Los acontecimientos en La Boquilla Chihuahua, presa tomada por productores agrícolas que rechazan la extracción de agua para cumplir el tratado con los Estados Unidos el 14 de noviembre de 1944, ante lo cual fue enviada la Guardia Nacional, quien para dispersar a los descontentos disparó gases lacrimógenos y todo indica también hizo disparos de bala, causando la muerte de Yessica Silva, de manera inmediata y dejando en situación crítica a su pareja Jaime Torres, un campesino que fue herido y permanece en el hospital, junto con otros más; constituyen ominosos hechos que presagian la represión para hacer frente al descontento.
Es tiempo de denunciar ésta peligrosa tendencia, precisamente para detenerla.
Nunca será impertinente insistir que haber puesto en manos de militares, la seguridad pública, expone a la sociedad a ser víctima de los métodos violentos, que emplean por definición las fuerzas armadas.
No sirve de mucho usar recursos un tanto demagógicos, como aquella metáfora: nuestro ejército es pueblo vestido de verde.
El grueso de las tropas de los ejércitos y demás fuerzas militares, están integrados por personas de origen popular, así es en todo el planeta y así ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde la aparición del Estado y los aparatos militares que surgieron con esta institución política.
Su composición predominantemente popular, no se traduce en comportamientos respetuosos de los derechos humanos. Es un tema que rebasa por mucho la retórica simplista y binaria del presidente, muy entrampado en el “discurso” o “narrativa” que atribuye al “neoliberalismo” los orígenes de todos nuestros males: violencia, despojo, corrupción, fraudes electorales. desigualdad, pobreza, miseria, feminicidios, violencia intrafamiliar; todos derivados el control del llamado PRIAN, eso sí, únicamente desde 1982.
Esa retórica subyugó a millones de electores. Sedujo a una buena parte de personas de origen popular y muy escasos recursos.
Conquistó el voto esperanzado de millones de jóvenes.
También tuvo la capacidad de convencer a cientos de miles de electores de las capas medias crecientemente afectados por la precariedad de sus condiciones laborales, sus ingresos y la sistemática usurpación de sus derechos civiles, sociales y políticos por una casta encaramada por casi un siglo en el poder político, económico, financiero, cultural, que incluso invadió sus hábitos cotidianos.
Otorgar tantas funciones a las fuerzas armadas, como lo ha venido haciendo el gobierno del presidente López Obrador y, además, concederles muchos contratos para construir partes o proyectos completos de las obras majestuosas del gobierno de la Cuarta Transformación, puede empezar a tener altos costos.
Los datos publicados en estos días dicen que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reclutó durante 2019 y en el curso de este año 43 mil 6663 elementos.
También se informa que la Sedena captó y capacitó a 14 mil 833 jóvenes para la Guardia Nacional y este año, otros 9 mil 465 fueron adiestrados para este cuerpo creado en diciembre de 2018 con el apoyo unánime de todos los partidos, lo que hace inevitable tener suspicacia por cómo se obtuvieron los votos de los senadores y diputados de los satanizados PRIAN y también la “morralla” de partiditos, habitualmente comportados como meros negocios familiares.
Toda la estrategia del gobierno para hacer frente al llamado crimen organizado, no se ha traducido en reducción de su poderío.
Tampoco han disminuido las cifras de homicidios, feminicidios y demás plagas que tienen aterrorizados a millones de personas en ciudades, poblaciones, rancherías y crecientemente a la propia Ciudad de México.
En ese marco de predominio del empleo de las fuerzas armadas, resulta extraordinariamente grave el saldo de muerte en la represión a los campesinos de Meoqui, Camargo, Delicias, Saucillo y Rosales que se situaron a la entrada del embalse en el municipio de San Francisco de Conchos en Chihuahua para rechazar el uso del agua para dar cumplimiento de los acuerdos con Estados Unidos de 1944.
El tema es que el conflicto en Chihuahua no es el único en el país.
Están presentes ahora mismo la toma de las instalaciones de la CNDH en las calles de Cuba, las cotidianas protestas de médicos, enfermeras y pacientes en una gran cantidad de hospitales, contra las carencias y desatenciones a muchos enfermos de Covid-19 y otras enfermedades.
Serán cada vez más frecuentes las movilizaciones de trabajadores en defensa de sus empleos, sus salarios y el rechazo a los sindicatos “charros” o blancos, como se inició este sexenio en las huelgas de los y las trabajadoras de Matamoros.
Son decenas de casos donde se han producido tensiones entre organizaciones campesinas y de pueblos indios, cercadas y violentadas por organizaciones paramilitares y cada vez más por efectivos de la Guarda Nacional o del ejército e incluso la Armada en el sur del país, destacando las sufridas por las comunidades cercanas al EZLN.
Panorama semejante viven las comunidades opuestas a proyectos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, las Termoeléctricas de Morelos y Puebla y muchas otras, donde se han cometido 20 muertes de activistas defensores del medio ambiente y sus comunidades.
Todo esto no puede ser eternamente despreciado o considerado como parte de la “resistencia” conservadora y golpista, conjurada contra la difusa o francamente inexistente Cuarta transformación.
Incluso la retórica de persecución a la corrupción está a punto de volverse una cortina de humo.
Según la medición de Wordl Justice Project, WJP, en su índice del 2020, México descendió al lugar 121 de 128 países considerados en la escala de corrupción. Lo que significa que bajo en dos años del lugar 102 de 113. Eso significa que antes éramos un país por debajo del 90,3% de los países evaluados y hoy estamos en el 94.5 por ciento. Según este organismo su índice considera tres formas de corrupción: pago de sobornos, la influencia indebida por intereses públicos o privados y la apropiación ilegal de fondos públicos u otros recursos.
Se dice por WJP que de cada 10 pesos que se pierden por corrupción, 5 pesos se destinan a gasto social y al combate a la pobreza.
No hay día que no se den a conocer actos de corrupción en diversos niveles de gobierno, incluyendo casos escandalosos como el reciente en el municipio natal del presidente, donde una familiar de éste, fue obligada a salir de la alcaldía.
El desenlace de esa política represiva y escondida en el discurso de cacería de brujas, fue trágico en el pasado de nuestro país. Esperemos que no se vuelva a reproducir ahora en tiempos de la Cuarta Transformación.