En realidad, no es un asunto solamente de palabras: ojalá fuera eso. Lo que sucede es que en México hay un debate sobre el futuro de los energéticos y mi opinión es clara: es necesaria la aprobación de las nuevas leyes relacionadas con la energía en el país y en especial la que se relaciona con la producción de electricidad.
La reforma constitucional pretende recuperar la hegemonía de la República sobre los energéticos, sin poner fin —como se sostiene de manera incorrecta— a la participación del sector privado en las actividades de producción.
La intención de la nueva reforma constitucional es clara: que la política energética sea presidida por los intereses sociales y no por las razones del mercado. La reforma que se propone está en clave social y es parte del esfuerzo por separar lo público de lo privado, con la finalidad de que predomine el interés de los mexicanos.
Por mi parte, yo soy de Chiapas y el asunto de los energéticos está más cercano a mi persona en relación con otros protagonistas. Mi estado es un generador natural de energías limpias, con un 40 por ciento de la energía hidro-eléctrica del país.
Es el primer productor de fluido eléctrico por agua, con más del 40 por ciento del total en el territorio mexicano. También somos el tercer lugar en producción de petróleo, con 25 mil barriles diarios, y ocupamos el sexto sitio en la producción de gas natural asociado. Por eso nos interesa tanto la nueva legislación al respecto.
Para generar energía en Chiapas se requiere de una acción de Estado, lo mismo que para distribuirla y para mantener un precio adecuado a las capacidades de los chiapanecos. La producción, en este caso hidro-eléctrica, en el territorio de Chiapas ha tenido y tiene un alto costo en sí mismo. Por ejemplo, se han inundado más de 400 mil hectáreas de tierras ribereñas y esta acción ha tenido un alto costo para los chiapanecos. Así, las inversiones para generar electricidad han sido y deben ser muy cuantiosas, lo que solamente puede provenir, por ahora, de las instituciones de la Nación.
Es difícil encontrar empresas privadas que pudieran hacer un desembolso de la magnitud de lo ya invertido por el país en Chiapas. Por otra parte, una empresa que gira alrededor de las ganancias no podría mantener su oferta a los precios que requiere la población chiapaneca. Como si lo anterior no bastara, en nuestra entidad existen más de 60 mil comunidades dispersas, que no ofrecen una demanda atractiva que se relacione con la obtención de ganancias. En Chiapas, la rentabilidad para el sector privado en este renglón económico es baja en extremo.
Por eso mismo, buena parte de los chiapanecos comparte la idea de que es necesario fortalecer el dominio de las instituciones nacionales en relación con la generación y la distribución de los energéticos y de las energías. El Estado debe asumir la política de producir más energía y de construir un esquema nacional de energías cada vez menos contaminantes. Debe también mantener el control sobre la conducción y la comercialización o la asignación social de la energía.
En Chiapas, en materia de electricidad, queremos tener un solo interlocutor y éste debe ser la Comisión Federal de Electricidad. Con la CFE tenemos la cercanía física que se requiere y, cuando sea necesario, también podemos pedirle cuentas. En mi opinión, dejar la responsabilidad a las instituciones no significa ningún papel en blanco firmado: la legislación que se propone, también permite un esquema mejor para la rendición de cuentas.