La encrucijada

 

Nada es irrelevante en la planeación de la forma en la cual se participará y se actuará en los procesos comiciales que definen la titularidad de cargos de representación popular, pero quizás el componente más significativo es el mensaje; ¿qué se va a decir?, ¿cómo se va a decir?, ¿quiénes lo van a decir? Como bien afirma Dick Morris en The New Prince, en política no hay nada más revolucionario que las ideas; que el mensaje.

Hay, desde luego, narrativas, y ya se vislumbran los rasgos de las que se articularán para el proceso electoral adelantado que iniciará formalmente a partir de septiembre entrante en el ámbito federal y algunos locales. Demasiado sabida es la polarización que alimenta y exalta el Ejecutivo Federal, al grado de asumir con gusto estratégico que él y su propuesta de transformación son atacados por los adversarios que agrupa, emblematiza y descalifica. No sólo ha sembrado y abonado a esa división, sino que propicia que la identidad y la cohesión de sus partidarios y simpatizantes eche raíces en esa escisión inducida de una sociedad plural con innegables y graves desigualdades.

El diseño de la aspiración de Andrés Manuel López Obrador por refrendar su mayoría en la Cámara de Diputados y obtener el mayor número de triunfos en las elecciones locales en puerta, parece claro: los beneficiarios de los subsidios convertidos en programas sociales como destinatarios principales del mensaje: la corrupción del pasado es la causa de su rezago y no ha sido posible hacer más por la situación de crítico deterioro en que se recibieron las instituciones. Ahora el gobierno sirve al pueblo y se requiere continuidad en el apoyo popular para alcanzar los resultados prometidos y deseados.

Con la pluralidad excluida —partidos y sociedad civil organizada— sin arribar a entendimientos y acuerdos hacia el objetivo de conformar el contrapeso real de su significado en la sociedad de nuestro país, el efecto de la polarización presente y el mensaje trazado favorecerán al movimiento que encabeza el presidente de la República. El riesgo evidente de no asumir ese objetivo es el avance hacia el establecimiento de una hegemonía y la complejidad que ello significa para la diversidad democrática y las libertades políticas.

Si bien la multiplicidad y características de las elecciones del domingo 6 de junio del año entrante establece la importancia del ingrediente local y, desde luego, de los mensajes de esa naturaleza, una estrategia nacional con elementos tácticos diferenciados por demarcación electoral específica requiere necesariamente de una narrativa y, sobre todo, de un conjunto de mensajes de carácter nacional; una especie de hilo conductor de congruencia y cohesión para las ideas que harían contrapeso a la voluntad gubernamental de que su narrativa y sus mensajes sean los que imperen.

Si la propaganda oficial y de su partido ponderará las cualidades de líder, las deficiencias e imputaciones de todo tipo a los partidos de oposición y las personas que militan en ellos, al tiempo de intentar justificar las ineficacias de la administración federal con el señalamiento de que se recibió un gobierno débil y saqueado, ¿qué elementos podrían ser atractivos y eficaces para la pluralidad excluida?

Me detengo primero en lo que parecería más fácil y, a su vez, contraproducente: colocar al Ejecutivo Federal —por así decirlo— en la boleta, mediante el ataque a su persona y sus carencias: la naturaleza del liderazgo moral que ejerce entre sus partidarios y simpatizantes sólo lo fortalecería donde verdaderamente le importa. Aún la exigencia de que asuma el papel de Jefe de Estado y sean parte de los asuntos electorales sería —a mi juicio— una argumentación equivocada para el objetivo que se persigue.

Por otro lado, sin duda será poderosa la propaganda política vinculada a los procesos penales a los cuales está sujeto Emilio Lozoya Austin y la estrategia diseñada para que le resulte aplicable el criterio de oportunidad en la actuación del Ministerio Público de la Federación. Políticamente se apela a la reiteración del hartazgo con la corrupción que se manifestó en los comicios de 2018. No hay ni debe haber tolerancia con la corrupción y combatirla excede, desde luego, al interés de la coyuntura comicial, pero destaco su evidente uso electoral.

El discurso de que los partidos no delinquen porque son conductas de militantes y de que deben responder de las imputaciones sin que se atropellen los derechos al debido proceso y defensa, es cierto pero acusa tal desgaste que no mueve a convicción. Debe decirse, pero acompañado de acciones sobre el presente y el futuro inmediato: sólo pueden pedir el voto a las y los ciudadanos aquellas personas cuya probidad e integridad no pueda ser controvertida.

El tercer elemento de la articulación del posible mensaje para hacer frente a las candidaturas de Morena y sus aliados puede estar en el reconocimiento de lo que se pondera favorablemente del Gobierno Federal y en el señalamiento de lo que es su mayor falla. Por un lado, la atención de las personas socialmente más vulnerables y el acceso a subsidios para obtener ingresos periódicos ciertos; y por otro, los errores e incapacidades en la gestión gubernamental.

Sin duda pueden hacerse distintas observaciones y críticas a la sustitución de las políticas de desarrollo social por recursos presupuestales que se asignan y entregan directamente a personas en condiciones de mayor necesidad y vulnerabilidad. Sin embargo, elevados al rango de derechos sociales en la Constitución se erigen en un haber para esos ámbitos de la sociedad, que cabe perfeccionar y consolidar para que sustenten el progreso social deseado.

Pero sostener y ampliar el disfrute de esos derechos es imposible en el mediano y largo plazo si la administración pública carece de capacidad y abunda la improvisación. La falta de recursos que antecedía a la pandemia se profundizó con ésta. Se ha buscado explicar que se debe al impacto del nuevo coronavirus. Sin embargo, en la gestión misma de la emergencia sanitaria está la más abrumadora y convincente evidencia de incapacidad, soberbia y hasta cinismo con el que se han desempeñado las instancias directivas de la administración en materia de salud.

Las buenas intenciones se reconocen, pero no bastan: enfermedad y muerte, y desempleo y pobreza son realidades en las cuales el gobierno en turno tiene responsabilidades. Es la otra parte del mensaje, que necesariamente ha de consolidarse con las propuestas propias de los entendimientos y acuerdos susceptibles de alcanzarse.

Y vale más que lo digan personas cuya experiencia para hablar sea la realidad que han vivido y viven. Porque si se evita la confrontación personal con el Ejecutivo Federal, pero se asume la división social que ha impulsado con la descalificación y la mención peyorativa de quienes han carecido de los mínimos indispensables y de las oportunidades, será como no haberlo evitado. El mensaje de reproche debe emanar de quienes tuvieron esperanza y han sido defraudados. Son las mejores voces.

Reflexionar la encrucijada electoral para actuar. ¿Cómo competir? ¿A quién hablarle? ¿Con qué entendimientos y acuerdos participar? ¿Qué mensaje transmitir? La pluralidad política y los equilibrios democráticos están en riesgo. Vale mucho la pena intentarlo.