Mal empieza la semana a quien ahorcan el lunes. Así ha ocurrido con la designación de la señora Rosario Piedra Ibarra, quien –a sangre y fuego parlamentarios– preside la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a partir del viernes pasado. En un procedimiento susceptible de observaciones y que seguramente será impugnado, ¿por qué la mayoría de Morena en el Senado llegó al extremo de destruir las necesarias certeza jurídica, confianza ciudadana y legitimidad de origen de quien tiene a su cargo la función de proteger los derechos humanos, con base en la indispensable autoridad moral?

Pero, aún más, ¿por qué una dirigencia que se ha esmerado en construir entendimientos y acuerdos, ha colocado en grave riesgo el diálogo y la convivencia democrática de la pluralidad del Senado?

¿Es de tan alto valor para la administración de Andrés Manuel López Obrador la designación de la hija de doña Rosario Ibarra de Piedra? Quizás sí. Sin embargo, parece una estrategia inadecuada reducir a una sola persona las opciones viables, cuando la designación requiere el acuerdo de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores.

Conviene ver el árbol, pero sin perder la perspectiva del bosque. Estamos ante un paso más del proceso de centralización del poder en torno al Ejecutivo Federal para impulsar su propuesta excluyente de gestión pública para la Nación.

Primero lo evidente y su utilización: la mayoría en la Cámara de Diputados sin sustento en la votación y contra el límite de la sobrerrepresentación, y la conformación de alianzas para la mayoría en el Senado. Luego los órganos en los cuales para los nombramientos de sus integrantes actúan esas mayorías de las Cámaras. El diseño es de tablero, pero los tiempos generan los ajustes en las actitudes de todos los actores; uno era el ambiente para Gerardo Esquivel y su nombramiento en el Banco de México en enero de este año, otro para Josefina Román en marzo pasado para el INAI y uno muy distinto al arribarse a la votación para la CNDH.

Por supuesto que todo gobierno busca integrar los órganos a cargo de funciones públicas con personas que compartan la visión que se impulsa a través del ejercicio del poder, pero cabe apreciar la diferencia de la relación con las funciones mismas de un colaborador al interior de la administración y con las personas integrantes del Poder Judicial o de los organismos constitucionales autónomos, e incluso de los órganos reguladores coordinados en materia energética.

Se aprecian con ópticas distintas los nombramientos de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de la Función Pública, o de los empleados superiores de Relaciones Exteriores o de Hacienda, y de los órganos con competencias que histórica y políticamente se sustrajeron del poder ejecutivo de la Unión para limitar los ámbitos del presidente de la República en todas ellas y, hasta entonces, con distintas discrecionalidades.

Por diversas vías ha imperado la voluntad de sujetar, someter e incluso desaparecer los espacios de autonomía. ¿Muestras? La amenaza legislativa de reducir periodos de desempeño, aun cuando la Corte resolvió la constitucionalidad de la extensión, en el caso de cuatro integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Las presiones de distinta índole para generar renuncias, como los casos del Ministro Eduardo Medina Mora y el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, o para remover a Gonzalo Hernández Licona como secretario ejecutivo del CONEVAL. Y la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La autonomía de los organismos que la disfrutan por determinación constitucional estorba, porque tienen mandatos y ejercen sus atribuciones con base en principios que no necesariamente se adecuan a los objetivos de la narrativa y de la acción de la administración federal. No hay posibilidad de financiarse con el Banco de México; no hay posibilidad de procesar y publicar la información estadística conforme acomode; no hay posibilidad de mantener en reserva la información que debe ser pública; no hay posibilidad de atemperar la competencia económica, en general o en el sector de las telecomunicaciones, que ha de existir en los mercados; y no hay posibilidad de dictar las determinaciones en los litigios contra la administración.

El camino es la reconformación de esos órganos para que compartan la visión y los objetivos del Ejecutivo, y no me refiero sólo a que valoren positivamente el criterio de las remuneraciones en los términos expuestos por ese mandatario.

En esta línea, la continuación la veremos en el INE. A los varios amagos de reonfigurar a la institución –nuevo Consejo, sustracción de facultades y disminución de recursos– se agrega ahora la pretensión de reformar la Constitución para modificar el período del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, quien fue electo para 9 años en abril de 2014. Es pirotecnia, pero peligrosa. En realidad parece prepararse el escenario para la renovación de los encargos conferidos en ese abril a los consejeros Enrique Andrade, Marco Antonio Baños y Benito Nacif, y a la consejera Pamela San Martín. Y se buscará la comodidad para la administración federal en la materia, como se obtuvo con Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República y ahora con la señora Piedra en la CNDH.

¿Por qué andar en reversa? ¿Por qué buscar el debilitamiento de los organismos autónomos y sujetarlos o capturarlos de alguna forma? Sí, por la aspiración de acumular y de concentrar poder, pero también, y más a raíz de las complicaciones más que evidentes en el tema de la seguridad pública y de las dificultades de desconocer los principios de la economía pública, el entorno económico internacional y la necesidad de generar confianza en los inversionistas y los agentes productivos, por el deseo de que su propuesta y sus planteamientos políticos no puedan revertirse fácilmente.

Más allá de la imprudencia del Ejecutivo de la Unión de dibujar su preferencia por quien deseaba para presidir la CNDH y que, ante los hechos, se adoptó como norma por los senadores de Morena, se llegó a extremos no explorados: tres votaciones por acuerdo parlamentario, cuando la ley dispone una; diferimiento de la tercera votación más de una semana; proclamación de la elección sin que se alcanzaran las dos terceras partes (76 votos de 116 senadores presentes); pretensión –¿o simulación?– de repetir la tercera votación, cuando ya se había dado y la terna había sido desechada, y toma de protesta cuando procedía conformar una nueva terna.

Es un árbol en llamas que merece ser aliviado, pero la aspiración y la sistemática puesta en marcha es por el bosque. Es la voluntad de poner esos ámbitos de autonomía bajo la égida de Andrés Manuel López Obrador. Estos y otros engranes de la maquinaria conducen a la misma batuta. Lo ocurrido con la CNDH y lo que se prepara para el INE equivalen al Rubicón. Alia iacta est. Los partidos y las organizaciones de la pluralidad cada vez más excluidas de la posibilidad de contribuir a la tutela de asuntos de interés nacional, como la soberanía, en sus vertientes interna frente a la delincuencia organizada, y externa frente a las imposiciones de los EUA, están llamadas a hacer síntesis de realismo y ubicación. Sin una amplia alianza de fuerzas en minoría para la renovación de la Cámara de Diputados, el bosque se incendia y se va.