Nuestro país está inmerso en la emergencia sanitaria derivada del SARS CoV2 (Covid-19). Las medidas de mitigación y de contención para evitar el contagio y la velocidad del mismo, como consideración preventiva a la presión insostenible sobre el sistema nacional de salud, han generado múltiples consideraciones en los ámbitos político, económico, social y cultural de nuestra Nación. La normalidad del quehacer social se ha trasladado a un futuro cuyo arribo depende precisamente de lo que hagamos ahora.

Sin duda parece un escenario para volver a las cuestiones esenciales y a las determinaciones básicas. La amenaza sobre la salud pública y sus consecuencias en la economía recomendarían concentrar la acción en tres elementos fundamentales: a) las previsiones para la atención de quienes sean contagiados, especialmente por la capacidad limitada del personal profesional de la salud y de las instalaciones hospitalarias para quienes por la gravedad de sus síntomas requieran internarse y recibir cuidados especiales e incluso terapia intensiva, que incluye la protección y cuidado de dicho personal; b) las medidas para evitar consecuencias mayores en el empleo, los ingresos de las familias y la capacidad productiva del país; y c) las condiciones de gobernabilidad en una Nación plural con la distribución de las funciones necesarias para hacer frente a la emergencia, tanto entre poderes, como entre órdenes de gobierno.

Y quizás cabría empezar la reflexión por este último elemento: la capacidad política para propiciar la convergencia de poderes con funciones vinculadas a la emergencia, y de la concurrencia de la Federación y las entidades federativas para proteger la salud de las personas, así como para generar condiciones propicias al desarrollo económico.

Es el sentido directivo de la actividad política para toda sociedad lo que generó la formulación de distintos planteamientos al presidente de la República y su ubicación privilegiada en la estructura constitucional, para diseñar e impulsar una estrategia de entendimientos amplios entre todos los sectores de la vida nacional, a fin de alcanzar un gran acuerdo de voluntades y acciones para evitar -en lo mayormente posible- daños a la población.

La mejor posibilidad de actuar es con unidad en el propósito nacional de cuidar la salud y la reactivación de la economía al concluir la pausa obligada por el distanciamiento físico que previene el contagio. Y ello requiere acuerdos amplios.

Hasta ahora no sólo no vendrán con base en la convocatoria que muchos pensaron debió formular el Ejecutivo Federal, sino que éste asume con insensibilidad las expresiones de actores con capacidad para contribuir a las soluciones y, además, alardea y reta para afirmar que las acciones que ha adoptado son no sólo las necesarias sino suficientes.

Dos espacios de atención: el distanciamiento con el ámbito que aglutina una representatividad importante el sector privado, al señalarse desde la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial que el Ejecutivo les había cerrado la puerta del diálogo, y la desatención a las inquietudes y planteamientos de los gobernadores de diferentes Estados sobre las previsiones y capacidades de orden sanitario y económico, al grado de pronunciarse algunos por la revisión del Pacto Fiscal para el ejercicio de las potestades tributarias en coordinación con la Federación.

La preocupación es evidente, pues la superación de la pandemia demanda la concertación de voluntades y la construcción de acuerdos en esos ámbitos.

No es momento de distanciamientos y menos de confrontaciones; hay valores superiores a los legítimos intereses del sector privado y a las, también legítimas, diferencias de propuesta y actuación de mandatarios ejecutivos locales con programas que no coinciden con la orientación ideológica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es cuestión de ordenar las prioridades.

En toda su crudeza, el escenario de la pandemia es grave. Si bien con un retraso sospechoso, el vocero gubernamental sobre la enfermedad y las acciones necesarias -doctor Hugo López-Gatell- reconoció la semana anterior que la proyección de los casos confirmados de contagio requiere multiplicarse por 8.2 para estimar con relativa certeza el número real de personas infectadas. Ello implica la seriedad de la expansión de la enfermedad entre nosotros. Así, se estima que al principiar esta semana había más de 40 mil personas infectadas y la presión consecuente que crece para el sistema de salud.

Ante esta realidad, ¿cuál es el sentido de que en vez de construir entendimientos indispensables para enfrentar la pandemia, el presidente la República proponga acuerdos para anticipar la aplicación de la figura de la revocación del mandato que le fue conferido en ocasión de la elección federal del 2021, y no en términos de la reforma constitucional publicada apenas en diciembre de 2019? ¿Qué caso tiene plantear una cuestión eminentemente electoral y de disputa por el poder en estos momentos?

Más aún, si esta propuesta presidencial está inspirada en que las condiciones se han modificado en menos de cuatro meses y es dable revisar los tiempos para consultar al pueblo si le revoca el cargo en 2021 y no en 2022, ¿no aparece con mayor nitidez que ese cambio de condiciones requiere una disposición distinta para el ejercicio del cargo, por ejemplo, dejar de lado la polarización y la confrontación?

Si en su planteamiento se reconoce que las condiciones se han modificado, ¿por qué insistir en la descalificación y en el reto? Porque el propósito es distraer a la sociedad y la atención de quienes la conformamos con una cuestión distinta a la comprensión y evaluación de la capacidad de las instituciones públicas para enfrentar la pandemia y sus consecuencias.

Se busca la posibilidad de afirmar enemigos para eludir la construcción de los acuerdos necesarios; se busca la posibilidad de proyectar que, ante las críticas a una estrategia que no convence, quienes piensan distinto no hacen pausa en un momento de emergencia y pretenden vulnerar la acción gubernamental; se busca la posibilidad de que en la pluralidad política se dejen de hacer crítica y propuestas sobre la solución de la emergencia, para concentrarse en un propósito político-electoral que riñe con el objetivo de atender la pandemia.

En vez de concentrar esfuerzos en los entendimientos y acuerdos que requiere la Nación, el Ejecutivo Federal se inclina por gesticular, simular y alardear para distraer. No hay seriedad ni madurez cuando en medio de la emergencia se buscan confrontaciones que hoy son por demás estériles. El cambio de condiciones no reclama la revisión de los tiempos para la revocación del mandato, sino la articulación de acuerdos que permitan revisar el modelo centralizador y autoritario que practica el Ejecutivo Federal y que se perciben como ingredientes de graves retrocesos.