Con el resultado electoral del año pasado se ha pretendido sustentar un cambio de régimen por parte del Ejecutivo Federal. Se apela al mandato recibido en términos absolutos, haciéndose tabula rasa de la otra –prácticamente– mitad del electorado que optó por otras propuestas políticas, o de quienes no votaron. Tampoco se incorpora en forma coherente el comportamiento electoral de las seis entidades federativas donde hace apenas cuatro semanas se expresó la voluntad popular con dos elementos para el análisis: abstencionismo y disminución global del porcentaje de votación para Morena.
El líder del movimiento afirma su retórica polarizadora y hace girar la gestión en una idea y una estrategia: el rechazo absoluto a la corrupción, entendida en su vertiente de enriquecimiento personal de los servidores públicos, y la conformación de una base electoral nutrida por la entrega periódica de subsidios directos que alimentan la dependencia.
Cabe reconocer a cabalidad la determinación de actuar con integridad en el ejercicio de las responsabilidades públicas; la percepción del abuso es generalizada y están por verse las acciones para que quienes acumularon riquezas a costa del interés público, sean enjuiciados y sentenciados. Lo demás son fuegos de artificio que entretienen, pero no cierran el ciclo de la rendición de cuentas.
Dedicar los ingresos públicos a sustentar la clientela electoral del movimiento es otra cuestión. Al final, constituye una decisión meramente funcional al interés del caudillo en el gobierno, contraria al postulado del desarrollo integral y sustentable que fomente el crecimiento, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, donde se respeten la dignidad y las libertades de las personas. No hay mandato para el Gobierno subsidiador o para el Estado clientelar-electoral.
El problema es doble: los egresos son el reverso de los ingresos y éstos sólo se sustentan –en el mediano plazo– en una economía productiva y en crecimiento. Las personas en edad productiva que están en riesgo de desarrollar adicción al subsidio no encontrarán condiciones de desarrollo económico para trabajar y contribuir adecuadamente al producto nacional.
La idea del rechazo absoluto a la corrupción cohesiona. Sin embargo, la estrategia del clientelismo electoral significa una amenaza para el desarrollo. Su disociación está en el olvido del principio del imperio de la ley, del Estado de derecho, que implica ideas, valores, principios y normas para regir a los depositarios del poder público. El cambio de régimen se ofrece a costa del orden jurídico que obliga al gobierno, como garantía primaria de los derechos y libertades de las personas. Si la ley sustenta el cambio, se le elogia y se cumple. Si la ley establece cauces para la acción pública que no agradan y reconoce derechos frente al poder, se le increpa, se simula su cumplimiento o se incumple.
Al final, si el motor de la gestión son las ideas propuestas, su eje es el orden jurídico para dar cauce a esas ideas, porque la ley genera certidumbre y permite que surja y se mantenga la confianza.
Con todo lo discutible que resulte el proceso de creación de la ley y sus actores –el Congreso y su pluralidad y el Ejecutivo–, la exposición pública y el debate son reales y evaluables; y el producto constituye un compromiso de certidumbre para la sociedad: estas son las reglas y todos podemos saber a qué atenernos. Es un compromiso en el tiempo: en tanto no haya modificaciones, lo elevado a norma jurídica permanecerá y los efectos –salvo excepciones en lo penal– no son retroactivos; son de ahora para adelante.
Por eso suele ser tan intenso el proceso legislativo en sus aspectos políticos y parlamentarios. Se están pactando las reglas de conducta con aspiración de permanencia en el tiempo.
Pero generar la percepción de vivir bajo la tutela de la ley, de vivir en un Estado de derecho, sólo es factible en la realidad. ¿Se respetan los derechos y libertades establecidos? ¿Se cumplen las normas emitidas con carácter de obligatoriedad para todos? ¿Se aplica la ley por parte de la autoridad responsable?
En gran parte, la crisis del valor que nuestra sociedad le confiere a la ley se relaciona con la respuesta negativa a estas preguntas. La certidumbre deseada e incluso anhelada, se derrumba cuando no se respetan los derechos, no se cumple la norma vinculante y la autoridad no ejecuta las leyes.
Nuestro verdadero gran problema nacional y el punto más débil del nuevo gobierno en la construcción del Estado de derecho, pero no sólo en los ámbitos de su interés coyuntural, sino con una visión integral. Me remitiré a las pruebas con dos ejemplos: la cesión de la política migratoria a los EUA y la cancelación del NAIM en Texcoco.
Sin que pueda haber justificación a la imposición de la voluntad estadounidense, pretendidamente disfrazada de un acuerdo para “evaluar” cómo cumplimos con la tarea encomendada para evitar el flujo migratorio hacia el vecino del norte, uno de los argumentos racionales factibles de la contraparte pudo ser el cumplimiento de nuestra legislación sobre migración e internación de extranjeros al país. Véase el cambio del discurso gubernamental; pasó de los derechos humanos de los migrantes y las visas humanitarias, al lenguaje de exigir el conocimiento y registro de quiénes son y a qué vienen.
Nada justifica el haber cedido una política pública soberana, pero el hecho del dictado estadounidense bien puede descansar en la reclamación de la ausencia de aplicación de la ley, y el hecho de la conducta de la administración federal en el ánimo de justificar que –ahora sí– se cumplirá el orden jurídico. La paradoja: no es el imperio de la ley sino la construcción de un escenario para pasar el “examen” de quien de por sí vulneró el Derecho Internacional e hizo que el Ejecutivo mancillara los principios normativos de la política exterior que está obligado a cumplir.
Y la cancelación del NAIM en Texcoco. Con base en una consulta metodológicamente vergonzosa y carente de validez legal, el Ejecutivo Federal tiró por la borda una obra indispensable para el desarrollo nacional por una posición dogmática de su campaña: el nuevo aeropuerto favorece a la “mafia del poder” e incurrieron en corrupción. Sin embargo, hay dichos y no procedimientos; imputaciones al aire y prisa por inundar la obra. Se busca un símbolo: cancelar el aeropuerto en Texcoco y dejar que se aprecie como un triunfo contra la administración que lo impulsó, previamente percibida como falta de probidad.
¿Dónde queda el deber gubernamental con respecto a los contratos celebrados y las erogaciones realizadas? Se pagará una obra sin que al final se cuente con ella y se gastará en otra que no resuelve los problemas y tendrá un costo similar. El deber de administrar bienes y recursos económicos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos a los cuales se destinaron, comprende tanto lo que se recibe como lo que se emprende. La miopía de la cancelación viola el orden jurídico.
Sin imperio de la ley, las personas no sabemos a qué atenernos. Si además se ataca a quienes piden su respeto, la incertidumbre presente se profundiza. La prioridad de un discurso sin resultados y las decisiones ajenas a la ley mantienen la incertidumbre y la confianza deteriorada en la primera línea.