El Ejecutivo Federal presentó la reforma a la Ley de Hidrocarburos que busca fortalecer a Pemex y replantear el monopolio de los combustibles. Esta iniciativa es parte de la agenda política de la actual administración para fortalecer la presencia y poder de decisión del estado mexicano en el sector energético.
Esta modificación constituye un retroceso importante para el sector energético y para la economía mexicana en general, que se suma a las diversas acciones que pretenden retornar a la rectoría del Estado en este sector y que difícilmente tendrá consecuencias positivas para el crecimiento y desarrollo económico nacional.
La actual administración ha cuestionado de manera enérgica el papel de las empresas importadoras de combustibles, principalmente diésel y gasolina, por considerar que los contratos y permisos de importación otorgados durante la pasada administración afectan la seguridad energética y económica nacional, incluso, en el discurso ha llamado “contrabando” a la internación de estas commodities.
Debido a la apertura del mercado y la posibilidad de que los empresarios pudieran decidir sobre la procedencia e imagen comercial de los expendios, la paraestatal ha disminuido su participación en el mercado de estaciones de servicio. Según datos oficiales, los establecimientos que ofrecen combustible de Pemex se redujeron 37% de 2016 a 2020, un hecho que enciende las alarmas en tanto que ha dejado un negocio rentable en manos de empresas particulares, según lo expresado por esta administración.
Otro de los argumentos utilizados en esta iniciativa son las afectaciones a la economía familiar, bajo la acusación de que los distribuidores privados de combustibles no despachan litros completos a los usuarios finales.
Con esto en cuenta, la pretensión de la reforma es modificar los artículos alusivos al otorgamiento y regulación de permisos relacionados con la comercialización, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, así como al expendio al público de petrolíferos (como gasolinas y diésel), para con ello suspender los permisos de importación y comercialización de combustibles por parte de empresas particulares, en los casos en que se considere que representan un peligro para la seguridad nacional, estratégica y económica.
Este ejercicio legislativo, coincidentemente tiene lugar en un contexto donde el precio de los combustibles como la gasolina y el diésel en México, se encuentran por arriba de los 22 pesos por litro, cuya explicación se encuentra en las elevadas cotizaciones internacionales de los precios del petróleo y en el retiro de los estímulos fiscales a la gasolina.
El mundo ha cambiado y los agentes económicos globales reaccionan de manera inmediata ante estas acciones, y hoy como país, no sólo estamos bajo la mirada de los principales inversionistas internacionales, sino que ya hemos dejado de ser un mercado atractivo para la inversión y los resultados del índice de Inversión Extranjera Directa Kearney 2021 son muestra de ello, quedando México fuera de las principales 25 economías para invertir, justo debido a este ejercicio que merma al sector eléctrico.
El objetivo de esta administración ha sido lograr soberanía en el sector energético, pero ésta no se consigue simplemente con una total rectoría y propiedad del Estado, sino aprovechando la complementariedad de la inversión privada nacional y extranjera. En este sentido, el Estado Mexicano debe buscar un sólido marco legal que la fomente y promueva, que impulse la adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo tecnológico, que permita la sana y justa competencia y finalmente la generación de rendimientos adecuados que posibiliten la reinversión; de otra manera estaremos alejando al país del objetivo.
Esta contrarreforma contraviene el espíritu del T-MEC, después de haber impulsado, firmado y celebrado un tratado de largo plazo, sería incongruente el vulnerarlo. Con ello se desestima la posibilidad de aprovecharlo en favor de la población, creando empleos, con mayor calidad y remuneración, generando un mayor capital humano y la posibilidad de una mayor competitividad industrial de nuestro país.
Queda por ver la reacción de nuestros socios comerciales, que por ahora ha sido moderada y únicamente ha instado a México a adherirse a los compromisos del T-MEC y dar trato justo e igualitario a los inversionistas; pero eso pudiera cambiar frente a la presión de los agentes económicos.
Las modificaciones propuestas significan un freno para la industria energética en toda su extensión, tanto la industria petrolera, como la energía eléctrica, el desarrollo en la generación de energías limpias.
Las consecuencias no serán menores, las posibilidades de retomar el crecimiento económico serán mucho menores, alcanzar un aumento del PIB en 5.3% para 2021 como se estimó en los Pre-Criterios 2022 se dificultará frente a la falta de energía necesaria para ello.
Un país sin energía suficiente, de calidad y a buenos precios está condenado a la mediocridad en el largo plazo.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®