En la narrativa de la transformación planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gran tema de la desigualdad constituye un eje fundamental. La polarización y la confrontación corren a lo largo de ese concepto: quien no esté de acuerdo con la forma en la cual se estructura el gasto público para otorgar subsidios directos a grupos vulnerables, es por su ubicación contraria a un propósito de justicia social.
Se confunde atención a la base social simpatizante con la política de desarrollo social. La ausencia de políticas públicas para atender rezagos específicos en los indicadores de la pobreza, tiene un propósito político distinguible de origen y que sigue ahí. La imprevisible emergencia sanitaria de la covid-19 lo ha afirmado. Sin embargo, la realidad que va dejando aquélla muestra las fisuras del equívoco diseño.
En los tres elementos fundamentales que ayudan a explicar la votación a favor del candidato de la coalición “Juntos haremos historia” en 2018, el saldo está en los límites del incumplimiento con el fracaso:
- a) a pesar de haberse concretado el surgimiento de la Guardia Nacional, la inseguridad pública se mantiene como un grave problema. No hay trazo real para construir la institución civil de seguridad que se prometió, la estrategia de confiar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas es conocida y no ha resultado, no hay un esfuerzo federal real para que los Estados construyan sus propias capacidades y hay dudas fundadas sobre la determinación del Ejecutivo Federal para aplicar la ley a los grupos de la delincuencia organizada;
- b) bajo la hipótesis de ejercer el mando político sin la influencia del factor esencial de poder representado por el empresariado nacional y extranjero, se adoptaron decisiones que condujeron a un escenario de recesión, que ahora se ha agravado por los efectos de las medidas necesarias iniciales para hacer frente a la pandemia; y
- c) amplia retórica sobre el combate a la corrupción sin verdaderas acciones concertadas, aunque cabe reconocer la acción de esta semana en contra de la evasión fiscal con la presentación de facturas que sirvieron para sustentar transacciones económicas que no se realizaron. Sin embargo, impera la actuación por consigna (caso de Rosario Robles Berlanga), la justificación de los actos presuntamente irregulares de los partidarios (casos de Manuel Bartlett Díaz e Irma Eréndira Sandoval) y la entronización de las adquisiciones y las obras públicas por adjudicación directa y no por licitación pública, como si aquélla fuera la norma y ésta la excepción.
Cabe agregar un elemento inesperado a la decepción sobre la gestión gubernamental en turno: la cesión de soberanía ante el gobierno de los Estados Unidos. Se pasó del discurso de campaña por la exigencia de trato respetuoso, a la sujeción de la política migratoria a los deseos del inquilino de la Casa Blanca y a actuar conforme a los tiempos y ritmos del interés político de Washington.
Más allá del efecto de la emergencia sanitaria en las acciones eje de la oferta de campaña y que anuncian consecuencias severas para el desempeño en materia de seguridad pública y de economía, la atención gubernamental a la llegada del virus, su potencial de contagio y la prevención y actuación necesarias para proteger la salud de la población, reporta despliegues carentes de estrategia y el fracaso rotundo como resultado. Lo que expertos no gubernamentales y otras experiencias recomiendan como necesario —hacer pruebas y detectar las líneas de contagio— para el gobierno federal no son convincentes. Sin embargo, el hecho es el alto número de personas contagiadas y el elevado número de personas fallecidas. En unas y otras hay responsabilidad gubernamental derivada de equivocaciones y omisiones en la actuación.
Cuando el panorama para el transcurso de este año se inclinaba a la recesión, la retórica presidencial se orientó a desestimar el crecimiento económico, como si el bienestar no requiriera de ese elemento, y el distractor máximo fue el avión presidencial y la rifa de un bien que no se ha adquirido.
Hoy la inactividad económica inducida por la emergencia sanitaria y la ausencia de medidas fiscales para paliar la pérdida de ingresos en quienes se desenvuelven en la economía informal y la desaparición de puestos de trabajo en la economía formal, podrá implicar una caída cercana a los 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.
Ha sido y es previsible que se aliente cualquier asunto, debate o polémica para eludir los temas que dan cuenta del fracaso de la gestión lopezobradorista, pero primordialmente la deficiente actuación ante el brote del SARS-CoV-2 y su llegada a nuestro país, así como la recesión económica profundizada por la ausencia de programas específicos para quienes emprenden negocios de toda índole. No hay narrativa gubernamental viable para una valoración favorable del manejo de las emergencias de salud y económico-social.
Todo tema es atractivo para no enfrentar la rendición de cuentas en torno a lo ofrecido al iniciar el mandato y con respecto a esas emergencias: satanizar a las demás opciones políticas; descalificar a las representaciones de la sociedad civil organizada; disputar las competencias de organismos autónomos y aún de órganos conformados al interior del poder ejecutivo, y abrir controversias del pasado que han quedado resueltas.
Todo es válido porque el propósito es claro: rehuir la rendición de cuentas por la vía de desatar conflictos e inventar controversias.
No es que, por ejemplo, la autonomía del Instituto Nacional Electoral no esté amenazada o que el Banco de México se encuentre libre de presiones gubernamentales. El asunto es la polémica distractora. Por otro lado está claro que su connotación constitucional no se modificará con propuestas de reforma a la Ley Fundamental, sino que se buscará una conformación afín a través de controlar los procedimientos de designación de sus integrantes a lo largo del tiempo de las renovaciones. La prueba es lo sucedido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que requirió la alteración de una votación en el Senado.
Es menester impulsar la indispensable rendición de cuentas y, al mismo tiempo, la postulación de propuestas que transiten de la reacción a la sustentación de opciones viables: fortalecimiento de la convivencia democrática plural, recuperación económica sin exclusión y con equidad, desarrollo social con objetivos evaluables, afirmación de la sustentabilidad como premisa del desarrollo y apertura a las expresiones culturales de todo tipo.
Frente a la evaluación autocomplaciente está la rendición de cuentas, y ante la división maniquea de estar o no estar en determinada ubicación se encuentra la exposición de la propuesta incluyente.