El pasado 1° de febrero Andrés Manuel López Obrador remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). El Presidente presentó la referida iniciativa con carácter preferente; esto es, se trata de un Proyecto de Ley que presenta el Ejecutivo Federal para agilizar aquellos proyectos que (como en la especie) considere primordiales para el país. Lo anterior quiere decir, que dicha iniciativa será discutida y votada por el Pleno de la cámara de origen (la de diputados en este caso) en un plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido, ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno y de ser aprobado o modificado tendrá que ser turnado a la cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las mismas condiciones que en la cámara de origen. Las reformas propuestas cambiarían ampliamente las reglas del “juego” del sistema eléctrico nacional para beneficiar a la  Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las centrales eléctricas de sus subsidiarias, desplazando centrales con tecnologías limpias y renovables, además de otras plantas propiedad de particulares. En suma, el “espíritu” de la iniciativa presidencial es eliminar de un plumazo el Mercado Eléctrico Mayorista con la incorporación de un conjunto de cambios regulatorios cuya finalidad es beneficiar a la CFE perjudicando a los productores privados; por ejemplo al someter reglas de despacho y de operación del sistema eléctrico nacional a la política energética de la actual administración, que por diseño beneficia a las centrales eléctricas de CFE y desplaza centrales eléctricas de particulares.

La iniciativa incluye, entre otras muchas cuestiones, modificaciones para limitar los principios de libre competencia y concurrencia previamente establecidos en la LIE; elimina la obligación de CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de llevar a cabo subastas de largo plazo para el suministro básico de electricidad, una política que de facto ya había venido siendo implementada por el gobierno federal; introduce una nueva forma de contratación bajo la figura de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, cuyos compromisos tendrían prioridad en el despacho; ordena la revisión de contratos previamente celebrados por CFE con productores independientes; sugiere que los titulares de permisos de autoabastecimiento bajo el régimen de contratos legados previsto en la propia LIE sean revisados e incluso revocados si son inconsistentes con la ley reformada o con la política energética del gobierno; establece que las autoridades del sector y reguladores contarán con un periodo de 6 meses a partir de la publicación de la ley reformada para realizar las modificaciones o emitir los acuerdos, resoluciones y disposiciones administrativas necesarios para que la normatividad actual se ajuste a la ley reformada. Adicionalmente la iniciativa no establece (por lo menos no lo hace de manera clara) si existe una obligación de migrar permisos de generación bajo la modalidad de autoabastecimiento hacia permisos de generación bajo la LIE. Del proyecto tampoco es posible determinar a ciencia cierta si la intención del gobierno es mantener una porción relevante del mercado de suministro calificado “libre” para los generadores privados o si de plano pretende sacarlos por completo del mercado. Esto último parece ser la intención sobretodo si se pone atención a las declaraciones del Presidente con relación a este tema.

Lo cierto es que el gobierno federal ha iniciado vía acuerdos administrativos y decretos regulatorios una estrategia para afectar al sector energético (en sentido amplio) desde 2019 y 2020; afortunadamente la aplicación de varios de estos acuerdos y actos regulatorios promovidos por el gobierno federal en materia de electricidad han sido exitosamente suspendida por orden del poder judicial federal, que ha debido involucrarse y pronunciarse al promoverse diversos mecanismos de control de constitucionalidad por parte de los entes legitimados para hacerlo. Así se han promovido diversos juicios de amparo e incluso una Controversia Constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para cuestionar en términos generales la constitucionalidad de la política energética del gobierno. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de alguna manera devolvió las esperanzas al sector al resolver esta controversia, pero precisamente en el marco de la publicación del proyecto de resolución por parte del máximo tribunal del país, fue que se presentó esta iniciativa preferente. En una especie de infantil pataleta haciendo gala de que en este país en pleno siglo XXI se hace lo que el Presidente dispone con independencia de las repercusiones, sociales, económicas, o de cualquier tipo que ello pueda traer aparejado.

Ahora bien, las disposiciones contenidas en la iniciativa de reforma a la LÍE son problemáticas en distintos niveles pero presentan los mismos cuestionamientos a nivel constitucional, de comercio y competencia económica que aquellos que ya fueron analizados por el máximo tribunal del país y que de alguna manera están siendo analizados por el sector y revisados por tribunales federales que están conociendo de los diversos juicios de amparo que hasta el día de hoy se han promovido. De suerte que en caso de aprobarse la iniciativa de reformas tal y como se ha presentado, es previsible que se promuevan más juicios de amparo, que se promuevan otras controversias constitucionales y alguna acción de inconstitucionalidad para obligar al poder judicial federal a que se pronuncie de manera definitiva. Lo anterior, toda vez que algunas de las disposiciones del proyecto de reforma parecen violaciones claras a principios constitucionales como el de irretroactividad y de libre competencia. Los inversionistas extranjeros y agentes económicos con inversión en proyectos de energía renovable en México tendrán que seguir muy de cerca el proceso legislativo de la iniciativa y preparar una estrategia legal frente a su eventual aprobación, para así proteger sus derechos adquiridos e iniciar cualquier acción disponible. El impacto y los recursos legales debe ser analizado cuidadosamente y dependerá del tipo de inversión, estructura de financiamiento, etapa y exposición de cada proyecto, pero sin duda alguna el sector debe estar preparado para hacer frente a esta embestida.

Adicionalmente a lo ya comentado, la iniciativa de reforma resulta violatoria de  obligaciones del Estado mexicano establecidas en los tratados de libre comercio y de inversión suscritos por México, incluyendo las previstas en el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC). De ser aprobada en sus términos esta iniciativa de reformas, seguramente surgirían  tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos (y posiblemente también de Canadá), considerando que la nueva administración del presidente Biden tendrá que abordar el cumplimiento de los compromisos de México bajo el T-MEC y dar seguimiento a la carta enviada por autoridades estadounidense de comercio y de Estado a sus contrapartes mexicanas precisamente solicitando la revisión de las políticas de energía a la luz del tratado. Esto es de la mayor importancia para las relaciones bilaterales México  Estados Unidos y nuestro presidente parece simplemente no darse cuenta.

Sabemos que al presidente poco o nada le importan las obligaciones que como Estado tenemos a nivel internacional y que en su discurso simplista esto lo hace para privilegiar al pueblo y solamente alzan la voz los fifis, los conservadores, los neoliberales; pero lo que el presidente omite mencionar en sus homilías desde Palacio Nacional, es que su iniciativa es violatoria del T-MEC pues cambia las condiciones reguladoras de tal forma, que las inversiones en el sector se tornan absolutamente inviables. El Presidente y sus asesores parecen olvidar que el sector eléctrico es uno de los seis sectores cubiertos por el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado entre México-Estados Unidos y por lo tanto el  riesgo de que México tenga que defender su política energética ante paneles internacionales (con todo lo que ello implica) es real, por no decir inminente. La iniciativa representa una expropiación indirecta. Asimismo, es violatoria de las disposiciones en materia de empresas propiedad del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás.

Ojalá que los legisladores tengan visión de Estado y altura de miras, que se sienten a hacer un trabajo exhaustivo frente a esta iniciativa, que la discutan y debatan a partir de datos y evidencia económica, en el ejercicio de un verdadero parlamento abierto. Aunque la verdad parece poco probable (y por ende resulta desesperanzador) pues cuando menos en diputados ya se aprobó el dictamen y no se le movió ni una coma al mismo. De aprobarse esta reforma sin duda representaría un retroceso histórico. Y lo que es peor, tal y como ha quedado evidenciado en estos días, hace menos factible la construcción de un país donde existan mejores condiciones de calidad, servicio y precios de electricidad para los hogares mexicanos y el sector productivo tanto público como privado.