La semana pasada se celebró el día del maestro y, con ello, se dieron un gran número de noticias para el sector educativo. El Presidente de la República publicó la reforma constitucional en materia educativa; se llevó a cabo, como cada año, una renegociación de las prestaciones laborales con el magisterio; y se publicó una investigación a cargo de México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en la que se señala que, si bien a partir de 2015, con la implementación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) que sustituyó al anterior Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), se redujeron las anomalías detectadas en un 95%, cada año al menos dos mil 529 millones de pesos destinados a la educación presentan irregularidades. Esto genera que 3 de cada 10 pesos usados de manera irregular con cargo a estos conceptos no sean recuperados. Es un ramo en el que cada vez se gasta más, en tanto la implementación del FONE ha representado un aumento de 9% en términos reales de los recursos que la Federación destina para el pago de la nómina educativa federalizada.

En ese contexto, se publica una nueva reforma constitucional en la materia, que deroga la “mal llamada reforma educativa” del año 2013. Este conjunto de modificaciones plantea un gran número de cuestiones que permiten afirmar que, no es del todo buena ni del todo mala. Es más, lo cierto es que, muchos de los elementos que derivan de la reforma acordada y adoptada en el seno del Pacto por México, siguen ahí, sobrevivieron. Tal vez en unos años, se lea como una renegociación con el magisterio; un punto medio. Sin embargo, muchos otras incorporaciones u omisiones son de especial preocupación. La primera deficiencia del dictamen aprobado es que, no se sustenta en el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Si bien el dictamen aprobado tiene una fuerte carga ideológica, los alumnos no figuran de manera destacada y sobre otros actores. Ello es grave en la medida en que, si esto no es lo que motivó la reforma, ¿qué fue? Es decir, si los menores no están en el centro de la política educativa, ¿entonces quiénes o qué intereses se sobreponen? Tales cuestionamientos, considero ponen en tela de juicio algunos absurdos en los que incurrimos como sociedad.

El dictamen amplía el alcance de lo que se conoce como educación obligatoria, que antes comprendía la preescolar, primaria, secundaria y media superior, ahora añadiendo la educación superior. En dicho sentido, se obliga al Estado a proveer de este tipo de servicio público. Esto parece inverosímil, considerando que aún siquiera se logra hacer realidad la reforma del año 2012 que añadió a este listado la educación media superior. No obstante, se añade una nueva responsabilidad, con todo lo que conlleva. Además, es extensa la literatura que permite afirmar, que el gasto e inversión por parte del Estado en educación universitaria es de tipo regresivo, en la medida en la que genera mayor inequidad. Es decir que, quien tiene menores recursos tiene una menor probabilidad de lograr llegar a cursar la educación superior. Por lo que, invertir dinero público en la prestación de dicho servicio, en términos generales, no beneficia a los menos favorecidos, sino que amplia la brecha de desigualdad. Caso contrario tratándose de la educación inicial y, por tanto, me parece que en dicho supuesto el decreto representa un gran avance. Ya que, a partir de su entrada en vigor, su goce será una prerrogativa por formar parte de la educación obligatoria. En el caso de este tipo de atención, ha sido demostrado que la formación del cerebro humano continúa hasta los primeros años de vida y que los conocimientos instruidos en esa etapa permiten potenciar la capacidad cognitiva de las personas, lo que además tiene impacto en sus habilidades a largo plazo y por el resto de su vida. Asimismo, es de celebrarse que el decreto prevea la educación inclusiva como principio rector que ordena su adaptación a las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos.

Sin embargo, la pregunta ante todo el escenario descrito es: ¿con qué recursos? Aquí advierto uno de los principales problemas. El dictamen aprobado lejos de proveer los componentes necesarios para sanear las finanzas públicas en materia educativa, agrava el panorama e, incluso, asfixiará aun más a las entidades federativas que no cuentan con recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones que el texto constitucional dispone. La razón de esto es que, en lugar de prever soluciones a la carga que representa el pago de la nómina educativa y establecer criterios claros de distribución de la misma entre la Federación y las entidades federativas, el decreto añade responsabilidades, que requerirán la erogación de más recursos y que repercutirán en la gestión pública necesariamente. Tal es el caso de la educación superior cuya obligatoriedad es atribuida no solo a la Federación, sino además a los estados e, incluso a los municipios. Será interesante lo que prevea la legislación reglamentaria al respecto, en tanto será el conjunto normativo que precisará la distribución de competencias que ya vislumbra la Constitución.

En cuanto al servicio profesional docente, tengo incertidumbre en torno a la forma en la que podrá implementarse exitosamente el nuevo “Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”. El dictamen promete no más evaluación “punitiva”, aunque existen datos que comprueban que el número de docentes que fue separado del servicio con base en la reforma impulsada por el Pacto por México, fue poco significativo. Es un hecho que la evaluación prevista por esa reforma no implicaba que, en automático, un docente que no aprobará sería cesado. Todo lo contrario, se le capacitaba y ante la reincidencia en su calificación reprobatoria, lejos del despido, se les asignaba a tareas administrativas, conservando su empleo. Incluso, la gran mayoría de dichos maestros fueron separados del cargo por su renuencia a evaluarse, no por sus resultados.

No obstante, la evaluación va, aun habiendo sido eliminado el componente de “permanencia” del sistema que aún comprenderá el ingreso, la promoción y el reconocimiento. Si bien no tendrán repercusión alguna en las relaciones laborales, las evaluaciones se conservan, y ello es benéfico así sea como un mecanismo de mero diagnóstico del desempeño de los profesores. Aquí también habrá que esperar a la Legislación reglamentaria de este nuevo sistema de carrera magisterial para identificar los alcances que esta evaluación tenga sobre la función docente. Con independencia de las consecuencias laborales, lo más importante es la implementación de medidas que, en respuesta a los resultados, permitan la debida capacitación y la atención de las deficiencias que se identifiquen.

Aprovecho el espacio para hacer dos anotaciones. En cuanto a la forma en la que está regulado el régimen transitorio: es un desastre. Derogar las disposiciones contenidas en las leyes reglamentarias e, incluso, de sus actos de aplicación, por la mera entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, generará vacíos normativos que ponen en riesgo la seguridad jurídica de todas las personas involucradas. Esto ante la dificultad que puede tener aprobar la totalidad de las leyes necesarias, previo al inicio del siguiente ciclo escolar. Además, me parece que la ya afamada referencia al apartado B del artículo 123 constitucional no tiene mayores implicaciones, ya que los docentes del sector público siempre han sido trabajadores al servicio del estado, eso sí, regulados por una ley especial que aplica sobre cualquier otra que sea de carácter genérico. Esto no se espera que cambie, máxime considerando que la propia Constitución ordena la expedición de la ley que reglamente el Sistema de Carrera referido, así que no veo razón para pensar que se permita el control sindical de plazas.

Por último, me parece lamentable la suerte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuya historia aquí termina. Un órgano con autonomía constitucional que tenía una vocación que no pudo cumplir, sin siquiera tener tiempo suficiente. Lo acontecido con esta instancia pública nos debe llevar a la reflexión sobre la legitimidad de la que adolecen muchos de estos organismos y cómo, en última instancia, quedan al arbitrio de las instancias electas popularmente, lo que a todas luces desvirtúa el propósito de su creación. Sigamos atentos que aquí no termina esta reforma, enseguida vendrá la aprobación del cúmulo de leyes necesarias para su implementación y, en ese momento, por la integración del Congreso, será necesario un sano y consciente activismo, desde la sociedad civil, que sirva de freno a la mayoría aplastante.