Acapulco, Gro.- Guerrero sufre dos fenómenos que tendrán repercusiones en su vida económica: familias desplazadas y fuga de inversiones. Las primeras obligadas por la necesidad de sobrevivencia y asoladas por el terror. Las segundas por las continuas amenazas contra el patrimonio y la integridad física de quienes laboran en las empresas.
En el caso de los desplazamientos, las familias huyen del lugar después de un ataque dirigido hacia los habitantes de una comunidad y lo hacen, por lo general a municipios colindantes con los núcleos poblacionales que sufrieron el ataque. Los gobiernos municipales reciben a una población que no están en condiciones de atender.
No existe un régimen de protección que otorga el derecho para quienes se ven obligados a abandonar sus comunidades junto con su patrimonio. Son refugiados en su propia entidad pero sin que exista un protocolo que garantice la respuesta a sus necesidades para reiniciar fuera de sus municipios de origen.
Un nuevo desplazamiento masivo se registró en San Miguel Totolapan a consecuencia de la violencia que azota a la región de Tierra Caliente. Se trata de más de un centenar de habitantes de la comunidad Las Ventanas, municipio de San Miguel Totolapan, huyeron a la comunidad Serrana de Río Santiago, municipio de Atoyac de Álvarez. El 10 de abril pasado, otro grupo de habitantes, también de San Miguel Totolapan, procedente de las comunidades Laguna de Huayanalco y San Bartolo, llegaron al municipio cafetalero.
En los últimos cinco años, más de tres mil personas han sido desplazadas por la actividad delincuencial en la sierra de Guerrero. Los municipios afectados fueron San Miguel Totolapan, General Heliodoro Castillo y Apaxtla de Castrejón.
Las bandas de narcotraficantes están arrasando la zona y el despliegue policiaco y militar no constituye una solución, en tanto las autoridades gubernamentales minimizan los hechos.
Por ejemplo, el 17 de julio del 2013, más de mil desplazados de San Miguel Totolapan, que abandonaron cuatro comunidades, se concentraron en la iglesia de San Miguel Arcángel, en la cabecera municipal.
La administración del exgobernador Ángel Aguirre Rivero (PRD) atribuyó el movimiento de personas a “falsos rumores” de enfrentamientos y ataques.
También a raíz de la violencia, el 31 de julio de ese 2013 otras mil personas abandonaron sus comunidades, ubicadas en la parte baja de la sierra. Huyeron hacia las zonas altas para refugiarse en Huautla y Tlacotepec, esta última cabecera municipal de General Heliodoro Castillo.
En agosto de 2013, más de 200 personas desplazadas por la narcoviolencia de la comunidad de Las Shascuitas y Las Mesas del municipio de San Miguel Totolapan, se refugiaron en Tecpan de Galeana y el puerto de Acapulco, donde exigieron a los gobiernos federal y estatal su reubicación en una zona segura y apoyos económicos para “reiniciar sus vidas porque perdieron todo”.
En septiembre de ese mismo año se reportó un nuevo desplazamiento de 800 personas en la misma zona de la Sierra.
La misma situación de violencia obligó a 113 personas a dejar el poblado de Las Mesas II, municipio de San Miguel Totolapan y trasladarse al municipio de Tecpan de Galeana, donde se refugiaron en un plantel escolar.
Las autoridades de los tres niveles no han logrado revertir los efectos de la narcoviolencia que desplaza personas y convierte en fantasmas las comunidades serranas dejando una estela de muerte y destrucción.
Las empresas también huyen
También afectadas por la violencia delincuencial y las amenazas, existen empresas que decidieron poner tierra de por medio y retirar sus inversiones de la entidad en tanto no existan garantías para laborar en paz.
La empresa Bimbo-Marinela suspendió temporalmente la distribución de sus productos en 9 de rutas en Acapulco, porque los repartidores de la panificadora son víctima de asaltos y extorsión por parte de grupos delictivos, quienes dejaban que las camionetas repartidoras circularan solo a cambio del pago de una “cuota”.
La suspensión ocurrió, luego que dos camionetas de reparto de la empresa fueran incendiadas.
En lo que va del año, Bimbo ha sufrido 380 incidentes de violencia a nivel estatal, que van desde asaltos, extorsión, amenazas y ataques, de los cuales el 40 por ciento han ocurrido en Acapulco.
El 11 de junio de este año, Grupo Gepp, embotelladora de las marcas de PepsiCo en México, confirmó el cierre temporal de sus operaciones comerciales en el centro de distribución de Ciudad Altamirano, “al no estar presentes las condiciones requeridas para la continuidad de la distribución de su portafolio de productos al mercado” segpun su comunicado.
Este suceso se suma al freno de operaciones en Guerrero de empresas como Coca-Cola Femsa, que desde el 23 de marzo de 2018 cerró de manera indefinida su centro de distribución en Ciudad Altamirano, donde tenía alrededor de 160 colaboradores. Ello ha generado una pérdida de aproximadamente 30 millones de pesos (mdp) por mes en sus ingresos.
En 2014, a consecuencia de las movilizaciones violentas efectuadas los estudiantes de Ayotzinapa en demanda de la aparición de 43 de sus compañeros privados de su libertad desde los hechos de la noche de Iguala, y de las protestas de los integrantes de Coordinadora Estatal de Trabajadores de la educación en contra la Reforma Educativa empresas como Yoli de Acapulco y Coca Cola cerraron de manera definitiva.
De acuerdo con los datos de los organismos empresariales, existen además más de mil 200 empresas micro y pequeñas cuyos propietarios no pudieron huir pero debieron cerrar operaciones ante las amenazas de asesinato y secuestro o por el pago de piso.