En los años 50, en México se comenzó a aplicar el modelo económico conocido como el de “desarrollo estabilizador”, que implicaba proteccionismo hacia la producción nacional y, por supuesto, a los empresarios que operaban en el país.
En los 70, durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo, se percibió un agotamiento del “desarrollo estabilizador”, con serios riesgos para la política y la gobernabilidad en el país. Por eso mismo, el gobierno en turno intentó un golpe de timón hacia un modelo diferente: el de desarrollo compartido.
El “desarrollo compartido” no estaba bien definido y no pudo establecerse como un conjunto económico de políticas de Estado. Como si sus indefiniciones no fueran suficientes, surgió una fuerza empresarial mejor organizada y cada vez más beligerante que echó por tierra las buenas intenciones en los dos sexenios; mismos que terminaron en crisis.
A partir de 1982 se inicia la vuelta al “desarrollo estabilizador”, pero con la variante de que en lugar del proteccionismo se creó un esquema de economía abierta. La combinación del “desarrollo estabilizador” con la liberación del mercado interno y una nueva relación económica con el exterior conforman lo que se ha definido como neoliberalismo. Este modelo, con algunas variaciones, fue un detonante para extremar las ganancias del sector privado, sin que los beneficios llegaran a la mayoría de los mexicanos.
En ese proceso, continuó la concentración de la riqueza; de tal manera que al terminar la primera década del siglo XXI el 10 por ciento de la población más favorecida concentraba el 60 por ciento de la riqueza nacional, en tanto que el 40 por ciento de la población más pobre solamente tenía acceso al 8 por ciento. A partir de ese tiempo, la pobreza afectó a más de la mitad de los mexicanos y la pobreza extrema acosa a casi el 10 por ciento de nuestra población.
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Por supuesto, revertir esas condiciones no va a ser tarea fácil ni de tiempos cortos. Hacen falta acciones estructurales de largo alcance y esa es la propuesta de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, un día había que empezar y el cambio hacendario es un paso importante. Por eso mismo, es válido destacar que el presupuesto federal para el año entrante tiene un mayor contenido redistributivo que en otras ocasiones.
En el presupuesto federal para el 2022 abundan los números y, por eso mismo, no es necesario repetirlos aquí. Baste decir que la cantidad destinada a la protección social es del orden de un billón 477 mil millones de pesos. El gasto neto para el año próximo es del orden de los 7.8 billones de pesos; es decir, un 8.6 por ciento más que el de 2021.
En 2021, el gasto en salud fue de 145 mil 414 millones, en tanto que en 2022 será de 192 mil 368 millones. El incremento es de un 27 por ciento. Por su parte, la Secretaría del Bienestar –la instancia encargada de los programas sociales— ejercerá la suma de 296 mil 838 millones, un 48 por ciento más que de 2021 que es de 190 mil millones. Se destaca también la atención a los adultos mayores, con 238 mil millones, es decir, 69 por ciento más que en el año 2021.
Los números reflejan un esfuerzo. También indican que el gobierno de López Obrador pretende revertir la desigualdad en el país con el recurso del gasto público entre otras acciones de gobierno. Por supuesto, éste es solamente un paso, pero lo importante es comenzar. Los mexicanos menos favorecidos por el desarrollo económico y social no pueden esperar y el gobierno no puede permitir que se desesperen.
El presupuesto para el próximo año tiene esencias progresivas. La reflexión sobre los pasos siguientes debe continuar.