De nueva cuenta el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa de ley. Ahora pretende regular las redes sociales. Al respecto empiezo por señalar que desde mi particular punto de vista en México se debe reflexionar profundamente sobre la regulación de los denominados servicios Over The Top (OTT); sin embargo ello debe hacerse con enorme cuidado y no a la ligera.
La reforma en materia de telecomunicaciones realmente no le entró al tema de la regulación; de suerte que esta iniciativa inclusive podría ser cuestionada en cuanto a su constitucionalidad. Sobretodo me preocupa que no se vea con claridad que en cuanto al uso de redes sociales requerirá una autorización previa es CENSURA, así de claro. Adicionalmente, me cuesta trabajo entender los motivos por los cuales el senador Monreal no le entró al tema de regular todo el subsector; es decir todos los servicios en línea y no solo las redes sociales.
La propuesta del senador modifica y adiciona 10 artículos a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para ordenar que las redes sociales autorizadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puedan establecer un mecanismo para suspender o cancelar una cuenta o perfil, o eliminar un contenido siempre y cuando tales términos y condiciones hayan sido previamente autorizados por el Instituto.
La iniciativa de Ricardo Monreal abarca por decirlo de alguna manera algunos aspectos que vale la pena destacar pues es precisamente a partir de esos contenidos que surge el debate.
En primer lugar, la iniciativa contempla regular las redes sociales que tengan más de 1 millón de usuarios, como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Para poder operar, estas redes requerirán autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo creado en 2013 cuyo titular es propuesto por el presidente ante el Senado y que dicho sea de paso su existencia está bajo amenaza por el actual gobierno federal que pretende desaparecer los órganos constitucionales autónomos. Igualmente, en la iniciativa se contempla que las denominadas redes sociales podrán establecer mecanismos para suspender o eliminar cuentas y contenidos de conformidad con los términos y condiciones previamente autorizados por el IFT (destaco la palabra clave: previamente, es decir censura previa).
La referida iniciativa señala que únicamente podrán eliminarse o suspenderse cuentas y contenidos que difundan noticias falsas (fake news), expresen mensajes de odio, afecten o atenten contra los derechos de los menores de edad, revelen datos personales o provoquen algún delito. Asimismo, la iniciativa establece que las redes sociales deberán tener un procedimiento interno para impugnar la suspensión de cuentas y contenidos, procedimiento que deberá ser resuelto en un plazo máximo de 24 horas y deberá ser atendido por personas “especialistas en derechos humanos y libertad de expresión” (personas que dicho sea de paso debería consultar el senador Monreal a propósito de su iniciativa).
Ahora bien, sigue diciendo la iniciativa que para el caso de que las redes sociales no resuelvan la impugnación, será posible presentar una queja por violación a la libertad de expresión ante el IFT, organismo que además de regulador del sector telecomunicaciones y radiodifusión deberá fungir como árbitro entre las partes.
Por último la iniciativa de Ricardo Monreal establece que si se acreditan violaciones a la libertad de expresión de los usuarios (lo que sea que esto signifique) se podrán imponer multas de hasta 89 millones de pesos a las redes sociales; atendiendo desde luego, a la gravedad de la violación al derecho humano de libertad de expresión.
Sin duda habrá quienes tras leer la iniciativa y/o escuchar las diversas declaraciones del senador Monreal consideren que la iniciativa contempla cuando menos algunos aspectos que “positivos” como puede ser la intención de proteger los bienes jurídicos tutelados frente a la libertad de expresión como el derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen; o la búsqueda por minimizar las noticias falsas para fortalecer el derecho de acceso a la información.
Evidentemente existe por ejemplo un amplio consenso en cuanto a combatir el discurso del odio y de todo aquello que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas y en última instancia del Estado Mexicano. Por ejemplo, es claro que existe preocupación con relación a la escasa regulación que existen respecto al us to de redes sociales desde el poder; sin embargo nunca desde la ciudadanía, pues aquí debe haber plena libertad.
Es decir, considero que los órganos electorales deben poner más atención en el gasto en campañas políticas que se realizan en redes sociales, y sin duda sería más que conveniente tener alguna regulación relativa al tema de las llamadas fake news, o del discurso del odio; aunque dicho sea de paso, esto no debería estar a cargo del IFT por no ser especialista en esta materia. En su caso sería conveniente dejarlo a la competencia de los tribunales.
Adicionalmente hay un tema de privacidad y datos personales en redes sociales que debe regularse y sin embargo la iniciativa no pones atención a esto; como tampoco lo hacer al tema del acoso y la violencia digital.
Lo que me parece relevante a estas alturas es que antes de pensar en regular a las empresas de redes sociales, tendríamos que regular el uso de las mismas por parte de los partidos políticos y demás entes públicos sobre estos medios. Pues son sin duda estos entes quienes se benefician de las noticias falsas y de los bots para manipular a la ciudadanía con fines electorales.
Seamos serios, ¡cuáles son los países que nos vienen a la mente cuando pensamos en este tipo de “regulaciones” o más bien prohibiciones? A mi me vienen a la mente de inmediato países como China o Cuba. Digámoslo fuerte y claro ¡regular las redes sociales es una medida autoritaria!
Además, las conductas socialmente inapropiadas no tienen lugar sólo en Internet o en las redes sociales, cuando menos no son exclusivas de estos medios, pues también están presentes en los llamados medios tradicionales.
La iniciativa del Senador Monreal presenta además un problema de entendimiento conceptual básico pues confunde el internet con un bien de dominio público, como si se tratara del espacio radioeléctrico y por ende pudiera ser regulado en abstracto. En la experiencia comparada normalmente se ha optado por la “autoregulación”.
Y si bien existen sistemas de regulación, estos abordan sólo una parte de los contenidos de las redes sociales (puede ser por ejemplo el llamado derecho al olvido o la protección de datos personales), pero no los abordan todos, ni los abordan al mismo tiempo. Otra cosa que me parece relevante destacar, es que en nuestro caso, el tema de la regulación de las redes sociales no es un tema que preocupe al ciudadano promedio, sino de un pequeño segmento que ve riesgos, fundamentalmente los políticos que después de la cancelación de la cuenta de twitter del Presidentr Trump ven como un riesgo inminente que esto ocurra.
Evidentemente ni las redes sociales ni el Internet pueden estar por encima de la ley, pero sin embargo la restricción de derechos y libertades no es ni debe ser el camino para lograr una adecuada regulación.
Sin duda alguna, en el momento actual, incluso a nivel global con el uso de las redes sociales, la proliferación de las fake news y de paso, es importante pone sobre la mesa de debate el tema de regular el uso de las redes sociales y en general los servicios OTT, pero sin censurar. Y al hablar de censura no pretendo cerrar los ojos y negar que ésta ya existe y que de alguna manera las propias redes como Facebook, Twitter, o Tik Tok, lo hacen todos los días; y nosotros como usuarios estamos “al tanto de ello” pues se establece en los términos y condiciones que normalmente aceptamos sin mayor reflexión los usuarios.
Lo verdaderamente trascendente sería regular como lo hacen, pero sin censurar; es decir no es necesaria ni la autorización previa por parte del IFT ni ningún otro tipo de censura. En su caso, tendría que ser el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) quienes regulen, pero además no debemos pensar en regulación enfocada de manera exclusiva a redes sociales, lo que se debe regular son todos los servicios en internet y esto es una discusión que va mucho más allá de lo que la iniciativa de Monreal está planteando.
En suma, no basta con un panel de una semana para oír opiniones y aportes por parte de los expertos en la materia; en realidad hace falta tiempo para hacer las cosas como se debe. Para pensarlas y plantearlas con la profundidad que una medida de esta naturaleza reclama. Esa ruta se ha seguido no sólo en el Reino Unido, sino también en la Unión Europea. En México por su debilidad como economía comparada con Europa, Estados Unidos o el Reino Unido requiere necesariamente del acompañamiento de las multinacionales de Internet para que fructifique una norma que sea válida y eficaz.
En México debemos trabajar seriamente en la llamada “alfabetización digital”, pues las brechas entre ricos y pobres de conocimiento digital es inmensa. Sin embargo, lo cierto es que esta iniciativa se circunscribe en el temor del presidente Andres Manuel López Obrador de terminar como su vecino del norte, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, cuyas cuentas de redes sociales fueron suspendidas tras enviar mensajes que incitaron a una protesta en el Capitolio estadounidense para obstruir la validación de su derrota electoral.
Frente a ello, evidentemente nuestro mesías se lanzó vehementemente contra las compañías de redes sociales al considerar que suspender sus cuentas representaba un atentado contra la libertad de expresión. Eso es lo que verdaderamente está detrás de esta iniciativa. En suma, que no pretendan sorprendernos, la regulación del sector puede ser necesaria, pero no es ni la forma ni el momento.
Lo cierto es que la iniciativa es centralizadora, autoritaria y generará censura. Desde ninguna perspectiva se trata de una iniciativa que pretenda maximizar los derechos de las y los ciudadanos; sino que más bien se trata de una iniciativa que pretende ejercer más poder del Estado sobre las empresas.