“La corrupción es parte de la cultura del mexicano” sería el comienzo de este artículo que complemento con la idea de que “el mexicano es un pueblo honesto”. La primera concepción es del ex presidente Enrique Peña Nieto y la segunda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambas, describen dos gobiernos en México con objetivos distintos y líderes que recrean personalidades de gran parte de quienes integran la sociedad.
Así, el dicho de que la cultura del mexicano es la corrupción denota formas administrativas articuladas con actores convencidos de que se entra a los aparatos de gobierno para enriquecerse a cualquier precio. Esto es, todo aquel que pretenda ser funcionario gubernamental o ejercer un cargo de elección popular buscará hacerse de bienes y recursos públicos para convertirlos en artículos de su propiedad.
En México vivimos esa etapa que se desea recomponer con una nueva virtud de honestidad del gobernante lo cual es importante en ambientes sustentados en el respeto a sí mismo y hacia los demás. Si la actitud del gobernante es de corrupto, propicia la misma conducta en la ciudadanía.
Todos convivirán en actos de corrupción en todos los espacios, privados o públicos. Utilizarán el poder para adecuar mecanismos administrativos y presupuestos creando redes de interés que degradan enormemente la convivencia.
El daño ahora se observa incluso en las nuevas generaciones que dudan en que la honradez sea el eje de las relaciones entre el Estado y la sociedad y de que esa actitud impere entre los miembros que integran a ésta. La experiencia así lo señala por años y años.
Ahí, ubicamos a Emilio Lozoya Austin, quien a la sombra de la denominada Reforma Energética impulsada por Peña Nieto fue parte de actos de corrupción que lo ligan a sobornos empujados por la empresa Odebrecht, y en la compra de la planta de fertilizantes nacionales, Fertinal, y Agro Nitrogenados, adquirida a sobreprecios por la empresa del Estado, Petróleos Mexicanos (PEMEX), además de riqueza particular concentrada ilícitamente.
Diversos actos en estos asuntos muestran un proyecto de corrupción en el saqueo de recursos nacionales a través de la operación de negocios turbios con empresarios instrumentados por servidores públicos.
Así se planeó la desaparición de las dos empresas de mayor relevancia como PEMEX, que fue dirigida por Lozoya, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se pretendía, lamentablemente, que esas áreas de la economía nacional las ocuparan actores propensos a la colusión que incluía a funcionarios de rangos altos.
Ello explica la noción desafortunada de Peña Nieto sobre la cultura de corrupción del mexicano. El proceso jurídico que se sigue a Lozoya Austin puede dar mayor claridad a este modus operandi que deterioró al Estado y requiere aclararse.
Ello, a la vez, conlleva la necesidad de administradores honrados que se respeten a sí mismos por su vocación de servicio social. Y esto es posible porque existe la voluntad y conducta fundamental del presidente López Obrador de acabar con la corrupción, porque ése es un flagelo que desbarata al tejido social y la naturaleza de sus instituciones. El tema está en el debate y servirá a propósitos de poner bases de gobernanza que generen un nuevo sentido moral a la deconstrucción de la vida pública en el país.
@Bonifaz49