En un célebre discurso, el entonces rector de la Universidad Nacional de México, José Vasconcelos, expresó que los dos grandes males del país eran la miseria y la ignorancia. La primera consecuencia de la segunda. Por ello, puso su vocación política en el afán de fundar la Secretaría de Educación Pública como la institución que debería encargarse de atacar la causa para erradicar la secuela.
Aunque en ciertas porciones predomina una posición ideológica y de crítica al pasado, en términos generales, el informe que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación puso en circulación, Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2020. Cifras del ciclo escolar 2018-2019, presenta un bosquejo sensato del estado que guarda la educación en el país. Y, aunque no lo hace expreso, rinde homenaje a los trabajos previos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la institución que antecedió a la Mejoredu.
El informe sitúa con precisión la desigualdad existente en el Sistema Educativo Nacional. El centro de su argumentación se centra en el derecho a la educación, de la inicial a la superior; y, casi siempre, junto a un diagnóstico, asume posturas normativas, “lo que debe hacerse” y recomendaciones de diversa índole para mejorar el ingreso, permanencia y aprendizaje de los alumnos. Redunda en los mandatos del artículo 3 de la Constitución de enseñanza de excelencia e “inclusiva”, en lugar de incluyente.
El informe dibuja el estado de inequidad en la educación. La desigualdad se puede medir y presentar de diversas maneras. La Mejoredu lo hace en porcentajes. Por ejemplo, “más de 95 por ciento de los preescolares y primarias indígenas se ubica en localidades de alta y muy alta marginación… una cantidad superior a 80 por ciento de los preescolares de servicio comunitario se concentra en localidades de alta y muy alta marginación, al igual que 85 y 90 por ciento de las primarias y las secundarias con este tipo de servicio”.
En el deber ser habla de educación de excelencia, inclusión y equidad, dentro del mantra del derecho a la educación. Pero al poner el acento en la escolaridad, no tanto en el aprendizaje, da la impresión de que deprecia la noción de equidad. Un concepto filosófico, con implicaciones éticas —de ética política— y morales. Ofrecer más a las personas quienes por circunstancias ajenas a ellas son desfavorecidas.
El informe de la Mejoredu contiene información valiosa y hace juicios correctos sobre la situación de los estudiantes; la feminización de la profesión docente; el papel que representan directores de escuela y supervisores; la circunstancia de las escuelas —y las diferencias entre las urbanas y las de zonas rurales deprimidas ya en salones multigrado ya a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo—; y remata con la precariedad de los consejos de participación social en la educación.
El lenguaje del informe se acerca más a un estilo académico que al del mensaje político, aunque hace referencia constante a las fallas del pasado y evita hablar del presente, a pesar de que el informe ya incluye el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, reconoce que en el gobierno anterior hubo crecimiento de espacios educativos, pero la mayor parte se dieron en el sector privado (ahí sí incluye al 2019).
También refrenda que el gobierno de la Cuarta Transformación elevó la imagen de los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y le reconoce al magisterio su contribución a la transformación social. También que los docentes tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, pero no menciona que el gobierno restringe recursos a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional.
El informe retrata la inequidad reinante en el sector:
Con mayor frecuencia se atiende a las poblaciones en situación de pobreza y provenientes de localidades marginadas en escuelas y planteles que presentan condiciones precarias, pues no cuentan con la infraestructura mínima necesaria o equipamiento, ni reciben los materiales de manera oportuna. En ocasiones tampoco tienen una planta docente completa ni los mecanismos y la capacitación para funcionar como escuelas multigrado, en caso de tratarse de centros escolares con ese esquema de organización. En este tipo de escuelas —ubicadas en áreas rurales y marginadas, en sitios de llegada de grupos de población agrícola migrante y en localidades indígenas— pueden reconocerse dificultades como la falta de recursos, y de capacitación y acompañamiento adecuados.
El documento concluye con alegatos en favor del derecho a la educación, llamados a la inclusión y la recomendación de que “los avances y resultados educativos deben seguir una tendencia de disminución de las brechas entre las personas en situación de mayor vulnerabilidad y el resto de la población, a fin de que la educación sirva para reducir las desigualdades socioeconómicas”. Argumento que parecería razonable si hubiera un gobierno que apostara por la educación. No es el caso. No hay registro histórico de que en la etapa “neoliberal” se haya restringido tanto el gasto en educación como en el de AMLO.
En resumen, Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2020. Cifras del ciclo escolar 2018-2019, tiene activos, es útil para investigadores, pero dudo que sirva para alimentar la toma de decisiones en la SEP. Ahora porque la pandemia arrebata las urgencias y luego porque la inercia y los recortes presupuestales convierten en ilusión las mejores apuestas de mejoría.
Cien años después de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, puede decirse que en México se erradicó la miseria; hoy se le llama pobreza extrema. Si bien hay avances significativos en la escolarización de los mexicanos, no puede decirse que la ignorancia se haya exterminado. En la educación, como en la sociedad en general, persiste la inequidad.