¡ABANDONADO! así está el sistema educativo en nuestro país. Nuestras niñas, niños y jóvenes se encuentran en el olvido. La situación en la que actualmente se encuentra el sistema educativo en nuestro país es grave y el desdén gubernamental es verdaderamente aterrador. Y lo más lamentable de todo es que la auto llamada 4T, no tiene intención de modificar o revertir esto, al contrario se ha empeñado en que las ya de por si alarmantes cifras se recrudezcan. Al gobierno federal, la crisis educativa poco le importa, no tiene intención de atender el abandono escolar, o mejorar la infraestructura de las escuelas, mucho menos ampliar las jornadas escolares o incorporar los servicios de alimentación adecuados.

Actualmente el rezago escolar se mide entre 2 o 3 ciclos escolares, es decir, de 2 a 3 años ¿qué significa? que un niño de tercero de primaria no sabe leer ni escribir. Y a esto se suma la enorme deserción escolar. Por ello es urgente que este gobierno deje de usar a la Secretaría de Educación Pública como una suerte de moneda de cambio político y que la nueva titular: Leticia Ramírez atienda de manera frontal y directa el rezago generado por la pandemia de COVID-19.

Es urgente que la nueva titular de la SEP se aboque a combatir de manera simultánea la deserción escolar e implementar medidas que permitan a las personas retomar y culminar sus estudios. Presentar un nuevo plan y programa de estudios a dos semanas de iniciar el ciclo escolar 2022-2023 es además de irresponsable, un obstáculo para que las autoridades educativas atiendan, en primer lugar, el rezago académico que profundizó la pandemia de COVID-19. Es una improvisación más en materia educativa, y un reflejo de lo poco importante que para este gobierno es el tema educativo. 

En un país como México, en el que según datos de UNICEF, al año 2016 aún teníamos 4 millones de niñas, niños y jóvenes de entre 3 y 17 años de edad, fuera de las escuelas, el debate sobré si este derecho se encuentra en riesgo cobra una especial vigencia. Lamentablemente estas cifras se incrementaron derivado de la crisis mundial producida por la COVID-19 y el aislamiento. En términos de lo que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la educación es un bien básico indispensable para la formación de autonomía personal, razón por la cual debe ser obligatoria, universal y gratuita.

En nuestro ordenamiento jurídico, su contenido se desprende el artículo 3o. constitucional, sin embargo se nutre de numerosos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (Artículos 13 y 16), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 28 y 29) ¿Cómo dotar de contenido el derecho? Debemos acudir a lo previsto sí por las disposiciones normativas, pero sobre todo a la interpretación de las mismas que realizan los tribunales nacionales e internacionales, así como los intérpretes autorizados que se dan a la tarea de fijar sus alcances.

En la protección del derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación se debe tener presente además del interés superior de la niñez, el respeto a la igualdad y no discriminación, su derecho a ser escuchados y a la participación significativa y protagónica, el principio de autonomía progresiva, la perspectiva de género e intercultural y la protección de la familia de manera destacada.

El llamado es urgente, el tiempo no espera, el próximo lunes 29 de agosto inicia el ciclo escolar 2022-2023, con una de las crisis más graves en materia educativa a las que nos hemos enfrentado en los últimos años. A esto se suma, que la tercera titular del ramo en lo que va del sexenio: Leticia Ramírez, es una persona cuyo único talento es ser incondicional de Andrés Manuel Lopez Obrador y tenemos además un nuevo plan y programa de estudios. La nueva titular de la SEP, deberá hacer frente a los enormes daños a la salud emocional de las niñas, niños y adolescentes resultado de la pandemia y el encierro; a la pérdida de aprendizajes y al abandono escolar (cuyas cifras ni siquiera conocemos a ciencia cierta). Además, las escuelas que recibirán a las niñas, niños y adolescentes a partir del lunes 29 de agosto, lo harán sin protocolos de salud obligatorios, sin insumos para la prevención y con la población infantil sin estar vacunada.

La secretaria saliente, Delfina Gomez (cuyo desempeño al frente de la SEP fue decepcionante) exhortó a los padres y madres de familia para que sus hijos e hijas acudan de manera presencial a las escuelas; sin embargo, todavía no existe estrategia alguna para recuperar los aprendizajes que perdieron niños, niñas y jóvenes durante los más de 17 meses que estuvieron cerradas las escuelas en nuestro país.

En términos de derechos humanos la progresividad y no regresividad significa: “Ni un paso atrás”, esto es, la progresiva efectividad sustentada en la implementación de medidas que busquen, en última instancia, el pleno goce. ¿Qué tipo de medidas? Presupuestarias, normativas, políticas, materiales, o de cualquier índole. Para cualquier retroceso deberá recaer una justificación por parte del Estado. Adicionalmente, debemos tener presente que cualquier política pública que vaya a ser implementada, con independencia del nivel u orden de gobierno debe planearse y ejecutarse con una verdadera perspectiva de derechos humanos. Y en materia educativa lo que ha imperado en lo que va de esta administración es la falta de planeación, la regresión en las medias y la falta de atención.

Han desaparecido programas que venían funcionando adecuadamente y que beneficiaban a los más necesitados, como el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. A esto se suma el terrible sub ejerciciopresupuestario (por ejemplo en el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial -PFSEE- solamente ejerció 2.2 millones de pesos de los 433 millones que tenía autorizados para el periodo enero-mayo), las políticas clientelares, los pactos cupulares y la transferencia de responsabilidades a las familias y comunidades en general. Hasta el momento, quienes han estado al frente de la SEP han sido incapaces de atender de manera decidida, adecuada y estructurada el derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Es triste, pero lo cierto es que nuestro gobierno federal le ha dado nula importancia al derecho humano a la educación de la niñez mexicana.

Rumbo al inicio de este ciclo escolar, la mayoría de los maestros recibirá un grupo nuevo, lo que implica trabajar desde cero en el diagnóstico e identificación del rezago. De ahí que resulte tan preocupante que la SEP realice acciones que si bien pudieran resultar benéficas, sin una planeación, lo único que provocan es un desgaste innecesario y un profundo malestar entre el estudiantado, tal y como ocurrió con la innecesaria prolongación del final del ciclo escolar 2021-2022 que se decidió de último momento y sin estrategia alguna  para recuperar, nivelar y/o  reforzar los aprendizajes.

Es urgente que las autoridades educativas brinden formación a las y los docentes para que, en el primer trimestre del ciclo escolar 2022-2023 logren la recuperación de aprendizajes de las y los estudiantes, pero para eso se necesita de una estrategia clara y bien estructurada que les sirva de guía y sobretodo que les brinde las herramientas necesarias, de lo contrario, seguiremos como hasta ahora lo hemos hecho, simulando que hay aprendizaje y todo a costa del derecho a aprender de nuestras niñas, niños y jóvenes.

El derecho a la educación se verá siempre relacionado con un sin número de derechos. Y las afectaciones a este derecho pueden tener implicaciones destacadas principalmente hablando de personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo por tener una discapacidad, formar parte de algún pueblo o comunidad indígena, entre otros casos. Pero también, a través del contenido que se imparte en las aulas se pudieren generar afectaciones a diversos derechos, entre otros, al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de religión y conciencia, o a la vida privada o familiar. Asimismo, durante el tiempo que pasan los alumnos en las escuelas, deben garantizarse derechos a la salud, a la educación física, culturales, la alimentación y al agua. De todo esto se desprende que la relación generada entre el Estado y la niñez, a partir de la garantía del derecho a la educación, es sumamente compleja. Y por ende la responsabilidad es mayúscula. De ahí que el compromiso con la educación debe ser prioritario.

Después de dos titulares de la SEP, es evidente que el derecho a la educación actualmente se encuentra asechado por la incertidumbre derivada del choque de ideologías y fuerzas políticas. En esa medida, pudieren venir tiempos difíciles para su defensa, y vaya, que en este país nunca han sido fáciles. Debemos estar vigilantes de los efectos que pudieren tener las propuestas planteadas.

Tenemos que exigir avances y no retrocesos, ahí está el principio de progresividad claramente expresado en nuestro artículo primero constitucional; en materia educativa “ni un paso atrás”. La nueva titular de la SEP debe presentar a la brevedad su propio plan de trabajo y delimitar sus prioridades. Esperemos que este a la altura de lo que nuestras niñas, niños y adolescentes necesitan. El costo de seguir perdiendo generaciones de mexicanos por el abandono gubernamental al sistema educativo es verdaderamente criminal. La nueva titular de la SEP debe asumir el compromiso con el futuro de la niñez mexicana. Hace falta voluntad política para reconocer y enfrentar la emergencia educativa que estamos viviendo.