La espiral de violencia en Guerrero no cede. Escala y se expande. A los asesinatos de diversos dirigentes políticos ocurridos en los primeros quince días del 2018, se suman intentos por convertir incidentes de otro orden en causa política y hacer resurgir el caso de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa que desde hace tres años se encuentran en calidad de desaparecidos.
El 15 de diciembre, Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que seguirá acompañando todo este año la investigación del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y exige avances al Estado, ya que sitúa la “búsqueda de justicia” para los familiares de los estudiantes mexicanos entre las prioridades del organismo para el próximo año.
El punto que se observa como detonante lo constituyen los hechos en La Concepción, municipio de Acapulco, cuando el 7 de enero cuando ocurrió un enfrentamiento entre grupos armados en la Comunidad de la Concepción de los Bienes Comunales de Cacahuatepec dejó un saldo de ocho muertos y varios heridos la madrugada de este domingo.
De acuerdo a los datos de que se dispone, el enfrentamiento fue encabezado por Marco Antonio Suástegui Muñoz ex vocero de Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), y en el intercambio de balas murió el comisario de ese poblado, Florentino Melchor León, quien era opositor de Suástegui, además de un menor de edad que no ha sido identificado.
Al enfrentamiento se le dio una explicación de carácter político: el resurgimiento del proyecto hidroeléctrico de La Parota que según sus opositores, implica el despojo de tierra a los ejidatarios, daños al medio ambiente y la intervención de capitales privados posesionándose de los recursos de agua y energía eléctrica. Se volvieron a trenzar los apoyos de Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas; Abel Barrera de Tlachinollan y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), en favor de la Cecop, demandaron la libertad de Suastegui Muñoz y sumaron el intento de las autoridades estatales por desaparecer a policías comunitarios.
Vinieron señalamientos de la ONU-DH, así como las medidas cautelares obsequiadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hechos ocurridos el pasado 7 de enero en la comunidad La Concepción y las movilizaciones comenzaron a ocurrir.
El 12 de enero, padres de los 43 normalistas desaparecidos protestan dentro de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la libertad de los policías comunitarios de la CRAC y la (Cecop) detenidos en La Concepción.
El 17 de enero en un comunicado emitido por el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (OMCT-FIDH), la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y la Red Todos los Derechos para Todos (TDT), saludaron la carta de los 35 parlamentarios que resaltaron la grave situación de defensores y defensoras de derechos humanos.
En una carta dirigida al gobierno federal y estatal, los parlamentarios europeos expresaron su preocupación por la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, llamando la atención sobre los datos del informe de la Red TDT “La esperanza no se agota”.
Esa tarde, en Iguala, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa, con el rostro cubierto, vandalizaron las oficinas de la Ciudad Judicial al concluir una manifestación de lo que denominan jornadas de lucha por justicia y dignidad más 43. Ese grupo manifestantes arrojó piedra y petardos en contra del edificio. Les acompañaron en la movilización los padres de los 43 desaparecidos.
Al día siguiente, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos encabezaron un mitin en la entrada a las instalaciones de Ciudad Judicial, al sur de Chilpancingo, demandando cárcel para la Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la desaparición de los videos que son evidencia de la desaparición forzada de sus hijos.
El vocero Melitón Ortega, demandó las detenciones de policías de Huitzuco, federales, ministeriales y militares implicados en el caso y dijo que hay nombres de agentes policiacos y se preguntan por qué a tres años no han sido detenidos.