Un grupo significativo de personas que contribuyen al desarrollo nacional con base en el cultivo y ejercicio de sus capacidades intelectuales sobre los asuntos de interés general, publicó la semana pasada el texto “En defensa de la libertad de expresión”. El campo natural de su actividad es esa libertad. Son investigadores, docentes y comunicadores que representan el mosaico de una parte de la pluralidad del pensamiento y la opinión que caracteriza a nuestra sociedad.
Su llamado se inscribe en la deriva del formato comunicacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, al convertirse en una especie de programa informativo y de opinión personal para incidir en los medios de comunicación de toda índole. Una forma cada vez más acentuada de apreciar las conferencias matutinas del Ejecutivo —sus mañaneras— es la de un ejercicio arquetípico para transmitir un mensaje y aspirar al dominio de la conversación social.
El problema denunciado no es —sin embargo— sólo la forma, sino el contenido, cuando señalan que “el Presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes; tras ellas ha llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a medios y publicaciones independientes que han criticado a su Gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país.”
La más nítida y reveladora respuesta a esta convocatoria a la tolerancia y la convivencia democrática del pensamiento plural es la hecha y publicitada por el propio Ejecutivo Federal: aducir su derecho a la palabra y dar a conocer el texto publicado por otros académicos y escritores en defensa del inquilino de Palacio Nacional y de su ejercicio gubernamental. Además, está presente un falaz ejercicio de tolerancia: la lectura en otro programa matutino presidencial de los dos textos.
Contrario a la nada autocrítica relación de su actuación que hizo el Ejecutivo el 1 del actual y en la cual afirmó que “en el peor momento contamos con el mejor gobierno”, la realidad es que en el momento más exigente tenemos el peor gobierno. Y, aún más, con una persona en la función del poder ejecutivo que no ha sido capaz de comprender y asumir los papeles de jefe de Estado y de jefe de Gobierno que el sistema presidencial le reserva.
Podría pensarse que quien aspira a ejercer el máximo mandato ejecutivo en la República, desde luego con una propuesta propia que ha alcanzado el respaldo necesario de la ciudadanía, habría de tener claras las funciones inherentes y sus obligaciones. Y, aún más, que quien aduce una vocación por la transformación pacífica del país, lo haga en consonancia con la vigencia del Estado de Derecho. La titularidad de la presidencia de la República implica poder público y límites a su ejercicio. Ello conlleva asumir la representación de la Nación en toda su complejidad y toda su diversidad. Es la contracara —por decirlo así— del mandato para ejercer la jefatura del Estado.
¿Cómo conciliar la propuesta formulada en el partido o la coalición con el ejercicio del cargo? No hay más vía que el cauce de la ley. Y ésta establece deberes cuyo cumplimiento no es optativo. La candidatura postulada por la parte queda atrás y el cargo reclama la comprensión del todo, particularmente si se desea proponer y consolidar cambios por las vías democráticas.
No obstante, el presidente López Obrador ha mostrado una peculiar actitud para ejercer sus funciones. A manera de ejemplo: si el derecho exigible le parece procedente —como la reciente constitucionalización de la pensión para los adultos mayores— ha de imperar la ley, aún en condiciones apremiantes de recursos públicos; pero si el derecho le impone una obligación que no comparte, no habrá voluntad para cumplir y será indispensable utilizar los medios legales para lograrlo.
Sin exagerar, la convocatoria a respetar escrupulosamente la libertad de expresión y la contraargumentación presidencial sobre su derecho a hablar y, por esa vía, a descalificar y a denostar a quienes disienten o lo critican, demanda poner en perspectiva la obligación del Ejecutivo de garantizar el derecho a la información.
No sin vencer muchos obstáculos y diversas dificultades, nuestra sociedad construyó un régimen político democrático. En los albores de ese trayecto, con la Reforma Política de 1977, se incorporó un derecho toral al artículo 6º constitucional: “el derecho a la información será garantizado por el Estado.” De sus varias dimensiones destaco ahora la de carácter social más profunda, aquella que aprecia la información no como el ejercicio de la libertad de emitirla o de recibirla, sino como un instrumento de desarrollo político y condición necesaria de un régimen democrático y de la pluralidad de ideas y propuestas que le es consustancial.
Esa vertiente del derecho a la información —entre cuyos garantes está el presidente de la República— es una prolongación en la política del derecho a la educación, y el medio para asegurar la defensa de la libertad de pensamiento y expresión: objetividad sobre los hechos y pluralidad sobre las opiniones.
El hecho de que las conferencias matutinas presidenciales se conviertan en un programa informativo y de opinión personal recuerda precisamente el origen del derecho a la información en los instrumentos internacionales de derechos humanos acordados e impulsados en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas tras la tragedia humana, política, económica y social de la Segunda Guerra Mundial. Se deseaba desterrar para siempre el monopolio de la información en el gobierno; el modelo comunicacional de la Alemania Nazi, con el control del mensaje de los medios para conformar y manipular la opinión de las personas en un ambiente ajeno a la diversidad.
Si el Estado está obligado a garantizar el derecho a la información, entonces tiene prohibidas las pretensiones de asumirse como el titular del derecho humano reconocido a las personas; de utilizar los canales de comunicación para presentar datos falsos, incompletos, manipulados o hechos ajenos a la verdad, y de realizar ataques a la libertad de pensamiento y de opinión de las personas que ejercen la libertad de expresión.
Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador está obligado a cumplir con la prohibición establecida en el párrafo 5 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de abstenerse de “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional…que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo…”
Como espacio presidencial para establecer la narrativa gubernamental, las conferencias matutinas se caracterizan por la intolerancia a la crítica, el uso de recursos públicos al servicio del lopezobradorismo, la escisión de la sociedad y el escarnio de quien disiente. Es un escenario de autoritarismo. El huevo de la serpiente.