El cambio del laicismo del Estado
El nuevo proyecto de gobernabilidad instaurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el frente político de Morena, apostó por realizar un profundo cambio estructural de tales dimensiones que generara la Cuarta Transformación histórica del país. Dentro de este contexto se optó por dar un giro sustancial en la gobernanza institucional para modificar la relación tradicional que había mantenido el Estado mexicano desde el siglo XIX con los sectores clericales al separar la relación existente entre Estado e iglesia.
De esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 18 de marzo de 2019 que “estamos a favor de las libertades, no nos oponemos a que se manifiesten todas las ideas, inclusive las posturas religiosas. Somos parte de un Estado laico, pero también debe existir libertad en medios para que todas las creencias se expresen, porque, no perjudica. […] el que las iglesias, de todas las manifestaciones, tengan posibilidad de tener tiempos y espacios no lo veo mal. Incluso, todo un canal, toda una estación de radio”. Más adelante, el 16 de abril confirmó que “vamos a buscar la manera que se puedan destinar espacios y tiempos para las iglesias, y para todo lo que tiene que ver con la difusión de mensajes religiosos. El laicismo, significa no tener preferencia por una religión, significa respetar todas las religiones”.
También a lo largo de su gestión han sido constantes las referencias e inclinaciones morales públicas del presidente AMLO, del movimiento de la Cuarta Transformación y de algunos de sus funcionarios, apoyando la participación pública de las iglesias para evangelizar a la sociedad. Con ello, de forma disfrazada se cambió gradualmente la concepción y práctica de la laicidad del Estado mexicano y, se aceptó que las iglesias participaran intensamente en el espacio público mediático del país, con el fin que pudieran difundir sus diversas doctrinas a los habitantes través de los canales de difusión masiva.
Otorgamiento de medios de comunicación a las iglesias
Derivada de esta sutil transformación ideológico-política de la naturaleza laica del Estado mexicano, el 10 de abril el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó oficialmente la entrega al grupo evangélico La Visión de Dios A.C. un título de concesión única de espectro de “tipo social” para que pudiera operar una frecuencia de radio. Posteriormente, como complemento a esta acción, el 22 de mayo el IFT también autorizó a la misma institución otro título de concesión de “tipo único” para manejar por 30 años un canal de televisión por cable y satélite sin fines de lucro en la ciudad de Mérida, Yucatán. Tales aprobaciones se sumaron a la que anteriormente este grupo religioso ya había conseguido con la señal 101.9 FM en la misma región del país.
El establecimiento de dicha nueva política del gobierno de la Cuarta Transformación, fue profundamente contradictoria, debido a que, por una parte, el presidente Lopez Obrador tomó como modelo ideológico para su proyecto político la doctrina del prócer de la patria, Benito Juárez, cuyas Leyes de Reforma en 1859 sobre la relación Estado-iglesia y en 1860 sobre la libertad de cultos, consolidaron la segunda gran transformación histórica de México con la realización del movimiento de la Reforma, que logró la separación de la iglesia del Estado inaugurando para el país el advenimiento de una nueva era en la política, la economía y la cultura.
Sin embargo, paradójicamente en el año 2019 el gobierno de “La Esperanza del Cambio” introdujo un severo retroceso histórico al permitir que las iglesias nuevamente se empoderaran en el espacio público mediático para difundir masivamente su doctrina y ampliar su capacidad de fuerza ideológico política sobre la conciencia de la población.
Por otra parte, dicha política oficial del IFT fue inaudita pues infringió los artículos 24°, 40° y 130° de la Constitución Política Mexicana en materia de republicanismo y laicidad que formulan una clara división entre Estado e iglesia en México. También quebrantó el marco legal del Estado mexicano en el artículo 16° y 21° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Finalmente, por otra parte, lo más sorprendente fue que siendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones un órgano regulador autónomo que puede recurrir a diversos criterios para determinar la asignación de las frecuencias; en este caso actuó con muy poca independencia para defender los intereses de la nación, pues adoptó por unanimidad una interpretación excesivamente “literal” de las normas al sólo considerar lineamientos formales de aprobación y no los constitucionales.
Pese a esta desviación jurídico política el artículo 6° de la Constitución Política Mexicana señala con toda precisión que las concesiones y la radio difusión pública comercial o social debe ser plurales, diversas y deben transmitir contenidos veraces y oportunos. Por ello, cuando el regulador aceptó otorgar la autorización de telecomunicaciones a una corporación con un nombre religioso como La Visión de Dios y además sus auditorios eran evangélicos, quedó claro que se trataba de un organismo piadoso, y ante ello, el IFT no consideró el mandato de la Carta Magna y otras normatividades fundamentales, atentando contra el interés superior de la nación.
Con el consentimiento oficial de estas directrices opuestas a los fundamentos y a la tradición laica del Estado mexicano, el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación creó en el siglo XXI un clima etéreo de reestructuración de la naturaleza del Estado laico para repotenciar el poder ideológico y proselitista de las iglesias en el espacio público mediático de la nación mexicana.
Los medios como tribunas religiosas
El costo que representa que el gobierno haya autorizado, progresivamente más, espacios mediáticos y concesiones para las iglesias, será muy alto, pues en la medida que su presencia sea, cada vez más, masiva tendrán un impacto muy fuerte sobre la política, la cultura, la moral, el comportamiento ciudadano, la conformación familiar, etc. Así, por ejemplo, se corre el enorme riesgo que se difunda un pensamiento más conservador para reforzar el rol subordinado del sector femenino; acentuar el modelo jerárquico-patriarcal-autoritario de la familia tradicional; combatir la ideología de género considerada como una desviación juvenil; cuestionar severamente el derecho de las mujeres sobre su maternidad; desconocer las garantías de la diversidad sexual; censurar los derechos reproductivos de los ciudadanos; discriminar a grupos que no pertenecen a la misma religión; combatir las luchas libertarias de mujeres y homosexuales; quebrantar libertades ya conquistadas después de muchas décadas; confinar autonomías mediante obsesiones milenarias; moralizar confesionalmente a las comunidades; etc. Todo ello, contribuirá de manera muy relevante a provocar fisuras en los cimientos de la pluralidad y la diversidad de nuestra nación.
Es decir, se fortalecerá sustantivamente una mentalidad medieval que no se basa en razones analíticas o científicas, sino en prejuicios ancestrales protegidos por dogmas de fe y la fuerza del poder. Con ello, se vulnerará la fundamental separación histórica entre iglesia y Estado y se debilitará la indispensable diferenciación entre política y religión, lo que nos regresará al siglo XIX ya superado con muchos sacrificios cruentos que pagó la sociedad mexicana en etapas históricas anteriores.
Por todo ello, el gobierno mexicano debe rectificar su actuar porque los concesionarios de los medios electrónicos están obligados a respetar los preceptos que señala el artículo 6° de la Constitución Política Mexicana que indica que la radiodifusión es un servicio público de interés general y no de adoctrinamiento político o religioso; y deberá contribuir a realizar los fines establecidos en el artículo 3° constitucional que señala que la educación que imparta el Estado garantizará “la libertad de creencias, la educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
De lo contrario, de no corregir el gobierno de AMLO/Morena el rumbo conservador trazado sobre la laicidad del Estado mexicano; en la segunda década del siglo XXI no se realizará la Cuarta Transformación Histórica, sino lo que se construirá en México será la Cuarta Deformación Histórica.