El titular del Ejecutivo Federal continua con una actitud retadora, con su discurso de todos los días, el mismo que repite sin cansancio en la conferencia de prensa matutina diaria, ese que busca la polarización y ponerlo a él en el centro. López Obrador no cede porque sabe que su autodenominada “Cuarta Transformación” se está venciendo ante la realidad. En este momento, debería comprender que si no le da una salida al pueblo de México a la crisis sanitaria, económica y de seguridad no habrá transformación.
No es claro por qué esperar hasta el mediados del mes de mayo para presentar y, en el mejor de los casos, implementar las políticas que serán necesarias para aminorar el impacto económico. Si su política es realmente a favor de las personas en situación de pobreza, debería comenzar a caer en cuenta que será necesario aumentar el nivel de deuda para afrontar este escenario y proteger a los más desfavorecidos con programas de rápida ejecución. Por ahora, el presidente se muestra obstinado a no contraer mayor deuda, pero sí opta por liquidar todos los activos del Estado a su alcance.
Los programas sociales no son una respuesta efectiva a la emergencia que actualmente atraviesa nuestro país. Aunado a esto, de nada sirve formular promesas que no puede cumplir. Como anunciar que se crearán dos millones de empleos en nueve meses (lo que resta del año). Si no pudo lograr esto en su primer año, menos en este escenario. Más inverosímil si la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social anuncia la pérdida, entre el 13 de marzo y el 6 de abril del presente año, de 346,878 puestos de trabajo.
¿Pero qué hay detrás de dicho comunicado? Se podría pensar que esta Administración se perjudica a sí misma, denotando su incapacidad para fomentar el empleo. No obstante, lo que este gobierno está implementando claramente es una estrategia de culpar al sector privado, al capital; entrando una vez más en esa polarización que mide le favorecerá entre ricos y pobres. ¿Por qué si las cifras corresponden a personas afiliadas ante el IMSS, no fue su Director quien presentó dicha terrible noticia? Porque además dicho número se refiere, de nuevo, al sector formal, que no representa ni la mitad de la ocupación en nuestro país. Lamentable que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sea relegado, tomando provecho de la suspensión que tuvo que anunciar de diversas encuestas por la contingencia, dentro de las cuales destaca la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Sobre el tema, el presidente no tiene reparo en los derechos de sus propios trabajadores. Castiga más a los servidores públicos, amenazando con tomar su aguinaldo (que es un derecho en ley) aunado a una mayor reducción salarial, lo que además de la ley, violaría el Presupuesto de Egresos de la Federación, dado que se trata de recursos presupuestados y previstos en tabuladores definidos por año.
¿Dónde quedó su izquierda? ¿Por qué no hay transferencias o apoyos a toda la población que garanticen el mínimo vital? Gobiernos de todo el mundo, con independencia de su ideología política han anunciado este tipo de políticas. En fin, habrá que esperar a mediados de mayo, a ver si para ese momento se deja de lado un plan personal de gobierno, con miras una pronta recuperación económica.
En materia sanitaria, se siguen sumando los actos arbitrarios de parte del sector salud, tanto de la Secretaria de Salud como del Consejo General de Salubridad General. Ni hablar de los de las demás Secretarías federales, por ejemplo, la de Trabajo y Previsión Social o la de Turismo.
A la fecha, continúa vigente en nuestro país una política sanitaria que desestima la necesidad de realizar un mayor número de pruebas. En cambio, se presenta información obscura y contradictoria. Primero se afirmó que el número total de estudios médicos (casos confirmados, sospechosos y negativos) era equivalentes a la cantidad de pruebas. No obstante, esporádicamente, se opta por reportar el número total de pruebas de SARS-CoV-2 desde que llegó dicho virus a nuestro país.
El hacer más pruebas implica tener una mayor muestra, con mayor representatividad y, a su vez, lograr una mayor contención. La realidad que no sabemos a qué nos enfrentamos, dado que es razonable pensar que el número real no está acerca al estimado aun por el modelo Centinela, en parte por un número paupérrimo de pruebas. Esto último se comprueba por el aumento de contagios en trabajadores del sector salud.
A esto se suma la escalada de deplorables agresiones físicas y verbales en el país en contra de personal médico. Ante ello, trasciende un anuncio de la autoridad en el que se amenaza con pena de prisión a quien cometa dichas conductas, por actualizarse el delito previsto en el artículo 189 del Código Penal Federal. Por supuesto, debe haber tolerancia cero frente a este tipo de agresiones.
Es increíble que se trate así a quienes ponen en riesgo su integridad para velar por la salud de la población. Sin embargo, ello se debe hacer mediante vehículos de sanción que sean eficaces. Me parece que difícilmente se podrían tener por acreditados los elementos del delito referido. Por otro lado, existen delitos como los de lesiones que podrían ser aplicables aunado a otros tipos penales o sanciones como el delito de discriminación en la Ciudad de México (también previsto en el Código Penal Federal).
Sobra decir que a la autoridad le toca garantizar la integridad de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, en el sector público o privado. Los autobuses que se han implementado, iniciando en la Ciudad de México, son excelente idea. Mismo caso, tratándose de las medidas para reforzar la seguridad en los centros de salud. Adicionalmente, ante estas conductas, si no existe sentido común en una porción de la población, el Estado debe implementar, cuanto antes, campañas que generen una mayor empatía con la labor de los trabajadores del sector salud.
Como también es indispensable garantizar que tengan suficiente equipo de protección personal, es su derecho. Lo señaló con claridad en el mes de marzo el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “No podemos detener la COVID-29 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios.”
En este contexto, surge una arbitrariedad más, me refiero al documento titulado “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”, que fue publicado por el Consejo de Salubridad General, previendo futuras posibles circunstancias en las que la capacidad existente de cuidados críticos esté sobrepasada, o cerca de ser sobrepasada, y no sea posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud donde puedan ser atendidos de manera adecuada.
En primer término, los sistemas regionales y universales, así como la jurisprudencia nacional han sido contundentes: todas las personas tienen derecho a la vida y a la salud, lo que engloba acceder a intervenciones médicas que garanticen dicho derecho. La responsabilidad corre a cargo del Estado y esta pandemia no debe dar lugar a discriminación de ningún tipo.
El documento arbitrariamente discrimina en razón de la edad. Segundo, el documento que se circuló y que se publicó en el comunicado no es una norma jurídica. Lo elaboró el Comité de Ética del Consejo. Atención con esto a las y los integrantes de servicios médicos, dado que pueden caer en mal praxis y responsabilidad por negligencia en caso de actuar aplicando dicho protocolo. Inclusive, dichas conductas pueden ser constitutivas de delito, como el de abandono, negación y práctica indebida del servicio médico (artículos 324-326 del Código Penal para el Distrito Federal ahora Ciudad de México), así como el delito previsto en el artículo 469 la Ley General de Salud.
Por último, el Consejo de Salubridad General debió en todo caso emitir un acuerdo al respecto y publicarlo. Esto permitiría la revisión por parte de la autoridad judicial que, quiero pensar, se pronunciaría contundentemente sobre su inconstitucionalidad por ser contrario a la dignidad humana. La forma hasta el momento no es la correcta. En lugar de dar seguridad a la población, generan desinformación y vuelven viral un documento que, sinceramente, a primera vista parecía “fake news”. Un desliz más, otro descuido que denota falta de cuidado y de diligencia. Hoy más que nunca nuestras autoridades deben dotar de certeza a la ciudadanía, ponerse de acuerdo y, al menos, coordinarse en el ejercicio de sus funciones; lo contrario podría costar más vidas de las que ya de por sí está cobrando esta terrible pandemia.
Es hora ya de que el Presidente se deje de ocurrencias, de discursos polarizantes y que empiece a plantear medidas que garanticen el acceso de todas y todos a los servicios más básicos y verdaderamente considerar a todo tipo de poblaciones.
