La contrarreforma hacia las audiencias/XI-XV
Frente al albazo legislativo fraguado por el PRI, PAN, PVEM y Panal, donde no se consultó a los ciudadanos organizados para transformar la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, sino únicamente se contemplaron los concesionarios privados de la radio y la televisión, se pronunciaron en contra ante la opinión pública múltiples organizaciones civiles, agrupaciones sociales, políticos, académicos, sectores culturales, comunicadores e intelectuales defensores de estos derechos. En conjunto todos ellos demandaron al Estado mexicano y al Congreso de la Unión que no se aprobara tal proyecto pues representaba una contrarreforma a los derechos comunicativos ya consagrados en la Constitución política, generando un enorme retroceso histórico en materia de derechos humanos y de democracia para el país.
Así, por ejemplo, el servicio público de radiodifusión ya no se prestaría en condiciones de competencia y calidad; se atentaba contra el principio de pluralidad, especialmente de los pueblos originarios de México; se anulaba la obligación de los concesionarios de distinguir entre publicidad e información; se cancelaban atribuciones de supervisión, vigilancia y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en el ámbito de audiencias; se permitía que las radiodifusoras y televisoras se “autorregularían” por códigos de ética y no con criterios de imparcialidad e independencia precisados por el Ifetel; se atentaba contra las garantías de las audiencias; se erosionaban las defensorías de las audiencias; los ombudsman de los públicos de las televisoras ya no rendirían informes ante el IFT como principio de transparencia, entre otros; equivaliendo todo ello a suscribir en 2017 otra Ley Televisa-II.
Entre las entidades inconformes figuraron la Academia Mexicana de la Comunicación, Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, Artículo 19, Asociación a Favor de lo Mejor, Asociación Iberoamericana de la Comunicación, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, Asociación Mexicana de Comunicadores, Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, Asociación Mexicana de Profesionales en Relaciones Públicas, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Centro de Análisis e Investigación, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, Comunicación Comunitaria, Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, Poder del Consumidor, Mujeres en Frecuencia, Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observatorio de Telecomunicaciones de México, Red por los Derechos de la Infancia, Redes la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Red 3 de 3, Salud Integral Para la Mujer, Sindicato de Trabajadores de Radio Educación, entre otros. También se manifestaron diversos defensores de audiencia, periodistas, académicos e investigadores prestigiados.
Sin embargo, pese a la significativa y amplia manifestación de diversos sectores representantes de la sociedad civil, la Cámara de Diputados no consideró relevante dicho llamado colectivo y aprobó unilateralmente el dictamen correspondiente. De esta forma, la propuesta admitida en la Cámara de Diputados fue turnada al Senado el 27 de abril de 2017 y aceptada por el Pleno de la Cámara Alta sin modificarle una sola coma a su contenido.
Así, el Senado no protegió a los ciudadanos de las prácticas abusivas de los concesionarios en materia de garantías comunicativas, sino que los desamparó ocasionando graves repercusiones para el futuro civilizatorio de la sociedad mexicana.
jesteinou@gmail.com
