Los propagandistas del gobierno actual, como los de todos los Estados y sus  correspondientes gobiernos, aquí y en China, antes y ahora; tratan de vender baratijas a precio de oro.

Ese es precisamente el caso de pretender convertir una gestión restauradora, en una “revolución”.

Esa estafa está teniendo un éxito relativo, tanto entre sus seguidores, lo cual es lógico, e inusitadamente entre algunos de sus opositores del “circulo rojo”.

En un polo se colocan los “defensores del proceso revolucionario”, llamando al “pueblo” a derrotar a los “conservadores” y frenar “el golpe de Estado blando”.

No existe un solo dato para sustentar a existencia de un proceso de ese tipo.

Todo lo contrario.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, realiza una política rigurosamente apegada a los dogmas del llamado neoliberalismo.

Ha realizado un corte presupuestal, en las cuestiones centrales:  educación, salud, empleo, vivienda, inversión en fomento industrial y otras.

Contrariamente a lo ofrecido durante su larga campaña por la presidencia, iniciada desde su gobierno del Distrito Federal, hace 20 años; acabar con la “mafia del poder”, exterminar la “corrupción”, poner fin a la “guerra de Calderón y Peña Nieto”, por lo tanto, regresar “a los cuarteles al ejército y las fuerzas armadas”, poner “fin al neoliberalismo”, combatir las agresiones al medio ambiente y defender a las comunidades originarias de campesinos e indios contra los proyectos de “extractivismo” y “modernización”, defender a las Universidades fortaleciendo su condición de Autonomía establecida en el artículo Tercero de la Constitución, enfrentar al “charrismo sindical” estableciendo en el medio laboral una legislación y una política promotora de la Libertad Sindical, no continuar  dando prebendas a los grandes monopolios mediáticos y al contrario garantizar la más irrestricta libertad de expresión en todas sus formas.

Ante cada una de éstas promesas, éste gobierno  autonombrado como la “Cuarta Transformación” ha  hecho exactamente lo contrario, veamos:

Tanto en el plano formal, pero sobre todo en el real ha fortalecido sus nexos con los grandes grupos de capital o financieros. Ha dado concesiones sin licitación alguna a su “amigo” Ricardo Salinas Pliego; a Carlos Slim; al Grupo Televisa de los Azcárraga, a la Empresa Trasnacional ICA y a otros personajes o grupos  de la que  llamó “mafia del poder”.

Su combate a la corrupción, ha consistido en eximir a los gobernantes anteriores, de una indagación en torno a los turbios manejos que denunció de manera enfática específicamente en relación con los que decía cometieron el Presidente Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Ha reiterado su opción por lo que llama una  política de “punto final” , para  no “desgastarse en luchas mirando al pasado”. Lo hace sin saber o peor aún  conociendo que esa “opción “ se aplicó en Argentina con La Ley de Punto Final que fue promulgada el 24 de diciembre de 1986, por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.

Además de  esa  especie de “amnistía” de facto a los que señaló como corruptos, durante éstos casi 18 meses, ha protegido a algunos de sus más cercanos integrantes del gabinete, involucrados en prácticas corruptas, ocultando sus  inmensos bienes patrimoniales, como el tristemente célebre caso de Manuel Bartlett u otorgando todo tipo de prebendas a personas muy cercanas al propio presidente o a su gobierno.

En lugar de “regresar a los militares a sus cuarteles”, se obstinó en  crear una “Guardia Nacional”, con mandos  militares y recientemente decretó, sin ambages, el uso de las fuerzas militares para cuestiones de “seguridad pública”.

Tristemente la Guardia Nacional y el conjunto de las fuerzas militares se han utilizado para frenar la migración, cumpliendo las obsesivas y públicas  instrucciones del presidente Trump.

También ha sido, crecientemente, utilizado el aparato militar para “contener” y “cercar” a comunidades indias que se oponen a los proyectos faraónicos del presidente,  como son el Tren Maya, las Termoeléctricas al mismo tiempo que ha otorgado a los militares  la realización de obras en su proyecto de Aeropuerto de Santa Lucía y parte de los tramos del Tren Maya.

Aunque decretó “ la muerte del neoliberalismo”, rechaza de manera rotunda cualquier política económica  que  rompa el llamado “equilibrio financiero”, con lo que ahonda los recortes  a salud, educación, cultura, ciencia, tecnología, empleo y vivienda. Lo ha reiterado aún ante la inmensa crisis que estamos viviendo.

Sin ninguna disposición a dialogar ha ignorado propuestas de muchos sectores , incluso las del presidente de Morena para  dar un viraje  y establecer medidas  orientadas a fomentar y defender el empleo, proteger a los  cientos de miles de desempleados y los  que viven  sin ninguna protección laboral en la economía informal; mediante una reforma  que grave a los grandes capitales.

Es delirante hablar de “revolución” ante éstas prácticas neoliberales extremas, que incluso en Estados Unidos y Brasil los  presidentes  derechistas Trump y Bolsonaro, tuvieron que ceder aplicando medidas como el otorgamiento de ingresos  a millones de desempleados  miserables para atenuar los efectos de una crisis que  muchos consideran  más drástica  que la de 1929.

Ante la cuestión de la  libertad de expresión, hemos presenciado una  tendencia creciente de control del gobierno de los medios , específicamente los canales y estaciones de radio del Estado espacios de las que se han adueñado un pequeño grupo de aduladores del presiente, no se diga el hecho insólito de la transmisión  en más de 10 canales de Televisión Nacional y otros tantos locales de las “mañaneras”, las vespertinas del Sub Hugo López Gatell y ahora las Conferencias Sabatinas del propio presidente.

A todo lo anterior hay que añadir las campañas contra los críticos del gobierno , la salida de muchos articulistas y ahora las campañas de infamia  contra  algunos de sus antiguos simpatizantes, como la que sufre actualmente Carmen Aristegui.

Algunos consideramos que se impulsaría la Libertad Sindical, si se aplicaban algunas de las reformas laborales que se establecieron desde regímenes anteriores y que la actual Secretaria del Trabajo impulsó, para romper el monopolio de los “sindicatos” charros , de “protección” o simplemente “blancos”.

Lejos de ello, el presidente a protegido a los charros.

Algunas tensiones con sectores de empresarios las quieren presentar sus propagandistas como “resistencias de la burguesía a la revolución“.

No abaratemos los sueños.