Sin orden ni concierto de las autoridades gubernamentales federales para el tránsito presente por la emergencia sanitaria, cuya curvatura de paso al control de los contagios sigue pendiente en el horizonte, se han agolpado los hechos y las decisiones del entorno político. Sin que la cuestión deje de ser el impacto de la pandemia en la salud de la población de nuestro país y sus consecuencias para la economía nacional y los ingresos de las familias mexicanas, otros acontecimientos han venido a complementar el panorama.
El Ejecutivo Federal mudó su opinión sobre la diplomacia personal entre jefes de Estado y de gobierno y atendió una visita de trabajo en la Casa Blanca; previamente, el Congreso —para otros efectos maniatado a las sesiones a distancia de la Comisión Permanente— desahogó sendas sesiones extraordinarias de sus Cámaras para concretar la aprobación de nuevas leyes y reformas a otras en vigor, que se estimaron esenciales para su aplicación desde el inicio de la vigencia del nuevo tratado de inversión y comercio entre los Estados Unidos, Canadá y nuestro país.
A su vez, el Fiscal General de la República presenta información actualizada sobre las investigaciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos García” que fueron privados de la libertad en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, y también da cuenta del allanamiento de Emilio Lozoya Austin a la solicitud de extradición hecha por México a España, así como su voluntad por contribuir al esclarecimiento de hechos y de responsabilidad, y las autoridades estadounidenses detienen al ex-gobernador César Duarte para efectos de su extradición a nuestro país, donde se han instaurado diversos procesos penales en su contra.
Los apremios reales son la emergencia sanitaria y la afectación de la economía. Existen distractores y hay énfasis para buscar cómo eludir esas responsabilidades.
A pesar del ascenso de los contagios y el incremento de los decesos no se realizan las adecuaciones indispensables en el despliegue institucional ante el nuevo coronavirus, aún con la distinción de lo que ocurre en cada entidad federativa. El 17 de junio se contabilizaron 159,793 personas contagiadas, con 4,930 en esa jornada y al 8 de julio en curso son 275,003 contagiadas, con 6,995 en dicha jornada. En ese período de tres semanas el número de fallecimientos por el virus SARS-CoV-2 pasó de 19,080 personas a 32,796. Una situación de grave preocupación, donde con enorme frecuencia en ese período los nuevos contagios superan en número a los del día anterior; prácticamente la tasa se duplica cada día, lo que revela la realidad de la amenaza a la salud de la población.
Desafortunadamente la actuación de la autoridad sanitaria federal ha sido errática, contradictoria y, en el caso del vocero de la pandemia, Dr. Hugo López-Gatell, hasta peligrosamente desvergonzada al modificar referentes, previsiones y validez de la información. E incluso, ahora, restringiéndola. Manipularla no ha sido suficiente.
No es difícil deducir que ese comportamiento es parte del descuido y la ligereza con los cuales se decidió impulsar el reinicio de distintas actividades en la llamada fase de la nueva normalidad. Es preciso hacer el recuento de ese desempeño y exigir se deslinden y finquen las responsabilidades correspondientes. La manipulación de la información y la expresión de opiniones y criterios sin rigor han generado confusión. En este caso, ello representa personas contagiadas, servicios médicos exigidos y pérdida de vidas, todo lo cual pudo haberse evitado. Hay responsables.
Es gran parte de lo que quiere eludirse. La otra es la consecuencia de la ausencia de medidas en apoyo del mantenimiento de las fuentes de empleo formal, así como de los ingresos de las familias mexicanas que dependen de actividades económicas informales. Ante el impacto de la pandemia y el desconocimiento del virus, las medidas de mitigación y contención de los contagios que paralizaron la mayoría de las actividades económicas, no fueron acompañadas con otras de necesaria y elemental solidaridad con el gran conjunto social que contribuye diariamente al producto nacional.
La recesión está presente y no se adoptan decisiones para evitar que el detenimiento forzado de la economía se traduzca en la desaparición definitiva de puestos de trabajo. El rompimiento de ese eslabón en la generación de ingresos y gastos de nuestra economía implicará un retroceso social grave.
Entre las funciones esenciales de una formación política estatal, el Gobierno Federal presenta saldos negativos en tres de ellas. Una es parte de una insuficiencia estructural que no se corrige: la incapacidad para brindar seguridad pública mediante la recuperación de la presencia y ejercicio de las potestades públicas en el territorio nacional. Y dos son producto de la impericia y la falta de visión para atender la emergencia sanitaria: la incapacidad para organizar la sinergia entre el gobierno y la sociedad, a fin de evitar la propagación exponencial del virus y los decesos; y el deterioro de la condición económica de millones de familias que han perdido el empleo por la falta de solidaridad con la subsistencia de las micro, pequeñas y medianas empresas en las cuales venían prestando sus servicios, así como de quienes subsisten en el sector informal de la economía.
En el lado de los incumplimientos está la continuación de la inseguridad y la renuncia de facto a conformar la Guardia Nacional civil que ordena la Constitución; la deficiente gestión para hacer frente al nuevo virus, y la grave recesión económica y sus consecuencias sociales.
En el lado de los distractores está la visita a Washington. Mejor polemizar sobre riesgos por actualizarse, que sobre incumplimientos presentes; mejor una visita sin contenidos y objetivos más allá de refrendar los lugares comunes, que plantear acciones concertadas para delinear y establecer medidas para reactivar nuestra economía; mejor acogerse a la falacia de decir que ahora es la reunión con el mandatario ejecutivo estadounidense y no con un candidato, aunque lo sea y que en su afán de serlo remontó el impeachment, que la actitud sobria de un jefe de Estado ante los comicios de otro país.
Y en el lado de los énfasis, las acciones para actualizar el hartazgo de la sociedad mexicana por las percepciones de corrupción en la gestión pública. Es el tramo que viene. Tanto en la realidad que se busca soslayar y ocultar, como en la realidad que se procura evidenciar y mostrar, imperará el lenguaje de las emociones. Nuestra sociedad ya está polarizada. ¿Qué emoción motivará más? ¿Cuál asunto moverá más? ¿Serán narrativas con visión de Estado o sólo para llegar a la siguiente cita con las urnas?