Ante la posible desaparición del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (Fondo Minero), las cúpulas partidistas se enfrentan mientras algunas dirigencias sociales recriminan la pasividad gubernamental ante los daños ecológicos y sociales que la minería está ocasionando en esta entidad del sur.
Desde su creación, el fondo no ha logrado cumplir con su misión a cabalidad, además de haber presentado serias deficiencias en cuanto a la gestión de los ingresos, la aplicación de sus recursos, y los mecanismos de participación y toma de decisiones en sus comités de funcionamiento. Estos vacíos se han caracterizado por falta de transparencia y de rendición de cuentas a lo largo de sus cuatro años de funcionamiento.
Aunque se diputados locales y federales afirman que la cancelación del Fondo Minero tendrá repercusiones negativas en la economía estatal, en realidad, solo cinco entidades captan el 80 por ciento de los recursos del Fondo desde su creación: Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Zacatecas, pues la asignación de los recursos se hace en función del valor de la producción minera anual.
Para Guerrero la desaparición el fondo cuestión implicaría que se dejaran de invertir poco más de 75 millones de pesos, anualmente, en obras de infraestructura, pero su distribución es desproporcionada pues los municipios que, en teoría, se benefician con son recursos son Tetipac, Zumpango del Río, Eduardo Neri, Coyuca de Catalán, Arcelia y Petatlán.
La opacidad en el ejercicio de los recursos es otro tema. El 12 de abril del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Economía hará un diagnóstico sobre el manejo del Fondo Minero desde hace cuatro años, para saber si los recursos llegaron a los beneficiarios si se invirtieron en lo que se contempló originalmente o se desviaron.
Pero además se están registrando numerosos enfrentamientos entre las empresas, los trabajadores, los sindicatos, las poblaciones en la zona de influencia de la mina y lamentablemente este es un problema heredado.
Por ejemplo, los comuneros de El carrizalillo hicieron una protesta apenas en septiembre de este año, y dijeron que 15 meses antes, se firmó un convenio con representantes ejidales en el que la minera canadiense Equinox Gold. se comprometía a diversas obras y prestaciones para paliar las necesidades de las comunidades. De una lista larga, sobresalen dos demandas: dotación de agua potable y atención médica y medicinas por los daños que provoca el trabajo de extracción minera. Pero hasta ahora, poco o nada es lo que se ha realizado según los dirigentes sociales.
Pero los reclamos son muy anteriores. El 13 de noviembre del 2013, habitantes de la comunidad de San Miguel El Progreso, en el municipio de Malinaltepec, representados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunciaron que las concesiones mineras otorgadas en favor de la empresa Hochschild Mining para extraer oro y plata contravienen la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.
En ese tiempo, en las regiones de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, se ubicaron 42 yacimientos mineros, y el gobierno federal otorgó 30 concesiones por 50 años para la realización de actividades de exploración y explotación minera. A Hochschild Minin, empresa de origen peruano que opera con capital inglés, se le concesionaron más de 59 mil hectáreas en la Montaña.
La minería aporta 4 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) de Guerrero y durante el actual sexenio estatal se ha pretendido constituirla como la segunda actividad económica.
Se consideró que para el 2020 la Alianza Pacífico, así como el Pacto Oaxaca, serán fundamentales para lograr avanzar más en el camino de la diversificación económica.
Desde 2014 se estableció una contribución extraordinaria a cargo de las empresas mineras que operan en México, conocido como el Fondo Minero, con una aportación del 7.5 por ciento de la utilidad neta por la enajenación o venta de la actividad extractiva y el derecho extraordinario sobre minería, además de un 0.5 por ciento adicional sobre los ingresos del oro, plata y platino.
En 2019, el Fondo Minero se empezó a ministrar por parte del Gobierno Federal de manera directa, sin intermediarios, primero por medio de la Secretaría de Economía, y a partir de 2020 se canaliza mayoritariamente a la Secretaría de Educación Pública para mejoras en centros educativos.
En octubre de 2019, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que otorgó el manejo del Fondo Minero recabado en ese año, para repartirse en 2020, a la Secretaría de Educación Pública, que incluso pudo destinarlo a estados y municipios ajenos a la actividad minera.
Información del poder legislativo indicó que la reforma estableció que los ingresos obtenidos en la recaudación pueden ser empleados en mejoras para centros educativos y servicios de salud, al igual que en inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.
En Julio de este año, el gobierno de Guerrero sostuvo que dicho fondo podría ser utilizado no solo para reactivar la economía, sino también para apoyar a la población que se ha visto afectada por la pandemia de Covid-19.
La actividad minera, suele causar temores fundados entre sus habitantes. Su presencia termina por dejar una estela de consecuencias que la mayoría de las veces resultan irreversibles: contaminación de cuerpos de agua y de los suelos, deforestación, enormes montañas de minerales lixiviados altamente tóxicos, desplazamiento de comunidades, conflictos sociales, graves daños a la salud pública, confrontación entre los habitantes de las comunidades afectadas y muy escasos beneficios económicos locales según denuncian diferentes organizaciones sociales.
El 23 de noviembre del 2019, el Clúster Minero de Guerrero recibió el reconocimiento de Organismo Promotor de la Responsabilidad Social Empresarial durante el 3er Foro Internacional PyMEs, que anualmente entrega el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México (AliaRSE).
Alfredo Phillips, entonces presidente de la agrupación minera sostuvo que “Debe tenerse en cuenta que Guerrero es hoy el tercer productor de oro del país y el sector minero es de los sectores que ofrecen salarios dignos, por encima de la media nacional y con todos los beneficios sociales correspondientes”.
La alianza de empresas que conforman el clúster minero suma un total de 10 mil empleos directos y más de 40 mil indirectos, además de contribuir a generar una cadena de valor de más de 3 mil millones de pesos, lo que beneficia a más de 350 empresas guerrerenses.