En la recta final del periodo de mando, el gobierno del estado está enfrentando una ola de movilizaciones y protestas por parte de los trabajadores en demanda del cumplimiento del pago de estímulos por años de antigüedad, bono de fin de sexenio y el pago de salarios además de los reclamos por la carencia de uniformes e instrumentos de trabajo durante el, lo cual no solo evidencia desorden administrativo, sino que dejan en condiciones muy vulnerables al estado y los municipios.
Las movilizaciones, bloqueos y toma de las oficinas, se han venido incrementado en el último mes e incluyen a Trabajadores supernumerarios y de lista de raya en diferentes áreas del gobierno del estado y los 17 Organismos Públicos Descentralizados (OPD), los del Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG) dependientes del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Los trabajadores en paro de las OPD son de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), del Centro de Rehabilitación Integral de Guerrero (CRIG) y las oficinas del DIF, del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum). Las pirncipales dependencias gubernamentales en paro son la Secretaria de finanzas, Salud y Educación.
Los trabajadores estás afiliados a diferentes secciones del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
Debido a la falta de pagos de diferentes dependencias y Ayuntamientos al ISSSPEG los trabajadores no pueden acceder a préstamos, porque no hay un techo financiero por lo cual advirtieron que el paro continuará hasta que sean liberados los pagos pactados con el gobierno del estado, que debió de realizarse el 30 de septiembre.
También, trabajadores operativos de la Secretaría de Protección Civil estatal, pararon labores y tomaron sus oficinas en la capital, para exigir a Marco César Mayares Salvador, titular de la dependencia, el pago de viáticos, bono de riesgo, seguro de vida y equipos de trabajo.
Al mismo tiempo unos 20 policías estatales se manifestaron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, antes Palacio de Gobierno, para insistir a Héctor Astudillo Flores, gobernador y a David Portillo Menchaca, secretario de Seguridad Pública estatal, que les pague los viáticos que corresponden a la primera quincena de octubre.
“Administración 2015-2021, carencias en Protección Civil estatal, equipo de protección personal y abastecimiento de unidades”, “falta de uniformes, sólo dieron dos uniformes durante los seis años, pago total de viáticos” y “trajes de bomberos rotos durante seis años”. Se leyó en una de las mantas que colocaron.
Los trabajadores mostraron los trajes que usan para atender incendios forestales, los cuales están rotos y obsoletos, porque tienen 6 a 10 años de utilidad, y manifestaron que necesitan diez trajes para atender esas emergencias.
Trascendió que a los 120 trabajadores de la base centro se les debe un mes y medio de viáticos, que diario son 170 pesos, mientras que en las otras regiones se les adeudan dos meses y hasta dos meses y medio. La movilización se sumaron los trabajadores operativos de las regiones Acapulco, Norte, Costa Chica, Costa Grande, Montaña y la zona de la sierra.
Por razones similares, también se encuentran en paro trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Alberto López Celis, titular del TSJ reconoció que por ahora el Poder Judicial del estado no cuenta con recursos para pagar el incremento salarial de 12 por ciento, retroactivo a enero, que autorizó el gobierno del estado a sus trabajadores y que ahora reclaman también los del Tribunal, agremiados al SUSPEG.
López Celis aseguró que de los mil 950 trabajadores que tiene el TSJ, aproximadamente 400 son sindicalizados y pertenecen al SUSPEG y de ellos unos 200 iniciaron un paro laboral el 5 de octubre en el edificio de Caleta en Acapulco donde están los juzgados civiles, familiares y la Sala Penal.
Dijo también que en el Tribunal están al corriente con el pago de los salarios, pero les falta el retroactivo a enero, “porque no teníamos contemplado ese recurso y lo que estamos platicando con la dirigencia del sindicato es pagar más adelante”.
Reconoció que el movimiento laboral está afectando “la marcha” del distrito judicial más importante de Guerrero, como es Acapulco.
Explicó que no previeron estos recursos porque el TSJ autorizó un incremento en todas las categorías de sus empleados de sólo el 3.5 por ciento, sin embargo el gobierno estatal autorizó un 12 por ciento a sus trabajadores basificados y esto repercutió en los más de 400 agremiados al SUSPEG que laboran en el Tribunal, “y es lo que nos vino a desajustar”.
Insistió en que el problema ahora es “cómo les hacemos llegar esos recursos si no los tenemos, a quién le solicitamos una partida extraordinaria si el estado se encuentra en una situación complicada”.
Insistió que el Poder Judicial “no se niega, claro que vamos a cumplir, no tenemos problemas para cumplir, pero en estos momentos no tenemos la posibilidad del recurso”.
El 6 de octubre, unos cien trabajadores del magisterio, que son derechohabientes del ISSSTE y agremiados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Edicación en Guerrero (CETEG), bloquean ambos sentidos de la avenida Ruffo Figueroa frente a la clínica de Chilpancingo, para exigir la reconstrucción inmediata del hospital que fue afectado por el sismo del pasado 7 de septiembre, así como habilitar un espacio para la atención digna.
Reyna Bello de Jesús, secretaria general de las oficinas centrales de la CETEG, denunció que una de sus compañeras de 82 años murió la semana pasada porque en la casa que se habilitó para atender urgencias no hay oxígeno.
Agregó que 12 de sus compañeros necesitan ser trasladados, pero no son atendidos por los hospitales con los que el ISSSTE hizo un convenio porque ya están saturados. Detalló que son el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón y el hospital privado Santa Fe.
Todo este panorama indica que Evelyn Salgado Pineda, gobernadora electa que recibirá una situación muy convulsionada en el estado en problemas de salud, educativos y laborales.