La iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Morena, el pasado 20 de mayo de 2020, que buscaba desaparecer 44 fideicomisos, se modificó de manera sorpresiva incluyendo a más de 109 fideicomisos, algunos de ellos de gran importancia para México, sobretodo para la protección de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de prensa. Los diputados de la mayoría de Morena arrasaron cual aplanadora y aunque hubo voces valientes que se opusieron no se logró revertir la mayoría y se aprobó con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones el dictamen que reforma y deroga diversas leyes en materia de fideicomisos (en adelante la extinción de los fideicomisos) que en total suman una bolsa de casi 69 mil millones de pesos. Entre estos se va el FONDEN, el fondo metropolitano, el FIDECINE, el fondo de atención a víctimas, el fondo para el impulso al deporte de alto rendimiento, fondos de CONACYT, FONREGION, etcétera. Fue un día triste para México; y aunque los diputados de Morena insistan en que con esta medida van a eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, a mí me queda claro que entre nuestros representantes populares imperó la sinrazón.

A esto se suma el discurso siempre simplista del Presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que garantizará que los recursos que se obtengan se emplearán bien e incluso adelantó que podrían servir para la adquisición de la vacuna contra el coronavirus. Dijo estar seguro de que “se va ahorrar y que ese ahorro se va a emplear bien, va a ser para la gente el apoyo”. Todos sabemos (pues lo estamos viviendo en carne propia) que la situación económica por la que estamos atravesando en nuestro país, causada por la pandemia ha “obligado” al gobierno a tomar medidas drásticas para poder contar con más recursos públicos y de esa manera poderle hacer frente.  Sin embargo, estas medidas no deben poner en riesgo la garantía de unos derechos para poder garantizar otros, ni mucho menos hacerlo para hacer un manejo discrecional de los mismos.

Los fideicomisos son instrumentos jurídicos para el manejo de recursos públicos, (que, dicho sea de paso según cifras del Secretario de Hacienda se refieren a menos del 1% del gasto público, pues el 99.53% del gasto se ejerce a través del presupuesto). Y si bien durante años se ha hizo énfasis en el manejo poco transparente de algunos de estos fideicomisos o incluso que el ejercicio de los mismos durante mucho tiempo haya sido inadecuado, lo cierto es que, en los últimos años se han fortalecido las reglas de transparencia y rendición de cuentas que les son aplicables. Así por ejemplo, la Ley General de Transparencia, en el año 2015, incluyó a los fideicomisos como sujetos obligados, y, a finales de 2019 (ya en esta administración) se crearon otras medidas o candados para que exista mucho mayor control en el ejercicio de los fideicomisos e incluso se les dan más elementos de transparencia; todo esto, en la Ley Federal de Austeridad.  De tal suerte que, si bien, las reformas a la legislación de transparencia y la incorporación de diversos mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, son un paso en el camino correcto, es cierto que no han sido suficientes para terminar con la opacidad y discrecionalidad que sigue operando en muchos de ellos. Debido a lo anterior, es fundamental fortalecer la implementación de estas reglas y mecanismos para garantizar que los recursos efectivamente se ejerzan de forma transparente y con rendición de cuentas y, sobre todo, que cumplan de manera efectiva los fines para los cuales fueron creados.

En este sentido, la decisión adoptada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, relativa a extinguir de manera masiva, absoluta e indiscriminada los fideicomisos, resulta sumamente preocupante, por ser cuando menos desproporcional. Lo cierto es que la determinación aprobada por la Cámara de Diputados ni siquiera es clara respecto a la forma en que se van a ejercer los recursos obtenidos de la extinción de los fideicomisos, una vez que se reintegren a la Tesorería de la Federación; y  tampoco señala de manera específica la normatividad que tendrá que modificarse o reformarse, qué nuevos mecanismos financieros se van a aplicar o en qué términos, para asegurar recursos a los beneficiarios de los fideicomisos que se van a desaparecer. Además, no justifica por qué su extinción es la medida más adecuada, y cuáles serían los nuevos mecanismos para asegurar la continuidad de las obligaciones que el Estado Mexicano cumplía a través de estos instrumentos. La “justificación” del gobierno para extinguir algunos fideicomisos es, supuestamente, erradicar la corrupción, apelando a la falta de transparencia. Sin embargo no hay ningún informe o estudio por parte de la Secretaria de Hacienda en que se contengan detalles sobre el uso indebido de los recursos de dichos fideicomisos, que permita justificar su extinción.  Pero eso si, el Secretario Herrera graba videos y los difunde en twitter diciendo que la desaparición de los fideicomisos no pone en riesgo “un solo peso” de los recursos que llegan a estos programas.

Si el gobierno tiene dudas respecto al estatus, funcionamiento y operatividad de los fideicomisos, previo a la determinación de su extinción por decreto tendría que haberse detenido a revisar cada uno de ellos y a partir de esa revisión realizar un diagnóstico para conocer de manera clara su estatus, funcionamiento y operatividad, y tras ese diagnóstico determinar si es necesario fortalecerlos, mejorarlos, o en los casos que así se identifique, extinguir algunos de ellos. Esta decisión debe ser tomada luego de un análisis exhaustivo, serio, meticuloso y cuidadoso; ya que, por las características propias de los fideicomisos, como la flexibilidad de operaciones que permiten, la prontitud para acceder a los recursos y la posibilidad de disponer de ellos en cualquier momento sin enfrentar las reglas del presupuesto, son el instrumento financiero adecuado para atender algunos de los propósitos para los cuales fueron creados. De hecho, ante un contexto de emergencia como el que estamos enfrentando, no contar con un mecanismo como éste podría ser un obstáculo para garantizar recursos.

Asimismo, es importante mencionar en este espacio que el proceso de votación al interior de la Cámara de Diputados no ha sido transparente, ni cumplió con los principios de Parlamento Abierto; así por ejemplo, no se conocen las razones (motivos y fundaméntelos) por las cuales la iniciativa pasó de 44 a 109 fideicomisos; ni las determinaciones por las cuales no se consideraron las diversas opiniones hechas valer por representantes de la sociedad civil, de la academia, de la cultura, y un amplio etcétera en las sesiones abiertas para la participación ciudadana. Lo anterior, es de destacarse no solamente pues conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad, incluido el legislativo, debe de estar fundado y motivado; es decir, además de señalar los preceptos jurídicos en los que basan sus decisiones, deben precisar las circunstancias especiales y razones particulares para la toma de dichas decisiones; sino también porque es un postulado de la mayoría en el Congreso de la cual les gusta hacer gala, que todas las decisiones las harán tomando en consideración al pueblo.

Como he expuesto en estas líneas, me parece que la determinación de eliminar sin mayor reflexión o análisis, sin un diagnóstico previo, nada más por que sí, los fideicomisos, no resolverá los problemas de transparencia y acceso a los recursos públicos; antes al contrario, abonará a la discrecionalidad y opacidad en el gasto público. Por ello, el Senado tiene ahora una oportunidad histórica pues en sus manos está el enmendar el grave error cometido por la Cámara de Diputados y, a la vez, emprender un camino intermedio que permita valorar la utilidad real de estos instrumentos y tomar decisiones de política financiera; para reforzar y modificar el uso de estas figuras, que por muchos años dejaron de ser revisadas. Ello a partir de un análisis integral, exhaustivo, detallado y serio; pero sobretodo atendiendo a los fines para los cuales fueron creados estos mecanismos; a las y los beneficiarios y a quienes están dirigidos directa o indirectamente los recursos; así como al marco jurídico existente para controlarlos y a la posibilidad de exigir rendición de cuentas a sus operadores.

Urgimos a la H. Cámara de Senadores a reconsiderar las formas de mejorar el control y la rendición de cuentas de estas figuras y no extinguirlas de tajo y sin análisis, ya que esta medida en lugar de resolver un problema público podría generar otros e incrementar la vulnerabilidad en la que ya se encuentran muchos grupos sociales que dependen de estos recursos.