Para gobernar durante el periodo 2018-2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el frente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) plantearon la necesidad de crear un nuevo Proyecto de Nación que produciría un cambio profundo en las principales áreas de gobernabilidad, funcionamiento y desarrollo del país para consolidar la Cuarta Transformación de la historia de México. Además de la inclusión de distintas políticas estructurales para la reestructuración amplia de la República, en el ámbito de la cultura y de la comunicación, se propusieron diversos fundamentos básicos que serían la brújula del proyecto de país.
Así, en cuanto a la situación de los medios públicos, el 23 de enero de 2019 el gobierno morenista anunció la reorganización de los medios de comunicación públicos para crear un nuevo orden de comunicación nacional en México. Con este fin, se formuló la integración de todos los medios públicos del gobierno mexicano en una sola coordinación nacional armónica para crear una orientación editorial, política de contenidos, producción conjunta con otras entidades que mantuviera como propósito informar profesionalmente con objetividad, profesionalismo, sinergia, independencia, libertad, absoluta autonomía de cada medio, sin que exista injerencia, censura, línea, consigna o control por parte del Estado en la información que se transmita.
Para fortalecer dicho trascendental avance histórico, el actual gobierno también contó con el respaldo jurídico del Artículo 10° Transitorio de la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones, que desde el año 2013 aprobó que “los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”. Con este objetivo, se estableció el compromiso institucional de crear una ley específica sobre los medios de comunicación públicos que les dotara de un estatuto jurídico para operar como instituciones del Estado mexicano y no como herramientas propagandistas para legitimar los intereses del poder político en turno.
Sin embargo, pese a las demandas manifestadas por la sociedad civil durante más de siete décadas para fortalecer a los medios públicos y, a los avances logrados en el año 2013 en dicha materia con la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión; paradójicamente quince meses después de la gestión del nuevo gobierno de izquierda de AMLO/MORENA, no se ha creado la nueva ley de medios públicos que les permita actuar con plena independencia, autonomía, garantías ciudadanas, reglas de transparencia, expresión de diversidades ideológicas, étnicas, culturales, etc.
A través de dicha estrategia de dilación, se toleró la continuidad de un “limbo jurídico” que permitió que los medios de Estado en la realidad no evolucionaran de su fase oficialista anterior que los conducía a operar como instrumentos de información subordinados a los requerimientos, ambiciones y caprichos del poder en turno; y no en base a las necesidades comunicativas de los ciudadanos. Es decir, permanecieron actuando como medios de gobierno, y no como canales de comunicación independientes, con financiamiento propio, comprometidos con la realización de la comunicación de servicio público para el avance de la conciencia de las comunidades nacionales.
Con dicho abandono jurídico, se limitó sustantivamente el desarrollo de los medios de comunicación de Estado, al constreñir sus funciones de comunicación social a una tendencia “oficialista”; quedando imposibilitados de ejercer el pleno ejercicio del derecho a la información, su vocación como medios de comunicación de servicio público, diversidad de otras programaciones, ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones como internet, triple play, etc., a menos que transformaran su actual estructura normativa.
Mediante dicho posicionamiento del Estado mexicano renunció a su responsabilidad de atender las principales necesidades comunicativas de la sociedad mexicana y permitió que en la realidad concreta los medios de comunicación públicos no avanzaran como lo consignó la Constitución Política Mexicana y la Reforma de las Telecomunicaciones en el 2013, manteniendo su comportamiento como instituciones subordinadas a los fines del poder burocrático en turno. Con ello, el Estado consintió que se vulneraran las bases culturales fundamentales que requiere la comunidad nacional para contar con la indispensable comunicación de servicio público para gobernar para todos como poder republicano democrático en el país, y no sólo para proteger a un pequeño segmento de intereses de las fracciones políticas dominantes.
Al respecto es necesario enfatizar que la razón de existencia de los medios de comunicación públicos, no es para defender o legitimar la imagen del gobierno en turno; tampoco para competir con los medios comerciales privados; tampoco para actuar como aparatos ideológicos de Estado para compensar propagandistamente los “errores” o desgastes derivados del proceso de gobernabilidad; tampoco para entregárselos a los amigos a los cuales se les debe favores políticos o electorales; tampoco para difundir información parasitaria o basura para justificar su existencia; tampoco para crear una “cultura del consumo” rentable; sino su misión esencial es actuar como herramientas para colaborar a construir todos los aspectos que implican la conformación del proyecto histórico de la nación, de democracia, de ciudadanía y colaborar subjetivamente a mejorar las condiciones de vida de la población.
En síntesis, al igual que las administraciones anteriores, el nuevo gobierno de izquierda morenista populista continuó renunciando a su responsabilidad de impulsar la creación de un modelo de comunicación de servicio público que propice el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo del país; y permaneció conservándolos como aparatos ideológicos de Estado para fortalecer propagandistamente su dinámica de gobernabilidad. A través de ello, paradójicamente, se consintió qué en la segunda década del siglo XXI, en plena etapa de la “modernidad”, en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial y, en el intenso proceso de cambio de régimen político en México; asombrosamente, una vez más, la historia del retroceso comunicativo, se volvió a repetir.
Acerca del autor: “Profesor Distinguido” de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Ciudad de México, jesteinou@gmail.com