La conquista civilizatoria más relevante para las personas frente al poder público es la sujeción de éste a la ley. Como orden establecido que reconoce derechos, estructura órganos de poder y sus facultades y sostiene determinadas ideas, valores y principios para regir la comunidad, la Constitución es la expresión y la garantía de un sistema democrático; en particular, del acceso democrático a los cargos de representación popular mediante los comicios y del ejercicio democrático de las responsabilidades conferidas mediante la actuación apegada al orden jurídico.
Las contra caras del sistema democrático son el autoritarismo y la autocracia. Al escribirse estas líneas, el Congreso de Baja California –próximo a fenecer su mandato, y podrían haber actuado ya los Ayuntamientos– ha puesto en marcha el engranaje que conduce una reforma constitucional local que violenta la expresión de la voluntad popular de los ciudadanos de esa entidad federativa, al pretender ampliar el período de dos años para el que fue electo Jaime Bonilla Valdez, su futuro gobernador a partir del 1 de noviembre entrante, con el pretexto de que se ahorrarían el costo de la elección para renovar el poder ejecutivo en 2021.
Parece ridículo, pero en realidad hay peligro: las elecciones se celebraron con el conocimiento de que, en virtud de la reforma constitucional federal de 2014, al menos una elección local debe coincidir con la jornada electoral federal. Ello llevó a que el órgano revisor de la Constitución local estableciera que los comicios de este año para renovar los poderes legislativo y ejecutivo, así como los ayuntamientos, generarían autoridades con mandatos de dos años, de tal suerte que en el 2021, coincidentemente con la elección federal, se celebrarán de nueva cuenta las elecciones locales para renovar la totalidad de los representantes populares de Baja California y lograr –a partir de ese año– la coincidencia de las elecciones locales y federales en una misma fecha.
Así, mediante las reformas constitucionales locales del 17 de octubre de 2014, en Baja California se decidió dar cumplimiento de la modificación a la Ley Fundamental en el 2019 e iniciar la homologación de la totalidad de los comicios locales con la jornada electoral de los comicios federales, a partir del 2021. Por ello, estableció sendos mandatos atípicos modificados de dos años para los poderes legislativo y ejecutivo y los ayuntamientos que se votaron en junio pasado. Las disposiciones relevantes son los artículos sexto, séptimo y octavo transitorios de la reforma de 2014. En particular, la previsión que atañe al Ejecutivo del Estado, y que ahora plantean modificar, señaló: “Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá al 31 de octubre de 2021.”
Bajo esa norma se planeó y desarrolló el proceso electoral bajacaliforniano de 2018–2019. Por una razón básica de seguridad jurídica y de certeza electoral, la totalidad de la ciudadanía, las fuerzas electorales y las personas interesadas las candidaturas conocieron –con prácticamente 4 años de antelación al inicio proceso electoral– las normas de duración de los mandatos a conferirse por el pueblo en 2019 y sus implicaciones.
¿Por qué ahora se plantea la aberración de modificar el mandato del gobernador electo en la jornada del 2 de junio último? La trama está en la aparición de Morena en el espectro político nacional, su participación en los comicios federales y locales a partir del 2015, el resultado electoral que le favoreció en 2018 y en una actitud política muy marcada por favorecer a Jaime Bonilla Valdez, ahora gobernador electo, quien disfruta de la amistad y la diferencia de trato político del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aun con la negativa del Ejecutivo Federal sobre su conocimiento y anuencia para que en Baja California se plantee –usando todos los medios necesarios– la ampliación de la duración del mandato del Ejecutivo local, cuando la elección ya se realizó y ya se hizo la declaratoria del electo, ¿de verdad se pensará que puede ocurrir el despropósito de violar descaradamente la Constitución sin el aval presidencial?
No seamos ingenuos. Hay disposición para ampliar el mandato del amigo aún por encima de la voluntad popular. Si la norma constitucional se reformó y se estableció el mandato extraordinario de dos años y así se fue a los comicios, pretender ampliar su duración una vez realizada la elección, equivale a tomar la voluntad popular que deberá expresarse en 2021 y hacerla nugatoria; equivale a arrogarse una decisión que sólo corresponde a la ciudadanía bajacaliforniana a una distancia de dos años. Es algo demasiado profundo, con demasiada carga política y para favorecer a una persona demasiado cercana al presidente López Obrador. Estamos ante una actuación consentida, si no es que autorizada por el Ejecutivo de la Unión. Una conducta autocrática.
Pero veamos otros elementos y un escenario imaginario. En tres ocasiones previas se había planteado lo que ahora vivimos. Primero como amargo para hacer la reforma en pleno proceso electoral, detenida por la convicción de que sería declarada inconstitucional por la limitación de la vigencia con 90 días antes de iniciar el proceso, de las normas electorales a aplicarse. Luego dos interpretaciones sin sustento de la mayoría de los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que pretendían dejar sin aplicar la previsión transitoria del mandato de dos años para establecer la duración del cargo en seis años y que se revocaron en la Sala Superior del TEPJF; en uno de estos expedientes el interesado fue el ahora beneficiario de la reforma en proceso.
Y el escenario imaginario: ¿postular al amigo en 2019 o en 2021? ¿La expectativa de mayor fortaleza en 2019, frente al eventual cambio de condiciones en 2021? ¿Primero alguien de confianza del amigo para el mandato corto, el amigo como “súper delegado” y luego candidato en 2021 para el mandato de 6 años? ¿Ser o no ser candidato y cuándo? Se optó por la candidatura en este año y, con ello, su consecuencia. Pero se quiere todo: la elección y ampliación del mandato sin la voluntad popular.
Es absolutamente contrario a la Constitución modificar el período de desempeño de un cargo de elección popular cuando el pueblo ya votó. El pueblo ya decidió. Se falta a la más elemental certeza electoral y se carece de facultades para hacerlo.
La reforma es contraria a la prohibición de hacer “leyes” para beneficiar privativamente a una persona, y ésta tiene dedicatoria con nombre y apellidos.
La reforma es contraria la prohibición de dar efectos retroactivos a la ley en perjuicio de todo el pueblo de Baja California, al pretender sustraerle el derecho al sufragio activo en 2021 para la renovación del Ejecutivo local.
La reforma conculca el derecho de los bajacalifornianos a elegir gobernador en 2021 con el falso argumento de que se ahorraría el costo de esa elección.
La reforma constitucional que impulsa Jaime Bonilla Valdez es un atropello a la Constitución y una muestra del autoritarismo que permite Andrés Manuel López Obrador. Aquí sí está siendo muy juarista: “… a los amigos justicia y gracia”. Mucha, mucha gracia. Por elemental decoro debe detenerse. Si no lo hace, la Corte impedirá la violación a la Norma Suprema.
Ciudad de México, 10 de julio de 2019.