A muchos llama la atención el contraste entre el alto porcentaje de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador en las encuestas de opinión que en forma periódica realizan distintos medios de comunicación, sistemáticamente rondando en 60 puntos de 100, y la calificación contrastantemente baja sobre los resultados de su gestión, que oscilan entre los 28 y los 40 puntos.
Una es la calificación de la persona y otra la del gobierno. El Ejecutivo comunica y se conduce en forma tal que obtiene la aprobación como figura pública con una responsabilidad específica, en tanto que la falta de obtención de ciertos objetivos públicos -propuestos por él o deseados por la ciudadanía- es valorada de manera distinta. Una no permea a la otra y viceversa. Se hace claro que no se le califica por la cuenta rendida, sino por la forma de transmitir el ejercicio del cargo y afirmar conductas que la mayoría aprecia.
Se sienten sus preocupaciones por las personas económicamente más vulnerables y que hay acciones específicas para su atención derivadas de la voluntad presidencial; se percibe que, en lo personal, practica la austeridad y se aparta de las formas y bienes vinculados a la disposición de un patrimonio holgado. Ha captado -de sobra- que resulta ofensiva para la mayoría de la población la exhibición de la riqueza en un país de desigualdades abismales, y que puede agravarse con la adopción de actitudes discriminatorias por cualquier causa.
En ese contexto, al propio presidente de la República le preocupa la falta de resultados en materia de seguridad pública, pues es una cuestión que afecta a todos los estratos sociales, pero donde las consecuencias más graves suelen multiplicarse para quienes padecen condiciones de pobreza. Quizás por ello el 15 de julio último, durante el programa matutino gubernamental que conduce, expresó que “si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”. Se reconoce que los resultados no han llegado.
Cabe retomar el discurso presidencial y el fondo de su percepción en dos vertientes: la aspiración de la ruta trazada y los elementos puestos en marcha para lograrlo.
La primera es, en lo positivo, lo deseable, pero a su vez racionalmente inalcanzable en la realidad. Está claro que en sucesivas ocasiones el Ejecutivo Federal -en una conducta no modificada a pesar de los equívocos en que incurre- ha señalado fechas en las cuales se habrían logrado las condiciones de seguridad pública que la población reclama, espera y merece. La fecha se mueve hacia adelante, pero la promesa se ratifica; por ejemplo, cuando el 15 de enero de 2020 planteó que al culminar el segundo año del mandato se apreciarían los resultados de la estrategia emprendida, sin siquiera un parámetro de eventuales logros graduales.
En verdad, a la luz de la situación de la seguridad pública imperante al inicio del presente período presidencial y la trayectoria acumulada, ¿puede esperarse una solución en un plazo corto? ¿Puede, incluso, esperarse razonablemente la solución del problema de inseguridad de al menos cinco lustros en un período de gobierno? Objetivamente parecería haber un alejamiento de lo factible, al pensarse que éste u otro de los problemas ancestrales de nuestra República pueden solucionarse tan “rápidamente”, sin contar con un diagnóstico adecuado y una estrategia integral.
Porque sin duda es necesario hablar y revisar las causas u orígenes de las conductas delictivas, particularmente las vinculadas a la delincuencia más peligrosa y violenta, pero su identificación y su atención no tienen un efecto disuasivo inmediato necesario en la disminución de los delitos que agravian mayormente a la sociedad. Poner el acento en resolver las causas en este momento tampoco tiene efectos retroactivos -puestos en esa hipótesis- con las condiciones causales de los grupos delictivos que hace rato operan y se multiplican en el país.
Evitar que las filas de la delincuencia organizada se hagan más largas no la inmoviliza ni la desarticula. Para ello se requieren tareas de inteligencia, estrategia, acción y, en su caso, uso de la fuerza. Es la mirada necesaria a los elementos conjuntados por el Ejecutivo de la Unión para la tarea.
A pesar de los precedentes discursivos de la campaña electoral de 2018, la decisión fue entregar la responsabilidad de la seguridad pública a la Fuerza Armada permanente, mediante la creación de la Guardia Nacional (GN) con base en el personal que se transferiría de las secretarías de la Defensa Nacional (SDN) y de Marina (SM), y la autorización constitucional -a cambio de que la GN fuera civil- para utilizar al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en esas tareas durante los cinco años de formación y consolidación de la nueva institución federal de seguridad pública.
A unos meses de que expire el tercer año de esa autorización, el incumplimiento de conformar esa fuerza civil es tan enorme que el propio Ejecutivo Federal ha anunciado que planteará una nueva modificación constitucional para que la GN pase a ser un cuerpo integrante de la Fuerza Armada adscrita a la SDN, como lo son el Ejército y la Fuerza Aérea. En los hechos, la GN sólo tiene una falsa o, cuando mucho, simulada adscripción administrativa en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero el mando, las plazas (mayoritariamente) de sus elementos y su equipamiento están en la férula de la SDN. La incidencia de irregularidades y responsabilidades administrativas puede ya ser enorme y profunda.
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¿Se adscribieron a la SSPC los elementos transferidos de la Policía Militar y de la Policía Naval? ¿Cuántos integrantes del Ejército y la Armada son la base veterana o la base fundacional de la GN? ¿Se transfirieron y en qué términos los bienes materiales necesarios para que esos otros integrantes de la Fuerza Armada permanente realicen sus tareas en la nueva adscripción? ¿En qué dependencia están radicados los recursos presupuestales para sufragar las remuneraciones de quienes integran la GN? ¿Bajo qué términos se preservan los derechos adquiridos por esas personas en la Fuerza Armada de origen, para efectos de antigüedad y seguridad social y en qué institución? En principio, salta a la vista que el régimen aplicable a estos componentes continúa siendo militar.
Por la naturaleza de las funciones castrenses de seguridad pública, la formación militar no prepara para las tareas policiales civiles. Es un aspecto muy explorado y resuelto en el Sistema Interamericano, donde la necesidad excepcional de recurrir a la Fuerza Armada ha de ser, entre otras directrices, temporal, normada, subordinada a la autoridad civil y sujeta a su vigilancia. Otro cúmulo de responsabilidades a la luz del impugnado Acuerdo presidencial para disponer de la Fuerza Armada permanente para la seguridad pública.
En contraste, no ha habido ningún impulso de la Federación para que las entidades federativas y los municipios avancen en la construcción y desarrollo de las instituciones policiales que requieren para cumplir con sus responsabilidades en la seguridad pública. Desde luego que se trata de una tarea local, pero también es claro que por la debilidad crónica de las finanzas en los la mayoría de las entidades federativas y los municipios, la adopción de criterios nacionales y de recursos federales es indispensable para avanzar como se requeriría. No es posible revertir el diseño de buena parte del siglo pasado para que las entidades federativas carecieran de fuerza pública, sin un programa nacional y recursos federales.
La promesa de brindar seguridad pública -pacificar al país le llama, en un eufemismo para alejar la responsabilidad del gobierno- está incumplida, las entidades federativas enfrentan limitaciones para conformar las instituciones policiales adecuadas, la Fuerza Armada permanente ha sido refrendada en tareas que no le corresponden pero la fortalecen como factor de poder y el anuncio es que la transitoriedad extraordinaria, prolongada y sin resultados sea la norma.
Mucha oferta de transformación para volver a lo mismo fallido. La inconstitucional militarización de la seguridad pública sin auténticos resultados por al menos el tercer período presidencial.