó el decreto para la creación de tres zonas económicas especiales en Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas-La Unión y Coatzacoalcos.
El 29 de septiembre de 2015, Peña Nieto presentó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales misma que para su elaboración contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Universidad de Harvard, caracterizadas como “un área en la que se ofrece un marco regulatorio e incentivos especiales para atraer a empresas y generar empleos de calidad.
En el caso de Guerrero, el polígono abarcara los municipios de La Unión y Zihuatanejo de Azueta, cercanos a Lázaro Cárdenas. En total serán 2 mil hectáreas de superficie de tierra y casi 10 kilómetros de frente de agua.
Aunque todavía no se ha dicho que tipo de empresas se instalaran, es previsible que sean de extracción de minerales, recursos forestales y quizá, agroindustrias.
Las poblaciones campesinas e indígenas aún mantienen el régimen de propiedad ejidal y se rigen por usos y costumbres y se oponen a la explotación de oro, plata y zinc.
Ante esa posibilidad, se dispone que en dichas áreas se pueda contar con seguridad privada y que los gobiernos de las entidades cedan facultades constitucionales y soberanía al administrador integral de las ZEE.
Legislativamente estas zonas económicas ya son una realidad, pues además de la firma del decreto de las tres zonas, el 27 de abril del 2016 se aprobó la nueva Ley de Zonas Económicas Especiales (LZEE) y una reforma al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales (dictamen aprobado) la cual fue promulgada por EPN el de Mayo del mismo año.
La fracción 17 del artículo 3 de la nueva ley las describe la ZEE como: “un área geográfica del territorio nacional determinada de forma unitaria o por secciones, sujeta al régimen especial previsto en esta Ley, en la cual se podrán realizar, de manera enunciativa y no limitativa, actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico; la prestación; la prestación de servicios de soporte a dichas actividades como servicios logísticos, financieros, informáticos, profesionales, técnicos y de otra índole que se consideren necesarios conforme a los propósitos de este ordenamiento, así como la introducción de mercancías para tales efectos”.
Plantea que uno de los requisitos para establecerlas es “prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y vocación productiva presente o potencial de la zona” (artículo 6 fracción III). Es decir, que intrínsecamente se trata de un proyecto industrializador.
Además se ofertan estímulos tributarios entre los que destacan la facilidad de acceder a créditos fiscales por las cuotas patronales del componente de salud del IMSS, de 50 por ciento en los primeros 10 años y de 25 por ciento en el siguiente quinquenio y descuentos de 100 por ciento en el Impuesto sobre la Renta (ISR) en los primeros 10 años, y en los cinco posteriores de 50 por ciento.
A los inversionistas se les brindará un tratamiento especial en lo referente al Impuesto al Valor Agregado, similar al que reciben las operaciones de comercio exterior y contarán con un régimen aduanero específico que incluye reducciones en las cuotas de derechos y exención de impuestos al comercio exterior por la introducción de mercancías.
El éxito no dependerá de la inversión pública desplegada, sino de la calidad de la inversión privada que se logre atraer. La inversión pública importa, pero no hará la diferencia. De la inversión privada habría que saber si tienen la capacidad y la voluntad de transformar las regiones.
El éxito implicaría tener la capacidad de imponer el Estado de Derecho en regiones asoladas por la subversión y la delincuencia, y si catalizan un acelerado proceso migratorio hacia ellas desde zonas rurales pauperizadas, una educación técnica de calidad y la inserción productiva de los migrantes.