Todas las legislaciones son perfectibles. La excepción la constituyen los libros sagrados o los dictados de los gobiernos de fuerza. En este caso, la reforma que propone el Poder Ejecutivo Mexicano es un documento para examinar, para dialogar y para construir los acuerdos que el país necesita.
La reforma que propone el Presidente López Obrador intenta dar un nuevo paso para la democracia en México. En ese orden, voy a referirme solo a dos puntos que considero esenciales en la propuesta presidencial. Por supuesto, todos sus componentes son importantes y constituyen el material por excelencia para un debate pensando en el interés nacional. Este interés no es ninguna abstracción, sino las aspiraciones de los mexicanos concretos: los mexicanos de carne y hueso.
En primer lugar, tenemos el tema de la conformación del INE, que pasaría a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Esta conformación hasta ahora, y sin aplicarle ningún calificativo, ha sido de méritos, reales o supuestos, que no siempre se corresponden con los grandes grupos de mexicanos. Así, es necesario realizar un cambio, en el que cuente la mayoría de los mexicanos.
Por supuesto, para ser aspirante a un puesto directivo dentro del INE (el INEC), se deberá reunir varios requisitos, como la formación académica y un conocimiento demostrado y demostrable de los asuntos relacionados con el proceso electoral. Serán mexicanos selectos y con el apoyo de los ciudadanos otorgado mediante el voto libre y secreto. Los mexicanos podrán escoger a los integrantes directivos del INEC tras debates públicos en los que las mujeres y hombres interesados puedan transmitir sus preguntas a los candidatos.
Hoy, el INE, sin ánimo de adjetivar ni calificar, parece una junta de notables. Parece y, de alguna manera, lo es. Por eso mismo, se necesita un cambio que ciudadanice al Instituto, que debe ser uno de los ejes de la democracia a que los mexicanos aspiramos en este tiempo axial de desafíos. Los ciudadanos de todo el país sentirían al INEC cómo más propio y sus opiniones y decisiones más y mejor consensadas.
El otro punto que me propongo examinar, es la de los órganos de las entidades federativas para operar los procesos electorales: los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES). Estos organismos están a cargo de los procesos de elección en todas las entidades federativas y, como se ha visto, no tienen mayor autonomía que la que tiene a bien concederle el gobernador respectivo. Es decir, la independencia de los OPLES es prácticamente simbólica. Como también es de suponerse, la generalidad de los gobernadores pretenden el control de las elecciones y ahí la autonomía de la instancia electoral de las entidades federativas hace agua.
Es natural que se den esas circunstancias, porque un organismo electoral local está, en la mayor parte de los casos, bajo el mando del gobierno local, puesto que está controlado por los congresos locales cuyo origen y funcionamiento es él mismo. Así, el gobernante del estado designa, directa o indirectamente, a los integrantes del Consejo Estatal y es el factor decisivo cuando se trata de calificar los resultados de los comicios.
Por eso mismo es necesario centralizar los procesos electorales, puesto que, con un órgano nacional legitimado, los arbitrajes en materia electoral se alejan de las manipulaciones por parte de otros poderes, formales o fácticos, de las entidades federativas. Un gobernador puede obligar al OPLE a actuar en determinadas formas y sentidos, pero no a una instancia federal. También es importante la reducción de los costos operativos de los procesos electorales al evitar la duplicidad de instancias haciendo el mismo trabajo.
Finalmente, un INEC ciudadanizado podrá tener una mayor especialización ante las tareas que impone la nueva realidad política del país. Podrá cubrir mejor, por ejemplo, las consultas populares que también son perfectibles y serán el eje de la democracia participativa en el futuro.
@Bonifaz49