Acapulco, Gro.- El anuncio de que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se promoverá un plan de pacificación, despertó nuevas expectativas en Guerrero, una de las entidades con mayor índice de violencia en el país y donde los intentos de pacificación han quedado en retórica.
Héctor Astudillo, gobernador de la entidad dijo que esperará la presentación del plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para emitir una opinión completa, aunque anticipó la disposición a sumarse a tal iniciativa.
Desde el inicio de 2018, Guerrero se ubica entre los primeros lugares en cuanto a la incidencia de hechos violentos como el homicidio y se ubicó durante el primer trimestre del año en curso, en el segundo después de Baja California.
Esta tendencia se mantiene a pesar del despliegue de decenas de miles de elementos de las fuerzas federales en los puntos que son considerados como focos rojos en el territorio de Guerrero.
Tampoco han funcionado las estrategias emergentes, que se engloban en esquemas generales como el plan de seguridad en los 50 municipios más violentos o la reactivación del programa nacional de prevención del delito.
Las autoridades han atribuido el repunte de la violencia a factores como la debilidad de las policías locales, la proliferación de armas de fuego, el sistema penal acusatorio e incluso los cambios de gobierno.
Como quiera se trata de un ola que continua elevándose a pesar de que en diferentes momentos se habla de llevar a cabo procesos de pacificación.
El 19 de octubre, como parte de su segundo informe de gobierno, durante el mensaje político que Astudillo Flores envió al congreso, convocó a los poderes Legislativo y Judicial, pero también a los alcaldes, a un Pacto por la Seguridad, porque reconoció que es muy complejo erradicar la violencia de los grupos criminales que se enfrentan en disputas por “mercados ilícitos”.
“No estamos cruzados de brazos ante los actos criminales que han segado vidas inocentes y de dirigentes políticos. Condenamos la violencia criminal y habremos de emplearnos a fondo para que en Guerrero haya justicia plena”, insistió el mandatario guerrerense.
“Conocemos el tamaño del desafío y por ello es necesario que los tres órdenes de gobierno actuemos en el frente de la ley. Nadie puede apartarse de tan elevada responsabilidad”, dijo Astudillo Flores e insistió en la necesidad de “un nuevo Pacto por la Seguridad de Guerrero”, al que convocó a los presidentes municipales y a los poderes Legislativo y Judicial y días más tarde se incluyó en las mesas de trabajo a diversos sectores sociales e incluso a las iglesias.
Se efectuaron mesas de dialogo, se sumaron las dirigencias de los partidos políticos pero nunca se precisó el contenido.
En distintos momentos los principales jerarcas de la iglesia católica en la entidad se pronunciaron por entablar un diálogo directo con las cabezas de los cárteles del narcotráfico, lo cual fue rechazado por diferentes voces del gobierno estatal a pesar de que el inicio de su mandato Astudillo Flores dijo tener esas intenciones.
En noviembre del 2017, Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa reveló que ha mantenido diálogo con los narcos para detener la ola de violencia en el estado.
En febrero de 2018, los sacerdotes Iván Añorve y Germaín Muñiz García fueron asesinados y se desató una nueva confrontación entre la iglesia católica y la secretaria de gobierno de la entidad quien insinuó la existencia de ligas de los sacerdotes con el crimen organizado.
Rangel Mendoza dijo haberse reunido con líderes criminales para pedirles que restablecieran el servicio de agua y electricidad a la región y en ese momento salió el tema electoral, donde les pidió que ya no siguieran matando a políticos.
“Ellos me prometieron que dejarían desarrollar las elecciones libremente, por lo menos en una zona, y que dejarían que ganara el que sacara la votación más alta.”
Ninguna política pública ha dado resultados, insistió el prelado. “Yo al menos estoy haciendo algo. No consideró que sea un delito buscar la paz” y condenó la pasividad de las autoridades ante la violencia cotidiana y las denuncias presentadas por los clérigos cuando son amenazados intimidados por los delincuentes.
Debe señalarse que en ese momento además, ya han asesinado a al menos 12 candidatos que buscaban un puesto de elección el 1 de julio.
En mayo de este 2018, elementos del Ejército y de la Procuraduría General de la República (PGR) desmantelaron un narcolaboratorio en el poblado San José, del municipio de Zirándaro, presuntamente propiedad de José Pineda, líder de los Caballeros Templarios en la región de Tierra Caliente de Guerrero, fueron decomisados más de 100 tambos de 200 litros de capacidad, con precursores químicos como tolueno, hidróxido de amonio, cianuro y acetona, utilizados para la elaboración de metanfetaminas.
La droga sintética es exportada a Estados Unidos desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a través de una red criminal que opera en las regiones de Tierra Caliente y Costa Grande, y que involucra a autoridades de los tres niveles con el narco, de lo que el gobierno federal tiene cocimiento desde hace siete años.
En febrero de 2018, sembradores de la sierra de Guerrero, aseguraron que con la entrada en Estados Unidos de un nuevo opiáceo sintético conocido como fentanilo, que es producido y vendido más barato por el Cártel de Sinaloa, se desplomó el precio de la goma de opio.
En la sierra de Guerrero el cultivo de amapola y la producción de goma de opio, emplea a familias enteras en mil 287 poblados al menos. Cuando hay grandes intereses económicos de por medio, la pacificación de la entidad parece una quimera.