En repetidas ocasiones, las críticas por supuesta corrupción han golpeado al candidato presidencial Ricardo Anaya. La más reciente es la investigación que lleva a cabo la PGR por la presunta red de lavado de dinero en la compraventa de una nave industrial, en 54 millones de pesos, en la cual lo único que ha quedado claro es la estrecha relación de amistad y negocios entre Manuel Barreiro Castañeda, uno de los empresario involucrados, y el candidato presidencial.

Pero la investigación no solo se ha quedado en México, sino que de acuerdo con el diario El Español, se sabe que autoridades españolas también siguen una indagatoria pues se encuentra involucrado el empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva. Aunque circuló la información de que el caso fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la duda persiste.

En agosto de 2017, cuando era presidente del PAN, Ricardo Anaya también fue señalado por un supuesto incremento en las posesiones inmobiliarias de su familia política que coincide con el inicio de la carrera política del panista.

Posteriormente, en febrero de este año se supo que a fin de encubrir una complicada triangulación de recursos a través de un negocio inmobiliario que dejó jugosas ganancias a empresarios cercanos al panismo queretano, Ricardo Anaya creó la Fundación por más Humanismo, A. C.

En 2010, en la cuenta bancaria de la Fundación por más Humanismo A. C. se realizó un depósito por un millón 650 mil pesos, cantidad con la que adquirió un terreno en el que construyó un edificio, el cual en 2016 se vendió en 7 millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, de la que Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Coparmex en Querétaro y exsecretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez, es copropietaria.

Sin embargo, en todos los casos no se le han podido comprobar las acusaciones ni han sido meritorias de una acción penal en su contra; por el contrario, el candidato de la coalición Por México al Frente asegura que todos los señalamientos se deben a una guerra sucia en su contra, la cual es orquestada por el PRI.

Para el abogado penalista Ulrich Richter Morales, el caso de un supuesto lavado de dinero en el que se encuentra involucrado el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, hoy toma cierta relevancia justo por el momento político electoral en el que nos encontramos.

Explica que lo que llama la atención en este caso, al igual que con algunos exgobernadores, es el hecho de que también se hayan abierto investigaciones en otros países como España y Estados Unidos, “de alguna manera esto nos hace abrir los ojos y analizar cuál es la razón de que otros países estén ventilando este tipo de asuntos”.

“Sobre todo cuando se supone que esos países que están investigando el caso no están inmiscuidos en el aspecto político de nuestro país. Justamente eso hace que haya ciertas dudas, sobre todo cuando no se les puede reprochar que realicen alguna indagatoria, como sucedió en nuestro país con la Procuraduría General de la República”.

Indica que en caso de que se determine que existen elementos para inculpar al candidato, en primer lugar se tendría que solicitar una orden internacional de captura por lavado de dinero. “En cuanto se dé una orden de esta naturaleza, de alguna manera inicia un proceso de extradición, con el fin de que sea juzgado en España por el delito del que se le acusa”.

 

Cada país investiga bajo sus leyes

Sin embargo, insiste en la necesidad de que cada autoridad investigue conforme a sus leyes, conforme a sus requisitos, que todo sea transparente para que no haya problemas. “El tema aquí es que al parecer hay muchas suspicacias y vertientes que se deben puntualizar, así como sucede en cualquier caso en el que se presuma un lavado de dinero con transferencias al extranjero”.

Al hablar sobre un posible juicio en España en contra del panista, el maestro en ciencias penales expone que cualquier persona tanto en México como en España puede ser investigada por anomalías en sus temas financieros o en sus balances; sin embargo, lo relevante, dice, es que sea la acusación que sea, en cualquier país se debe de contar con un soporte probatorio, pues de lo contrario no podrán prosperar.

Richter Morales señala que lo mas importante es que este tipo de investigaciones no se hagan públicas, pues se pueden llegar a violar muchos principios de la secrecía de la averiguación que tienen que ver con el principio de inocencia, “si una persona está involucrada, llámese como se llame, se le tienen que respetar sus derechos y citarlo a declarar. Pero en caso de no estar involucrada no se le puede crear un escenario político, pues de una u otra manera se pone en duda su culpabilidad”.

Explica que desafortunadamente muchas veces se ha utilizado el derecho penal para inmiscuirse en asuntos políticos, lo cual es muy lamentable, pues el fin de este tipo de actitudes es que son utilizadas simplemente para tratar de aniquilar a algún contrincante político.

Por lo que —dice— es muy importante distinguir si realmente se encuentra involucrada la persona que será enjuiciada, de lo contrario no se debe de mezclar la utilización de la procuración de la justicia en temas políticos

Ante la pregunta expresa de Siempre! de si, en caso de ser culpable, Ricardo Anaya deberá de ser juzgado en cada país que se le investiga, el también articulista del periódico El Universal afirma que todo depende de las leyes de cada país.

Por ejemplo, destaca que en Estados Unidos, en dónde se han abierto muchas investigaciones en contra de ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentran algunos exgobernadores, lo que aplica es que con el solo hecho de que el dinero se haya transferido vía el sistema bancario americano, Estados Unidos logra tener competencia para investigarlo.

En el caso de España, considera que al tratarse de empresas de nacionalidad española, la justicia de ese país obtiene competencia para investigar las operaciones financieras  que se realizaron a través de algún banco español pues se trata en sí de su sistema financiero.

“Lo que sucedió en España es que el símil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en ese país detectó operaciones inusuales, por lo que puso en conocimiento a la autoridad; sin embargo, debe haber pruebas que sustenten este tipo de operaciones, pero sobre todo que no sucedan en un periodo en el que se pueda dar una desviación electoral”.

Respecto a ciertos rumores, vertidos por Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, en torno a que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente canceló un evento en Estados Unidos porque tiene prohibida la entrada a dicho país debido a la investigación en su contra por presunto lavado de dinero, el penalista precisa que, al asumir competencia, Estados Unidos puede tomar ciertas medidas.

“Cuando una persona llega a su territorio, es detectada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente a fin de que declaren en relación con este tipo de investigaciones. Recuerda que un ejemplo muy claro fue el del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien al ser detenido no pudo regresar a México, sino que fue trasladado directamente a Estados Unidos”.

No se deben duplicar las acusaciones

El abogado que también se desempeña como activista reitera que en cuanto existe algún indicio de operaciones sospechosas se debe iniciar una investigación, pero es muy importante que las autoridades sean muy cuidadosas de no duplicar las investigaciones por los mismos hechos ya que se pueden llegar a violar derechos fundamentales de las personas.

En el caso de la compra y venta de la nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos en el que se encuentra inmiscuido Anaya, reitera que pese a que existen muchas suspicacias en torno a si se trata de lavado de dinero o si fue un enriquecimiento ilícito, las investigaciones tanto dentro como fuera de nuestro país deben ser muy serias, pues de lo contrario, como ha sucedido en otros casos, los acusados pueden ser exonerados.

“Ambas autoridades, la mexicana y la española deben de ser muy escrupulosos y serios, sobre todo tratándose de asuntos políticos. Pero en caso de haber indicios de que se haya cometido un delito pues adelante, que se investigue, siempre y cuando no se viole ninguna garantía en relación con las personas involucradas”.

Urge una fiscalía autónoma

Tras resaltar la urgencia de contar en el país con una fiscalía autónoma e independiente del gobierno, el abogado asegura que estos casos se podrían evitar: “al contar con una fiscalía  anticorrupción se podrían investigar una serie de asuntos en los que existan indicios de que se cometió alguna conducta que derive en utilizar el derecho penal, pero se haría de manera pareja, sin ninguna distinción”.

Indica que justamente en su libro El ciudadano, el enemigo y el Estado el aborda la tesis de que hay ocasiones en las que el Estado convierte a un ciudadano en su enemigo y utiliza el catálogo de delincuencia organizada para inculparlo.

“Son casos en los que se utiliza la legislación de delincuencia organizada en contra de alguien con el propósito de aniquilar a un contrincante. En el caso de los políticos este tipo de métodos son utilizados cuando el contrincante político es incómodo para el gobierno, Ahí se aplica lo que se conoce como derecho penal del enemigo para aniquilarlo a través de un procedimiento penal”.

Richter Morales explica que hay casos en los que el derecho penal es utilizado de manera indebida para dirimir, para aniquilar a ciertos ciudadanos que en ese momento son catalogados por el Estado como enemigos, “justamente eso es lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, que va en contra de un derecho penal  de derechos fundamentales que es garantista, el cual puede resultar muy peligroso”.

“Queda claro que no se debe utilizar el derecho penal, la procuración de la justicia para este tipo de asuntos. Reiteró que si hay responsabilidad de un político, que  lo investiguen y se pida la vinculación de proceso y que sea un juez el que decida. Pero lo que no se debe hacer es convertir un tema estrictamente de procuración de justicia en un tema político”.

La nave industrial y los 54 millones de pesos

* La empresa Juni Sierra S. de R. L. de C. V., propiedad de Anaya y su familia política, compra un terreno al empresario Manuel Barreiro Castañeda por 10 millones de pesos.

* Barreiro Castañeda contacta a dos operadores financieros para crear empresas fantasmas en diferentes partes del mundo.

* Los operadores financieros distribuyen 54 millones de pesos mediante la empresa Manhattan Masterplan Development  S. de R. L. de C. V, a través de una firma de servicios financieros denominada Tesorem, S. A. de C. V. principalmente en Canadá y Gilbraltar.

* De esta manera se simula la venta de una nave industrial que se encuentra en el mismo terreno que Anaya había comprado a Barreiro, por la que Manhattan Masterplan Development, S. de R. L. de C. V. paga los 54 millones de pesos a Juni Sierra, S. de R. L. de C. V.

* A través de este movimiento, el origen del dinero queda oculto en las operaciones de las empresas fantasma con las que fue triangulado.