Acapulco.- Nada parece detener la oleada de violencia que se vive en Guerrero. Ni los operativos y la multiplicación de la presencia de la Policía Federal, ni los regimientos del Ejército y de la Marina… ¡Vaya! ni la tregua que Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, dijo haber negociado.

La tarde del 8 de mayo, fue encontrado el cuerpo de Abel Montufar Mendoza, en la parte trasera de su camioneta, en el bulevar Ciudad Altamirano–Coyuca.

Montufar Mendoza era candidato a diputado del PRI por el distrito 17 en la región de Tierra Caliente, confirmaron fuentes locales, y era alcalde con licencia de Coyuca de Catalán.

 De acuerdo con los primeros reportes, el aspirante a legislador realizó un recorrido por el municipio de Coyuca de Catalán, sin embargo, apareció su cuerpo sin vida indicó Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero.

Al inicio de su campaña, Montufar reportó distintas amenazas por sus intenciones políticas en la convulsa región de Tierra Caliente. El periodista Israel Flores, de El Sur de Acapulco, indicó que el candidato tenía un grupo de escoltas adscritos a la Policía Estatal, quienes en el momento del crimen no lo acompañaban.

Coyuca de Catalán, zona de narcotráfico

El municipio de Coyuca de Catalán es una zona conocida por distintos conflictos derivados del control del narcotráfico y la ausencia de las autoridades. Anteriormente, en Ciudad Altamirano, vecino municipio de Coyuca, cerraron la embotelladora Coca-Cola FEMSA por el constante hostigamient de los grupos criminales hacia los repartidores de refresco para exigir el pago de derecho de piso.

El 24 de mayo de 2017, fue asesinado Elí Camacho Goicochea, exdiputado local por el PRD en el municipio de Pungarabato, mientras que en marzo del mismo año fue ejecutado el periodista Cecilio Pineda, también el 25 de julio de 2016 asesinaron en una emboscada en la carretera Federal Ciudad Altamirano-San Lucas a Ambrosio Soto Duartem presidente municipal de Ciudad Altamirano. Estos tres casos siguen impunes y sin ninguna línea de investigación por parte de las autoridades.

En lo que va de este año, han sido cuatro los políticos asesinados. El primero de ellos se registró el 17 de enero en Zihuatanejo contra Gabriel Hernández Alfaro, dirigente de Encuentro Social de Petatlán, municipio que se ubica en la región de la Costa Grande.

El 21 de febrero, Antonia Jaimes Moctezuma aspirante a la candidatura del PRD por el distrito 25. Cuatro días más tarde, el 25 de febrero, ocurrió el asesinato de Dulce Nayeli Rebaja Pedro, del PRI, también con aspiraciones electorales.

El más reciente de los asesinatos de este año es el de Homero Bravo Espino, precandidato perredista a la alcaldía de Zihuatanejo, el 2 de marzo.

 

Del PRD, la mayoría de los asesinados

Entre los políticos asesinados en 2017 aparecen los perredistas Catalino Duarte Ortuño, Arturo Gómez Pérez, presidente municipal de Petatlán del PRD; Roger Arellano Sotelo, exalcalde de Acapetlahuaya; Demetrio Saldívar Gómez, exsecretario general; Elí Camacho Goicochea, expresidente de Coyuca de Catalán; el exalcalde de Zitlala Francisco Tecuchillo Neri y Ranferi Hernández Acevedo, exdirigente estatal.

Miguel Ángel Solorio Figueroa, exregidor de Zihuatanejo; Miguel Ángel Viveros Ruiz, expresidente municipal de San Luis Acatlán; Victorino Iglesias Alarcón, dirigente de Tixtla y Crisóforo Otero Heredia, ex alcalde de Tecpan.

También fueron asesinados dos miembros de Movimiento Ciudadano: Armando Arturo López, dirigente de Quechultenango y  Ángel Vergara Chamú, coordinador en Tierra Caliente.

Del PRI, se registraron los homicidios de Adolfo Serna Nogueda aspirante a la alcaldía de Atoyac y Francisco Torres Rendón, excandidato a la alcaldía de Eduardo Neri.

Del Partido de los Pobres de Guerrero fue asesinado Dagoberto Domínguez Acevedo, exregidor de Zitlala; Eduardo Catarino Dircio de Morena, dirigente municipal de Tixtla y Ricardo Bermúdez Betancourt, subdirector de Desarrollo Social de Coyuca de Catalán.

Esta no es la primera vez que actos de esta naturaleza suceden en medio de procesos electorales. En Guerrero, en la elección de 2012, seis precandidatos del PRI también se retiraron de la competencia.

 

Criminales buscan influir en elecciones

La violencia criminal ha marcado las elecciones en Guerrero desde el 2011 y no solo ha sido violencia física, sino también amenazas que llevaron a que los partidos no puedan postular candidatos en algunos municipios o bien a que las personas desistan en sus aspiraciones.

Las organizaciones criminales están interesadas en influir en el sistema político, con el fin de alterar la composición del gobierno y su política pública en materia de seguridad. Puesto que los grupos criminales operan a nivel local, estos buscan establecer redes de protección, también a nivel local.

Una vez que logran este objetivo se proponen afianzar dicha relación y ampliar su capacidad para incidir, por ejemplo, en el nombramiento de agentes en puestos de seguridad claves para su operación, como los directores de la policía municipal o de los centros penitenciarios.

En procesos pasados los riesgos eran sufrir insolación, deshidratación o ser mordido por un perro, pero los hechos cambiaron, dijo Analid Mier Bautista, presidenta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

Ahora, los capacitadores electorales han sido víctimas de asaltos e intimidados durante sus recorridos.

La violencia criminal en las elecciones no solo se dirige hacia candidatos y partidos, sino también a las autoridades públicas y votantes pero también está la posibilidad de que el crimen organizado, en su intento de colocar a su opción política preferida, financie campañas.