La consulta popular se cuestiona al decidir la Corte que no es inconstitucional la pregunta que el presidente López Obrador haría a la ciudadanía para someter a juicio político a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, todos promotores del modelo neoliberal.
En 30 años, México vivió concentración de la riqueza, quebrantos al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción, elecciones viciadas, violencia, inseguridad pública, violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma, el desmoronamiento del Estado de derecho. Estos exmandatarios cometieron esos delitos.
Los ministros contrarios a la propuesta del Ejecutivo suponen omisiones de tesis como el de igualdad bajo el supuesto de la violación a los derechos humanos.
Los que favorecieron el proyecto reafirman con su voto la democracia participativa, ampliando la intervención del ciudadano en decisiones fundamentales. Ello implica desaparecer uno de los mitos que creó el autoritarismo en México en el pasado.
Los anticuados “totems” o dioses que eran los presidentes intocables originaban escenarios de impunidad en cada gobierno y se regodeaban en la corrupción.
En ese ambiente políticamente degradado se daba una ciudadanía pasiva, oprimida por el poder político, debilitando el principio de representatividad y estancando el ejercicio de libertades. No podemos negar que esa figura del intocable se desmorona.
La revocación del mandato, ahora también norma constitucional, no podía imaginarse durante el tiempo del presidencialismo imperial. Un presidente que todo lo abarcaba y todo lo determinaba.
Y ahora la Corte se ubica en tiempos modernos que conllevan la creación de nuevas narraciones construyendo historias políticas alternas. Se desatan libertades en los hechos y no hay límites a las manifestaciones públicas, aún de los opositores más radicales al nuevo régimen.
Pero la costumbre se ve impactada y se desestructura la idea del mundo de lo político donde los conservadores del viejo orden rechazan la democracia participativa que hoy dirige el proyecto presidencial.
Y es cierto, en la democracia nadie es intocable y todos son susceptibles de ser juzgados por sus actos. La consulta no viola alguna norma jurídica y por lo tanto no es inconstitucional. Incluso no es necesariamente vinculante pero sí se pueden crear comisiones de la verdad o instrumentos legislativos para terminar con esta vieja idea de corrupción como conducta del servidor público.
Me gustaba la redacción original de preguntar directamente si se estaba de acuerdo en que se juzgara políticamente a los expresidentes, pues ello desecha el pensamiento de que se accede al poder para cometer delitos y nadie los sanciona y al expresidente menos, pues acumula tanto poder durante su mandato que se asegura de crear acuerdos que le protegerán de cualquier acto que amerite la sanción de la sociedad.
Ante esto, el costo de una consulta siempre será menor al beneficio democrático que se logra al transparentar la vida pública que no tiene precio. De ahí la factibilidad de que esta consulta se realice el mismo día de los comicios del 2021. Eso es intensificar la democracia deliberativa a la que todos los pueblos deben dirigirse. México en particular, sin duda.
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