En fechas recientes (y no tan recientes pues es un tema que está de alguna manera sobre la mesa desde hace varios meses, prácticamente desde que inicio 2020), hemos tenido conocimiento de una nueva intentona regresiva en materia de derechos humanos que diversos grupos conservadores han liderado en cuando menos 13 entidades federativas, incluida la Ciudad de México (la llamada Ciudad de los Derechos). Estas intentonas regresivas en materia de derechos no son ninguna novedad pues los grupos conservadores lo han hecho así por ejemplo, en temas tan relevantes como el de la interrupción legal del embarazo, modificando 27 constituciones estatales para restringir o menoscabar los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Hoy sin embargo, el grupo cuyos derechos humanos pretenden vulnerar es nada más y nada menos que el de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Al parecer a estos grupos conservadores no les ha quedado claro que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y no meros objetos de protección como tradicionalmente se les había entendido.
Pero, ¿qué pretenden hacer estos grupos? Pretenden negar a las niñas, niños y adolescentes su derecho a la educación sexual y reproductiva desde una perspectiva laica y científica. Y ¿cómo pretenden hacerlo? A través de la incorporación en diversas leyes de educación estatal y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como Constituciones Estatales del llamado “pin parental” o veto parental; donde se pretende permitir la injerencia de padres, madres (tutores o quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre los menores) en los contenidos educativos, dándoles así la posibilidad de vetar contenidos educativos de clases, pláticas, o talleres y permitirles a ellos elegir si sus hijas e hijos asisten o no a estás clases cuando las mismas no coincidan con sus “convicciones religiosas, éticas o morales”. Para lograrlo se han presentado diversas iniciativas que proponen incorporar en las leyes estatales de educación, de niños, niñas y adolescentes e incluso en las Constituciones Estatales el llamado “pin parental” o lo que es lo mismo, la posibilidad de que los padres decidan si quieren que sus hijos reciban o no educación sexual en las escuelas. Estas iniciativas ponen en riesgo el interés superior de la niñez, el derecho a la educación, el derecho a la salud sexual y reproductiva de los menores y jóvenes entre otros; pues establecen la posibilidad de que se elimine el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a recibir conocimientos fundamentales para su desarrollo, que pueden derivar en convertirles en víctimas de abusos, en embarazos no deseados, en enfermedades de transmisión sexual, entre otras afectaciones a sus vidas.
Estas propuestas de reformas son además violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del Interés Superior de la Niñez y por ende son inconstitucionales e inconvencionales. Así, el “pin parental”, es no solo una postura regresiva en términos de derechos humanos sino que sirve además para perpetuar la visión “adultocéntrica” sobre niñas, niños y adolescentes que los niegan como sujetos de derechos y consecuentemente atenta contra su dignidad intrínseca.
Aquellos que plantean la necesidad de que los padres estén obligados a autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a los centros educativos aduciendo una “objeción de conciencia” cuando haya cursos o talleres de contenidos sobre feminismo, identidad de género, diversidad afectivo-sexual, etcétera es una cuestión de derechos en colisión pues por un lado se encontraría el derecho de padres, madres o tutores de procurar cierto tipo de educación para los menores; y por otro lado estaría la obligación del Estado de impartir contenidos educativos que incluyan educación sexual y reproductiva no podría estar más equivocados. Aquí es evidente que no hay ni tensión ni colisión de derechos ni mucho menos un debate. La Constitución y los Tratados internacionales protegen el derecho de las niñas, niños y adolescentes al desarrollo integral y la una educación que incluya el conocimiento científico (que no ideológico) sobre la sexualidad.
Así, la fracción II del artículo tercero constitucional establece que la educación, “… se basará en los resultados del progreso científico y luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Para hacer posible este criterio, los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de, entre otros aspectos, la educación sexual y reproductiva. De la misma manera, en el artículo 4° constitucional establece la obligación de padres, madres y personas cuidadoras de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluidos el de contar con un sano desarrollo psicosexual y recibir educación sexual y reproductiva de carácter científico y libre de ideologías.
El llamado pin parental viola los principios de progresividad y no regresividad; y trasgrede la rectoría del Estado sobre la definición de contenidos educativos a que se refriere el artículo tercero constitucional. Lamentablemente si se aprobaran estas reformas serán los tribunales quienes tengan que resolver en definitiva sobres las violaciones a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de este país. Y para hacerlo deberán sin duda priorizar el llamado Interés Superior de la Niñez.
Estas iniciativas, (cuya inspiración local proviene de los embates del partido VOX en España) que buscan incorporar el llamado pin o veto parental ya sea en las Constituciones Locales o en las legislaciones estatales en materia educativa, o de Niñas, niños y adolescentes, atenta contra el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes pues les niega la posibilidad de contar con información científica para que puedan definir su identidad sexo-genérica, desarrollarse en condiciones de igualdad entre géneros y ejercer de forma libre e informada su sexualidad. Pero además, se trata de reformas que como he dicho en párrafos anteriores contravienen el interés superior de la niñez, el derecho a la educación y demás derechos reconocidos bajo los principios rectores constitucionales.
Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en sus Observaciones Generales Nº 1: Propósitos de la educación, donde entre otras cosas se destaca que los objetivos de la educación persiguen el desarrollo holístico del niño hasta el máximo de sus posibilidades, pero sobretodo que la educación a que tiene derecho todo niño es aquella que se concibe para prepararlo para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos humanos adecuados; y Nº 3: El VIH/SIDA y los derechos del niño, en la cual entre otras cosas se destaca la obligación de los estados parte de garantizar que la niñez tenga garantizado el derecho, a título preventivo, a la atención sanitaria, a la educación sexual, y a la educación y servicios en materia de planificación de la familia.
De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 203/2016 determinó que los valores que se inculcan en el proceso educativo no deben socavar, sino consolidar, los esfuerzos destinados a promover el disfrute de otros derechos; y que la educación debe impartirse de tal forma que se repente la dignidad intrínseca del niño.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir educación integral sobre sexualidad, diversidad y género. Y merecen además ser escuchados. El llamado “pin parental” es sin duda una medida violatoria de derechos humanos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. Esto además abona a que nuestra sociedad siga perpetuando estereotipos de género que tanto daño hacen a nuestras niñas y adolescentes y que lamentablemente impiden que las mujeres tengamos acceso a una vida libre de violencias. Si no logramos educar con perspectiva de género a niñas, niños y adolescentes no lograremos erradicar los estigmas que tanto laceran a nuestra sociedad.