Por la retórica presidencial en torno a los señalamientos de corrupción de administraciones anteriores, incluida la fallida consulta para investigar presuntos ilícitos en las conductas de quienes desempeñaron la titularidad de la presidencia de la República durante los cinco períodos precedentes, el Ejecutivo de la Unión ha visto deteriorada gravemente su credibilidad y su autoridad para hablar de esos temas por las revelaciones sobre el estilo y el tren de vida de su hijo José Ramón López Beltrán y su nuera Carolyn Adams en Houston.
Otras denuncias de corrupción en el actual período presidencial no generaron el mismo efecto. No ocurrió con el patrimonio inmobiliario de Manuel Bartlett Díaz, las entregas de dinero en efectivo para la causa a Pío López Obrador o la danza de los millones del fideicomiso de Morena para los damnificados de los sismos del 2017 con los recursos de financiamiento de la campaña del 2018. La razón parece clara, no se trata de colaboradores, partidarios o incluso parientes sin mayor relevancia en los asuntos públicos, sino del hijo del presidente de la República.
Y aquí no basta el deslinde del primer año de gobierno, donde el Ejecutivo Federal expresó que sólo respondía por su hijo menor de edad, en virtud de esa circunstancia.
Con el presidente Andrés Manuel López Obrador un problema recurrente es su autocalificación como sujeto cuyas prendas morales y comportamiento ético lo colocan por encima de la ley. En una vertiente, confunde su persona con el gobierno y la nación misma, y reclama las críticas a su gestión como un ataque personal y un intento por impedir que ejerza el poder con base en designios autogenerados por una transformación ayuna de conceptos. Y en otra se olvida que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, que no es otra cuestión sino quedar sometido al imperio de las normas jurídicas.
En las denuncias periodísticas y las solicitudes de investigación que se han realizado sobre las evidentes manifestaciones de riqueza del hijo del presidente y su esposa, y cuyo preámbulo es carecer de elementos previos para explicarlas, hay un componente de responsabilidad administrativa del Ejecutivo Federal que demanda atención. Enseguida me explico.
Pero antes, vale insistir en que debe establecerse —por razones de interés público— (i) si la pareja López Beltrán-Adams tiene ingresos mayores —al menos— a los diez mil dólares mensuales y de qué fuente provienen; (ii) si la nuera del Ejecutivo Federal realiza tareas de vinculación, gestión o representación informal de empresas petroleras ante Petróleos Mexicanos, habida cuenta sus antecedentes profesionales; (iii) si el otrora funcionario de Baker Hughes, Keith L. Schilling, sabía que rentaba su propiedad en Houston a la nuera del presidente de México o si está sabía el ramo de actividad de su arrendador; (iv) si las condiciones pactadas y las reales del arrendamiento del inmueble por el funcionario de esa empresa estadounidense tienen alguna relación con la revisión y ampliación de los montos de los contratos de prestación de servicios que le otorgó Petróleos Mexicanos en esa época; (v) si las explicaciones del Director General de PEMEX ante el Ejecutivo y del representante de la empresa contratada por la ahora empresa productiva del Estado ante el propio Octavio Romero Oropeza pueden considerarse siquiera, dada su ausencia del método y hasta de información elemental; y (vi) si a la luz de los hechos conocidos, los indicios evidentes y una investigación rigurosa puede colegirse que Baker Hughes fue favorecida indebidamente por el interés de los familiares del presidente de la República.
Regreso a la interrogante sobre la responsabilidad administrativa del Ejecutivo en nuestro régimen constitucional. Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015 se ratificó la sujeción a las responsabilidades públicas de toda persona que desempeñe un cargo de cualquier naturaleza en la estructura de la Federación.
Si bien el presidente de la República disfruta de un régimen propio de inmunidad procesal —aún después de la ampliación de los delitos por los cuales puede ser enjuiciado— para que quien acuse sea la mayoría de la Cámara de Diputados y quien sentencie sea el mínimo de las dos terceras partes del Senado, está vinculado “a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley” (artículo 108 constitucional).
El cargo de máximo mandatario ejecutivo de la nación no lo exime de cumplir esas obligaciones. En parte, por ello no deja de sorprender la escasa noción que ha mostrado sobre el concepto del conflicto de interés, al cual la Ley General de Responsabilidades Administrativas entiende como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
Como servidor público, el Ejecutivo de la Unión está obligado a dar cuenta de los intereses que pueden entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, y para ello ha de presentar su declaración de intereses o eventuales vínculos personales, familiares o de negocios que pudieran afectar su actuación en perjuicio de los intereses públicos. En ese sentido, el artículo 47 de la ley invocada dispone que “la declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuando éstos entran en conflicto con su función”.
Esta declaración es, desde luego, dinámica y debe presentarse al iniciar el desempeño del cargo, junto con la declaración de situación patrimonial, y actualizarse cada año. Todo indicaría que si José Ramón López Beltrán y su cónyuge no se habían mudado a Houston ni trabajaban u obtenían ingresos en ese país al iniciarse la gestión lopezobradorista, durante 2019 cambió esa situación. En tal virtud, toda vez que el hijo del Ejecutivo ingresó a prestar servicios jurídicos a la empresa KEI Partners en 2019 y ésta se halla vinculada al Grupo Vidanta y su principal accionista, David Chávez Morán, miembro del Consejo Económico Asesor presidencial e importante contratista el concesionario del Gobierno Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador debió señalar en sus declaraciones de 2020 y 2021 el interés derivado de que su hijo colaborara con empresas y personas que potencialmente generan un conflicto para el desempeño de las funciones a su cargo.
¿Cuáles son las interrogantes? ¿Formuló el Ejecutivo sus correspondientes declaraciones de interés en 2019 y sus actualizaciones en 2020 y 2021? ¿Qué dicen, en caso de haberse presentado, esas declaraciones? ¿Se autorizó por el Ejecutivo dar a conocer la versión pública de las mismas? De la consulta a la Plataforma Nacional Digital de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción aparece que en la declaración de 2021 el presidente la República no expresó ningún tipo de conflicto de interés, pese a que ahora se sabe que su hijo se ha beneficiado de empresas que contratan con el gobierno.
¿Se cumplió lo ordenado por la ley? ¿Se hizo expreso el interés derivado de las actividades de su hijo y su nuera ahora expuestas? Si quien aduce que no hay nada relevante que el Ejecutivo no conozca ni autorice, debe dudarse que ignorara la situación de sus familiares y sin las declaraciones de intereses la realidad es de opacidad.